La crisis derivada de la pandemia de la Covid-19 ha golpeado duramente al tejido empresarial español y especialmente al sector de los servicios, con el turismo y el comercio como grandes afectados. Según estimaciones recientes de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) que recoge El País, los negocios de nuestro país dejaron de facturar 287.000 millones de euros en 2020, y de un año para otro se han perdido 50.000 sociedades que estaban inscritas en la Seguridad Social.
A día de hoy, la continuidad de muchas empresas sigue estando amenazada y los pronósticos de este año empeoran aún más su situación. De acuerdo a un reciente informe de la aseguradora Crédito y Caución, el número de insolvencias empresariales aumentará un 49% en España a lo largo de este 2021 cuando terminen las ayudas y a consecuencia de la lenta recuperación del PIB.
En este contexto, la incertidumbre también reina entre los trabajadores, que ya han comenzado a plantearse cómo les afecta la situación a la que se enfrente su empresa. Por ello, Abencys, despacho especializado en insolvencias y reestructuraciones, ha analizado las claves del impacto de las situaciones de insolvencia en el entorno laboral, y ha planteado las responsabilidades de las empresas y los deberes y derechos de los trabajadores una vez que la entidad se ha acogido a la protección del concurso de acreedores.
Si la empresa entra en concurso de acreedores
Según señala Abencys, la ampliación moratoria concursal, aprobada recientemente por el Gobierno, ha provocado retrasos en la toma de decisiones por parte de los empresarios, en cuanto a los procedimientos a los que las empresas se pueden acoger para reestructurar su deuda y sus operaciones y determinar sobre su continuidad.
En este sentido, recuerda que tanto las empresas que han decidido esperar, como las que han adoptado alguna herramienta jurídica para combatir su insolvencia, siguen estando en la obligación de mantener las responsabilidades con sus empleados. Entre ellas, se encuentra el pago de los salarios. Mientras que muchos trabajadores temen que su sueldo disminuya o incluso desaparezca, Luis Martín, socio de Abencys, ha señalado que "la plantilla sí cobrará, al menos lo que garantiza el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)". No obstante, ha apuntado que "el privilegio de los trabajadores también tiene límites" y se dificulta cuando la empresa llega a la situación de concurso con una masa activa insuficiente o nula.
"Los salarios correspondientes a los últimos 30 días de trabajo efectivo realizado antes de la declaración de concurso con el máximo del doble del salario mínimo interprofesional son créditos contra la masa, al igual que la totalidad de los salarios que se devenguen con posterioridad a la declaración del concurso", ha explicado el experto.
Otras casuísticas
En caso de que la empresa no tenga liquidez suficiente para hacerse cargo de las nóminas, FOGASA interviene, aunque con algunas limitaciones, la primera, respecto a los salarios. El límite será la cantidad resultante del doble del salario mínimo interprofesional (SMI) diario (con inclusión de las pagas extra) por el número de jornadas laborales pendientes de pago (máximo, en este aspecto, de 20 días).
Por otro lado, el máximo de indemnizaciones, garantizado por el FOGASA será de una anualidad del sueldo diario, base del cálculo y que incluye las pagas extra, no pudiendo rebasar el doble del SMI.
Otra posibilidad es que la alta dirección se vea incluida en medidas derivadas de la situación de insolvencia, fundamentalmente en cuanto a las cuantías de sus indemnizaciones pactadas en contrato, que pueden ser moderadas por el juez del concurso. En cuanto a la reducción de salarios o modificación de condiciones de trabajo "aunque puede haber una reducción del sueldo si hay un acuerdo entre las partes", como apunta Luis Martín, es más habitual la suspensión o hasta extinción de los contratos. En caso de discrepancia entre los trabajadores y la empresa, junto con la administración concursal, el juez del concurso sería quien resolvería.
Además, desde Abencys advierten que los empleados, independientemente de que la empresa se encuentre en concurso de acreedores, deben seguir yendo a su puesto de trabajo, ya que no se paraliza el funcionamiento de la entidad. En ocasiones, los administradores concursales podrán eximirles de acudir al puesto otorgándoles permisos retribuidos.