El bombero pirómano, un CEO de ciberseguridad que lanzaba ataques a sitios Web

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Se llama Tuckcher Preston y con solo 22 años, era el CEO de una compañía de ciberseguridad llamada BackConnect Security LLC. Pese a formar parte de los “buenos” había desarrollado la costumbre de secuestrar direcciones de Internet que no eran suyas, supuestamente para proteger a sus clientes. Pero no era así. Preston no era ninguna perla.

Sus actividades delictivas se iniciaron en el año 2016, cuando se comenzó a sospechar que BackConnect Security, tenía por costumbre lanzar ataques de denegación de servicio con el fin de ofrecer a los administradores de sitios webs sus servicios de protección contra esta practica.

Tucker Preston, el “bombero pirómano” de la ciberseguridad, inició sus actividades en el 2016, su especialidad eran los ataques DDos

Tucker Preston, ha sido considerado culpable de un cargo de “daño a sistemas informáticos protegidos mediante el uso de un programa, código o comando”. Un ataque DDos consiste en saturar una página web utilizando de forma que sea inaccesible a sus usuarios legítimos. Se pierde la conectividad con la red por el consumo altísimo del ancho de banda o sobrecarga de la utilización de recursos del sistema. Él mismo se ha declarado culpable de contratar una plataforma de denegación de servicio. Lo hacía para secuestrar el espacio de direcciones de Internet (DDoS) y así lanzar ataques a diversos sitios web, según informa Krebonsecurity.

Fue Krebsonsecurity quien denunció estas prácticas. Las autoridades cerraron vDOS, que en aquel tiemoo era el servicio de alquiler de ataques DDoS más importante del mundo. Los administradores de vDOS fueron arrestados y se expuso una base de datos con toda la información que hacía posible las operaciones de esta plataforma ilícita, incluyendo los datos de sus usuarios, entre ellos Preston, quien entonces tenía sólo 19 años.  

El juzgado que lleva el caso dictará sentencia definitiva el próximo 7 de mayo. El “bombero pirómano” de la ciberseguridad se enfrenta a una condena de hasta 10 años de cárcel por el delito cometido, amén de una multa de hasta 250.000 dólares. También puede tener que pagar, si el juez así lo decide, el doble de lo obtenido mediante sus ganancias ilícitas.