Repercusiones del caso Villarejo: la CNMV pretende que los consejeros de empresas implicados en casos de corupción dimitan cuanto antes

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Sebastian Albella, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
Sebastian Albella, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores

El pasado mes de noviembre la CNMV emitía un comunicado en el que manifestaba su preocupación por los casos de presuntas prácticas de corrupción en sociedades cotizadas, en un contexto en el que compañías como el BBVA se habían visto tocadas por el caso Villarejo, juzgado en la Audiencia Nacional. El caso Villarejo podría llegar a afectar a la reputación y al buen gobierno de muchas empresas del IBEX que contrataron al polémico comisario.

El supervisor decidió que iba a revistar sus políticas y procedimientos de compliance y ya lo ha hecho. Acaba de organizar una consulta pública que se inició este miércoles y proseguirá hasta el 14 de febrero. El fin de cambiar algunas de las recomendaciones del Código de Buen Gobierno de febrero de 2015 para dotarlas de una mayor claridad o adaptarlas a los nuevos cambios legales, como pueden ser la necesidad de elevar incluso hasta el 40% el número de mujeres que forman parte de los consejos de las compañías cotizadas, un 10% por encima del objetivo inicial. El número de mujeres ejecutivas en la CNMV no es precisamente ejemplarizante, sino muy bajo, solo un 4,9%. Sebastián Albella pretende cambiar esta situación y lograr que aumente el número de mujeres en los puestos de mayor responsabilidad.

El caso Villarejo ha provocado que la CNMV intente modificar el punto 22 del Código de Buen Gobierno ante casos de corrupción

Pero los cambios se van a centrar en la corrupción, se pretende modificar la recomendación del punto número 22 del código de buen gobierno para que el consejo pueda examinar lo antes posible determinadas situaciones que puedan afectar al consejero de una sociedad cotizada, ya estén relacionadas o no con su actuación en la sociedad. Y en este ámbito e incluyen los casos de corrupción.

Se trata de proponer su cese o solicitar su dimisión “cuanto antes” y sin esperar a que el consejero en cuestión sea procesado o se dicte contra él la apertura de juicio oral por un delito societario, como recomendaba hasta ahora. El caso es que no haya que esperar a que el consejero sea procesado o tenga lugar la apertura del juicio oral. Entre las actuaciones se llega a mencionar la solicitud de dimisión del consejero afectado. Y en este tipo de situaciones, el caso de corrupción no tiene porque estar forzosamente relacionado con la sociedad. Entre las novedades sometidas a consulta pública se incluye también el reforzamiento de las competencias de la comisión de auditoria. Se le atribuyen los sistemas de control y gestión de los riesgos no financieros, incluida la corrupción.

También se verán afectadas las indemnizaciones y se dará una vuelta a la número 64 con el fin de prever que, entre los pagos por extinción contractual a tener en cuenta a efectos del límite de dos años de remuneración, se puedan incluir también las cantidades devengadas como resulta de la extinción por pactos de no competencia, sistemas de pensiones y otras, como ha detallado el diario Expansión.