La Ley de Secretos Empresariales tiene también efectos directos en los acuerdos de confidencialidad que firman las empresas con empleados y proveedores y en la trazabilidad de los accesos a la información considerada secreta.
La Ley de Secretos Empresariales que entró en vigor a principios de año no solo afecta a grandes empresas, sino también a las Pymes. Todas ellas, sin importar su tamaño, deben adoptar las medidas necesarias para adaptarse a la ley para proteger adecuadamente no solo patentes y los trabajos de investigación empresarial, sino también los datos de los clientes, proveedores, planes comerciales y estudios o estrategias de mercado.
El reto es aún mayor cuando se haoptado por externalizar determinadas áreas o funciones del negocio, unapráctica habitual en la mayor parte de las empresas, pero también cuando sehace un uso intensivo de las nuevas tecnologías.
¿Cuáles son los aspectos que más deben cuidar las empresas? Para el abogado Rafael Ansón Peironcely, especialista en Derecho Mercantil y socio del Bufete Mas y Calvet, son “principalmente, los acuerdos de confidencialidad de los trabajadores, tanto los que ya están en la plantilla como las nuevas incorporaciones, pero también los que se firman con terceros, cuando se externalizan determinadas funciones. Además, deben fijarse mecanismos que faciliten la trazabilidad y seguimiento de los intercambios de información y documentación, con el objetivo de identificar cualquier vulneración de la custodia del secreto empresarial”.
En este sentido, la norma también tiene un impacto en el incremento de la responsabilidad de los administradores y directivos de las empresas. “Ellos son los encargados de constituir el secreto empresarial y también de poner en práctica las medidas razonables para mantenerlo su confidencialidad”, aclara Ansón.
Pero las ventajas son también numerosas. El especialista destaca que esta norma es más eficiente en la persecución de conductas desleales como robo de secretos, copia no autorizada, espionaje económico o incumplimiento de acuerdos de confidencialidad. Y también tiene otro efecto beneficioso en el mercado. “Al ofrecer más seguridad jurídica, esta norma incentiva la creatividad empresarial y la inversión en innovación”.
Una definición más amplia del secreto empresarial
El origen de todo esto es la Ley1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, que entró en vigor el 13de marzo, y traspone la Directiva 2016/943 relativa a la protección de losconocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretoscomerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas.
Dicha ley amplía el objetivo desecreto empresarial, al definirlo como cualquier información o conocimiento,incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo ofinanciero, que no sea generalmente conocido por las personas ni fácilmenteaccesible. Además, debe tener un valor empresarial y debe estar protegido pormedidas razonables que garanticen su confidencialidad. Y establece que seproduce una violación del mismo cuando se obtiene mediante acceso, apropiacióno copia no autorizada. Su utilización o revelación se considera ilícita cuandose ha obtenido, por ejemplo, incumpliendo un acuerdo de confidencialidad o unaobligación contractual que limite su utilización.
Los daños económicos y morales de las mercancías infractoras
La norma también identifica lasmercancías infractoras como aquellos productos o servicios cuyo diseño,características, funcionamiento, proceso de producción o comercialización sebeneficien de manera significativa de secretos empresariales obtenidos,utilizados o revelados de forma ilícita.
Para calcular los dañosproducidos por las mercancías infractoras se tendrán en cuenta los perjuicioseconómicos, como el lucro cesante y el enriquecimiento injusto obtenido por elinfractor, y también el perjuicio moral. Asimismo, es posible fijar unacantidad basada en el importe que se habría tenido que abonar por la concesiónde una licencia durante el periodo en que se haya producido la infracción.
El Bufete Mas y Calvet es un despacho de abogados con 65 años de trayectoria profesional y plantea soluciones jurídicas innovadoras y eficaces en las áreas de Economía Social y Entidades sin Ánimo de Lucro; Tecnología y Telecomunicaciones; Derecho Penal y Compliance o Derecho Procesal y Arbitraje, entre otras áreas del Derecho.