Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: nuevas reglas para evitar multas por parte del Sepblac

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La Entidad Nacional de Acreditación (Enac) ha elaborado un nuevo esquema normativo que permite a los expertos externos en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo poder demostrar su competencia e independencia y se evite así la imposición de cuantiosas multas a las empresas que los contratan por parte del Sepblac, la unidad de inteligencia financiera del Gobierno.

La Ley exige que las medidas de control interno adoptadas en las compañías de diversos sectores, desde el bancario, al de las promotoras inmobiliarias, asesores fiscales o abogados, sean objeto de examen a través de una auditoria anual realizada por un experto externo e independiente.

Las empresas deben encomendar la realización de este examen externo a personas que reúnan condiciones académicas y de experiencia profesional que las hagan idóneas para el desempeño de la función, pero la Ley no especifica cuáles deben ser éstos requisitos ni contempla ningún mecanismo fiable e independiente sobre la competencia del experto al que se contrata.

De este modo, las compañías corren el riesgo de que el examen requerido no se realice de acuerdo con lo establecido reglamentariamente o muestre unos niveles de calidad muy deficientes, que podría conllevar la imposición de cuantiosas multas cuando el informe es objeto de revisión por el Sepblac.

Esta situación genera “un alto nivel de inseguridad” en el mercado y el enfrentamiento, por parte de las empresas obligadas a contratar a un experto externo, a tomar una decisión con riesgo reputacional y económico.

En este sentido, la Asociación Española de Compliance (Ascom) y el Instituto de Expertos Externos en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (Inblac) decidieron solicitar a Enac la elaboración de un esquema de acreditación que permitiese a los expertos externos poder demostrar su competencia e independencia aportando, así, confianza al mercado y aumentando la seguridad jurídica de los sujetos obligados.

Los trabajos, en los que han participado diferentes partes interesadas, han culminado en la aprobación de un documento que reúne una serie de criterios específicos de acreditación que adaptan los establecidos en la norma UNE-EN ISO/IEC 17020 de referencia en el sector.