Indra prepara un duro Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en "todas" las filiales del grupo, en las que trabajan más de 40.000 personas. Un ERTE que podría afectar a un tercio de la plantilla durante los próximos tres meses.
Indra cerró 2019 con una plantilla, en todo el mundo, de 49.607 trabajadores, a los que hay que sumar los 742 que corresponden a SIA, la firma de ciberseguridad que la compañía pactó comprar a principios de año por 76 millones de euros y que aún no está integrada en el grupo. De esos 49.607 trabajadores, 28.023 corresponden a España; 17.252 a Latinoamérica, y otros 2.240 a otros países de Europa, así como 2.092 en Asia, Oriente Medio y África.
Este ajuste temporal, que según ha podido saber ESCUDO DIGITAL, ha sido criticado y mal recibido por el gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez, tendrá diferentes fases, según fuentes conocedoras del mismo. La primera fase iría dirigida al Corporativo de la Compañía, que preside Fernando Abril-Martorell, y podría afectar al 100% de estos servicios centrales. Este plan, sin embargo, no afectaría en principio al Equipo de Dirección. En fases sucesivas se verían afectadas las doce filiales del grupo, pudiéndose versen implicado en él hasta un tercio de la plantilla.
El propio presidente de Indra, Fernando Abril-Martorell, ha remitido una carta a los trabajadores en las que les informa de que la compañía empieza a "sufrir caídas de la demanda" de productos y servicios en algunas áreas y no puede completar proyectos en el extranjero por el cierre de fronteras, entre otras trabas.
Una carta que ha sido fuertemente criticada, tanto interna como externamente, al ser Indra una empresa ampliamente participa por el Estado a través de la SEPI. No parece, según el Ejecutivo, que sea “un buen ejemplo” para el resto de las empresas. Se acusa a Abril-Martorell de no estar a la altura del momento que vivimos y de ser incapaz de aguantar el embate del coronavirus. Fuentes consultadas por ESCUDO DIGITAL van más allá y hablan de que no es un argumento válido la reducción de actividad económica y ponen sobre la mesa contratos como la adjudicación del avión de combate europeo, el carro de combate 8X8 o ser el primer proveedor de servicios de TI en la administración pública española.
Desde algunas formaciones políticas, subrayan la falta de patriotismo del presidente de Indra frente a sus grandes rivales: multinacionales extranjeras, como Everis, Accenture o IBM que se han negado a realizar por el momento ningún plan de ajuste de personal en sus empresas. Los propios sindicatos, que se encuentran en estos momentos negociando las condiciones del ERTE, recuerdan igualmente que en la anterior crisis Indra no hizo ninguna regulación de empleo y terminan afirmando que no hay razones de producción, ya que los clientes no están cancelando contratos y menos los contratos públicos.
Igualmente, califican la medida de precipitada y de buscar una solución fácil para mejorar los resultados de Indra con inyección de fondos públicos, en lugar de ser creativos y buscar soluciones diferentes, en lugar de hacerle pagar los platos rotos al trabajador.
Tampoco entienden que sea un gobierno de izquierdas el que autorice este plan de bajas parcial. Las negociaciones se plantean muy duras para sacar adelante el ERTE de la compañía tecnológica.