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¿A dónde va a parar la información privada que recaba el Estado por el coronavirus?

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Lo analizaba recientemente en un post de Panda Security uno de sus expertos. La crisis del coronavirus ha planteado un antes y un después en la forma en la que millones de personas se relacionan con la tecnología. Hasta hace poco más de un mes, la mitad de los abuelos de medio mundo no sabían hacer una videollamada por whatsapp y un porcentaje similar de trabajadores jamás se había planteado mantener una “videocall” mientras manejaba documentos en la nube. Ahora ya se puede decir que el Covid-19 ha provocado también la digitalización de muchísimas empresas y personas en todo el planeta.

No obstante, conviene tener en cuenta que la digitalizaciónes un arma de doble filo. Está claro que se trata de un proceso disruptivo enel que se generan grandes oportunidades, pero también deja una infinidad depuertas traseras entreabiertas.

Es el caso de nuestra información personal, como individuos,y su tratamiento por parte de los Gobiernos. Los dirigentes políticos aseguranque necesitan la mayor cantidad de datos posibles para hacer frente a la crisisy la sociedad debe confiar en la forma en la que están tratándolos. Aun así, nose debe olvidar que esa confianza no debe ser un cheque en blanco. La historianos ha demostrado que los estados que lo saben todo sobre sus ciudadanos hansido los más totalitarios y letales con los Derechos Humanos. La cienciaficción también nos ha hecho pensar en mundos distópicos en los que nadie puedeescapar al escrutinio de sus dirigentes y no al revés.

En este sentido, según informa en su web la ONG Human RightsWatch, en la actualidad hay constancia de que, al menos, 24 países estánmonitorizando y siguiendo la ubicación de las telecomunicaciones. Entre ellos,el nuestro. También hay 14 países que utilizan aplicaciones para controlar cómollevan a cabo la cuarentena sus ciudadanos.

Es decir, hay al menos 38 países que han avanzado hacia unadirección que podría derivar en Estados que lo saben todo sobre sus ciudadanos,o al menos, que tengan una información sensible sobre cada individuo.

De momento, no sabemos qué uso se le va a dar a lainformación que están recopilando. Tampoco tenemos claro cómo se recoge, nicómo se envía. A su vez, tampoco sabemos si todos esos datos viajan cifrados,ni dónde se guardan, ni cuánto tiempo permanecen almacenados. De hecho, por nosaber, ni siquiera sabemos si toda la información personal se trata de formaanónima. ¿Tenemos la certeza de que, una vez acabe esta situación, se destruirá?

En línea con lo que han hecho otros países, como Corea yChina, la Comunidad de Madrid ya ha lanzado una app para saber dónde seencuentra las personas suscritas, con el fin de ofrecer medidas de evaluaciónen cada momento. Por otro lado, en la web de la app se menciona que los datosde localización podrían usarse con “finalidades estadísticas; parainvestigación biomédica, científica o histórica”.

El Gobierno central también ha abierto la puerta a que selance una aplicación similar para toda España. En este caso, no sabemos si segeolocalizarán los dispositivos, aunque lo sensato es pensar que si sufinalidad es saber si alguien en cuarentena o enfermo de coronavirus ha roto suaislamiento, se monitorizará la situación física de los dispositivos y, portanto, a las personas.

Los gobiernos podrían vender la información a terceros

Si los Estados no dan un uso responsable a toda estainformación, se nos plantea un futuro distópico, en el que los Derechos Humanostendrán poco que ver con la percepción que tenemos de ellos ahora. Sin embargo,lo que no se había planteado nunca la ciencia ficción es que los cómplices deesos potenciales y maléficos gobernantes, “controladores” de lo que hacen susciudadanos, fueran empresas privadas que les comprarían esos datos.

Sin embargo, la realidad es que grandes empresas comobancos, aseguradoras, grandes cadenas de almacenes, podrían comprar toda esainformación a la Administración Pública para analizar las necesidades demovilidad. De hecho, en la actualidad estas compañías son los grandes abonadosde las operadoras de telecomunicaciones que adquieren cantidades ingentes dedatos de forma anónima.

Para que esta transacción sea legal, la clave está en elanonimato de los datos. Actualmente, las operadoras que ya venden informaciónno facilitan – supuestamente - ningún dato personal de sus clientes, y tienenque aceptar una serie de pasos que “anonimizan” la información de forma quesolo envían datos no vinculados o asociados a ningún tipo de dato personal.

No obstante, si los Estados ya tienen la información sindesagregar, podrían estar ya traficando con ella en mercados negros o congrupos organizados de hackers con el fin de desestabilizar a otros países osimplemente, para hacer frente a la recesión mundial a la que nos enfrentamos.