El whistleblowing: los “chivatos” dejan de estar mal vistos en las empresas

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chivato whisteblower

Ana R. es empleada temporal en una productora de un programa de televisión que trabaja para una importante cadena. Tiene que buscar fotos y música donde sea para montar los vídeos de una programa de entretenimiento. El jefe de producción le han dicho que los saque de donde sea, que lo robe todo si hace falta. Sospecha que no es solo para ganar tiempo, sino también para ahorrar un dinero que irá a parar a manos de una de las personas que le está dando la orden. Se niegan a darle las instrucciones por escrito. Y si pasa algo la responsable será ella. Tiene contrato por obra y obedece por miedo a quedarse en la calle. Está prohibido utilizar imágenes y audios sin tener derechos. Al accionariado de la productora, y también a la propia cadena, le convendría saber lo que está ocurriendo para evitar importantes multas por parte de la SGAE, así como los propietarios de los derechos de las imágenes. Ana se calla, pero si tuviera a mano un canal para informar de forma anónima de lo que está ocurriendo, estaría mucho más tranquila. Ana y su empresa necesitan whistleblowing.

Samuel Rodríquez es copropietario y socio de varios supermercados situados en distintos barrios. Han tenido que transcurrir veinte años para tener certeza de que uno de sus encargados le estaba robando. Lo sospechaba, pero no tenía pruebas porque no se había implantado el whistleblowing. Llegó incluso a contratar a un detective que no pudo demostrar la culpabilidad del encargado, pero sí de algunas cajeras. Pasaban una botella de whisky, y otra no, y el cliente no se enteraba. Una se la quedaban para ellas y la vendían posteriormente a los bares. Lo peor fue descubrir que en uno de los supermercados estaban compinchados con una cafetería de enfrente. Así describe sus sentimientos a Escudo Digital: “Te sienten defraudado, decepcionado, con ganas de mandarlo todo al carajo… Y te preguntas por qué nadie me avisó a tiempo. Porque tenía empleados honrados, que solo me contaban lo que había ocurrido cuando ya estaban fuera de la empresa. Tenían miedo a represalias de los encargados o de sus propios compañeros. O quién sabe, a lo mejor temían que les llamaran chivatos. Ojalá hubiera existido entonces el whisteblowing”

La palabra whistleblowing se ha convertido en el término de moda en el ámbito laboral. El pasado 9 de octubre el Consejo de la Unión Europea aprobaba la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de los trabajadores que informen sobre infracciones del Derecho en los Estados miembros. Deberá ser transferida a los Estados miembros en dos años. Una de las medidas principales es la obligación de incorporar canales de denuncia en las empresas de 50 o más trabajadores y a las entidades públicas, salvo los ayuntamientos con menos de 10.000 habitantes. Ya es obligatoria en 15 países de la Unión, en España aún no lo era, pero en Google ya hay anuncios de sistemas para ponerlo en práctica, y muchos empresarios que han adoptado este sistema de gestión están muy satisfechos con sus resultados. El término proviene de dos palabras en inglés “blow” (soplar) y “whistle” (silbato), y alude al silbido de los policías cuando alertaban de una actuación delictiva. En castellano solo puede traducirse, de momento, por chivarse. Y eso no es bueno, como veremos más adelante.

Una directiva que protege a los empleados y a las empresas

La directiva , que puede ser consultada en este enlace pretende mejorar los cauces y procedimientos internos confidenciales de denuncia de infracciones de derecho de la Unión así como su tramitación. Además, como afirma La Razón en un artículo, “protege a los empleados, socios, becarios, autónomos, proveedores o clientes actuales o pasados de una empresa o institución que denuncien un hecho fraudulento, que estarán blindados ante una suspensión, despido, destitución, degradación o denegación de ascenso. Tampoco se les podrán modificar las condiciones de trabajo como lugar, puesto, horario o salario, denegar formación, evaluar negativamente, imponer medidas disciplinarias, coaccionar, intimidar, acosar o discriminar. Incluso en el caso de tener un contrato temporal, se entenderá como protección la obligatoriedad de convertirlo en indefinido, prohibiendo la no renovación o finalización anticipada de la relación laboral. En el caso de ser cliente o proveedor, la protección del denunciante prohíbe los daños, incluidos los reputacionales, o pérdidas económicas, de negocio o de ingresos, así como la inclusión en «listas negras», la cancelación de contratos, licencias o permisos y la divulgación de datos médicos o psiquiátricos”. El artículo de La Razón se titula “Las empresas se preparan para proteger a los «chivatos»”.

Pero aunque no haya otra traducción, hay que luchar contra ese término, afirma David Cortijo, abogado experto en Compliance y Ciberdelitos de Dacor Intelligence. Así lo ha explicado a Escudo Digital: “Hay que dejar de llamar chivatos a las personas que denuncien conductas delictivas. La palabra “chivatazo” conlleva una connotación negativa que disuade a los empleados y terceros interesados en realizar denuncias o comunicaciones”.

Existe una necesidad de que la dirección de la empresa “confíe en los canales de denuncia como una herramienta para ayudar al buen funcionamiento de las empresas y a la lucha contra la delincuencia interna, y no como una herramienta que transmite desconfianza y se considera como un peligro para ellos mismos”, señala David Cortijo, quien añade: “Hay que impulsar la cultura de la transparencia y el cumplimiento normativo, de arriba abajo”.

El miedo es libre y siempre seguirá existiendo, pese al whistleblowing

Y es que, como la propia normativa describe, se está hablando de la protección de sectores que atañen a la seguridad de toda la Unión Europea, desde el tratamiento de residuos en centrales nucleares, la seguridad en el transporte, la financiación del terrorismo, el blanqueo de capitales, la protección del consumidor y por supuesto, la denuncia de delitos, como en los dos casos que hemos puesto como ejemplo. En Estados Unidos incluso se establecen recompensas para las personas que ejercen el whistleblowing.

¿Qué ocurre cuando las denuncias perjudican a la propia empresa? Fuentes del servicio de Información al Ciudadano del Ministerio de Trabajo han comentado a Escudo Digital que no las tienen todas consigo de que puedan acabar con comportamientos que vulneran los derechos fundamentales del individuo y la legislación laboral: “Hay mucho miedo. Nos llama gente diciéndonos que desde que empezó a operar la normativa sobre horas extras, hay empresas que les obligan a sus trabajadores a firmar un papel en blanco, y luego rellenan ellos mediante un excel el número de horas, que es muy inferior al que han llevado a cabo. Es una irregularidad tremenda y un fraude a la seguridad social pero dudo mucho de que nadie se atreva a denunciarla en el seno de la propia empresa cuando no se atreven a hacerlo ante la inspección de trabajo. El miedo seguirá existiendo”. ¿Y quién se atreve a ser el “chivato”?