Presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario

Ricardo De Lorenzo: “La colaboración entre sanidad pública y privada ha salvado muchas vidas durante la pandemia”

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Ricardo De Lorenzo
Ricardo De Lorenzo, presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario.

La crisis sanitaria que estamos viviendo obliga a la reflexión sobre el sector. A un análisis de fortalezas y debilidades, que Escudo Digital hace de la mano de Ricardo De Lorenzo, presidente de De Lorenzo Abogados, bufete fundado en 1955 como primera firma legal dedicada al Derecho Sanitario de modo especializado.

El último libro publicado por el doctor en Derecho, en septiembre de 2019, se centra en el significado y las aportaciones de la Ley 41/2002, que regula la autonomía de los pacientes y los derechos de información y documentación clínica. La protección de datos personales, el consentimiento por representación y la colisión de derechos fundamentales, son temas en él tratados, que ahora, en pleno confinamiento por el Covid-19, cobran una nueva dimensión.

No han pasado muchos meses desde que salió a la luz su libro “Derechos y obligaciones de los pacientes”. Sin embargo, está cambiando todo tanto que pudieran parecer siglos. Si lo escribiera ahora, ¿sería muy diferente?

La epidemia de coronavirus ha cambiado de forma dramática el escenario sanitario, pero también el social y el económico, y sobre los mismos derechos consagrados necesitaremos una estrategia enfocada a trazar un marco ético-jurídico que dé una respuesta global a todas las grandes crisis sanitarias que puedan presentarse en el futuro, cambiando las actuales incertidumbres por mínimas certezas.

La Ley 41/2002, Básica de Autonomía del Paciente, fue un hito histórico y constituye una pieza jurídica fundamental en el Derecho sanitario español. La Ley acotó y definió con precisión muchos conceptos en el terreno de los derechos de los pacientes. Una norma de esta entidad no puede ser ajena a la evolución de la sociedad en la que se inserta y desde el año 2002 se ha ido adaptando a cuestiones tan relevantes como la protección de los datos personales de los pacientes, el consentimiento por representación (menores o incapaces) o la propia consideración de la información para consentir en el ámbito de los derechos fundamentales, o su declaración como elemento integrante de la “lex artis”, con las trascendentales consecuencias que ello comporta.

“Necesitaremos un marco ético-jurídico que dé respuesta a cualquier crisis sanitaria en el futuro”

En nuestro país, tras la entrada en vigor de nuestra Constitución de 1978, cuyo artículo 43 reconoció el derecho a la protección de la salud, las cuestiones más estrechamente vinculadas a la condición de sujetos de derecho de las personas usuarias de los servicios sanitarios (plasmación de los derechos relativos a la información clínica y a la autonomía individual de los pacientes en lo relativo a su salud) fueron objeto de una regulación básica, en el ámbito del Estado, a través de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.

A partir de dichas estipulaciones básicas, la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, completó las previsiones contenidas en materia de derechos y obligaciones de los pacientes en la Ley General de Sanidad, adaptando dichas previsiones al Convenio del Consejo de Europa, Convenio relativo a los Derechos Humanos y la Biomedicina, popularmente conocido como Convenio de Oviedo, suscrito el día 4 de abril de 1997.

Un Convenio, el de Oviedo, que supuso otro hito jurídico clave en España…

Por supuesto. Tanto que es equiparable en importancia y rango a la Declaración Universal de Derechos Humanos. El Convenio de Oviedo constituyó una iniciativa capital, puesto que, a diferencia de las distintas declaraciones internacionales que lo precedieron, fue el primer instrumento internacional con carácter jurídico vinculante para los países que lo suscribieron, residiendo su especial valía en el hecho de establecer un marco común para la protección de los derechos humanos y la dignidad humana en la aplicación de la Biología y la Medicina.

Usted siempre ha defendido un modelo sanitario único, público-privado. Dado el momento que vivimos ¿considera que ha llegado la hora de impulsarlo?

La colaboración entre la sanidad pública y la privada que hemos visto en el combate contra la pandemia del coronavirus en España pone de manifiesto lo que siempre he dicho, que es en la práctica un modelo de sanidad única, que, insisto, hemos visto como han movilizado recursos técnicos, materiales y humanos a contrarreloj para atajar la mortalidad del Covid-19, con gran éxito, a pesar de las múltiples carencias materiales de protección.

Los 806 hospitales del Sistema Nacional de Salud y los 468 centros hospitalarios privados y el conjunto de más de 143.300 camas puestos a disposición del Ministerio de Sanidad en la lucha contra la pandemia, junto a la entrega y el servicio de los profesionales sanitarios ante el Covid-19, así como esa implicación colaborativa entre sanidad pública y sanidad privada, poniendo en práctica ese modelo de sanidad única al que antes me refería, han conseguido salvar muchas vidas de pacientes.

¿Nos hubiera ido mejor haber tenido ya en marcha ese modelo mixto?

El modelo integral de salud, atendido por una organización pública, centralizada y básica, prevista en la Ley General de Sanidad, ha sido totalmente superado por la normativa que desde los años 1986 y 1987 se fue dictando para regular las nuevas formas de organización de los servicios socio-sanitarios. A partir de dichos años, se ha ido extendiendo la prestación de los servicios sanitarios a los ciudadanos con fundamento en las más diversas formas de gestión directa o indirecta que acomodan su funcionamiento a normas de derecho privado.

Esta colaboración de facto que existe en España entre los sectores públicos y privados de sanidad podría progresar y hacerse mucho más efectiva si se unificara la coordinación y el control para ambos sectores y se vertebrara un sistema común de información sobre los historiales clínicos de todos los pacientes. La crisis que estamos viviendo ha puesto de manifiesto la fluidez de esta colaboración en la atención sanitaria como servicio público a la ciudadanía, independientemente de quien pague, sea una mutua, una aseguradora o las administraciones.

Como dice el Dr. Juan Abarca, “hoy, más que nunca, sanidad sólo hay una” y “hoy por hoy no hay hospitales públicos y privados: hay sencillamente hospitales que velan por la salud y el bienestar de todos”.

El mayor error, en mi opinión, ha sido la falta de previsión y la respuesta tardía del Gobierno

¿Podría hacer una breve valoración de cómo se ha comportado cada una de ellas durante estas semanas?  ¿Qué le merece mención especial y qué preferiría olvidar?

El mayor error, en mi opinión, ha sido y sigue siendo la falta de previsión y la respuesta tardía del Gobierno, que con informes internacionales que le alertaban del peligro, como el del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades; o recomendaciones de la OMS emitidas desde el 30 de enero, que advertían de la gravedad del nuevo coronavirus de Wuhan y aludían a tomar acciones concretas que, en el caso de España, no llegaron hasta mediados de marzo. Junto a la ausencia de coordinación entre las actuaciones del mando único del Ministerio de Sanidad y de las Comunidades Autónomas, cristalizado en los desaciertos y retrasos en la adquisición de material, que ha dejado sin protección a los colectivos sanitarios siendo ésta la principal causa de baja de estos profesionales, y que a día de hoy sigue motivando que las Comunidades obvien el mando único y adquieran material por su cuenta.

Lo mejor, indudablemente, ha sido y sigue siendo la entrega y el servicio de los profesionales sanitarios ante el Covid-19, así como la puesta en práctica de ese modelo de sanidad única del que venimos hablando, con el único objetivo de salvar vidas de pacientes. Nunca podremos estar a su altura en agradecimiento, y ojalá cuando pase esta crisis podamos reconocerles ese mérito como merecen.

Ha habido también críticas negativas por la muy diferente actuación de unos centros privados y otros, sobre todo en la gestión de sus plantillas. Algunas empresas han dado hasta vacaciones, cuando supuestamente falta personal, por ejemplo. ¿Qué opinión le merece?

En el caso de las condiciones laborales en los centros sanitarios se produce una colisión entre la garantía de funcionamiento continuado de las instituciones sanitarias y la necesidad de descanso de los profesionales sanitarios, como forma de promoción de la salud y de prevención de riesgos laborales, que hay que conciliar. Los sanitarios que luchan contra la pandemia están con una sobrecarga de trabajo sin precedentes. Se doblan turnos, se hacen horas extra, se prolongan jornadas y, sobre todo, hay una carga emocional que va a ser difícil de atajar. Todo esto va a pasar factura, a medio y largo plazo, en la psicología de los trabajadores. Y, en ese sentido, la gestión de plantillas debe contemplar los descansos y todas las medidas serán bienvenidas. Las vacaciones incluidas, para aliviar el cansancio físico, pero también el desgaste mental.

“Los sanitarios están con una sobrecarga sin precedentes. Ha habido caos en la entrada en vigor de su permiso retribuido”

El tratamiento incorrecto de las noticias, incluso en contra de la sanidad privada, ha intentado tapar una realidad: el caos en la entrada en vigor del permiso obligatorio retribuido. Tenga en cuenta que el Gobierno aprobó la norma, pero a última hora pospuso un día su aplicación, y no se entendía cómo aplicar el permiso retribuido recuperable para todos los trabajadores no esenciales.

La referencia del consejo de ministros, que suele recoger la explicación detallada de las medidas aportadas, tampoco aclaró demasiado, pues apenas contenía un escueto resumen de las intervenciones de las ministras. Reiteraba, como había dicho la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que “no se trataba de unas vacaciones obligatorias”, y explicaba cómo organizar, recuperar esas horas entre trabajadores y empresas. Incluso apuntaba que las empresas obligadas a cerrar podrían establecer, en caso necesario, un “número mínimo de plantilla” o fijar los turnos de trabajo que considerara “imprescindibles” para mantener la actividad que sea “indispensable”.

¿A qué país le gustaría que mirase España para tomar notas de su modelo sanitario?

En España podemos presumir de tener uno de los sistemas sanitarios públicos más avanzados del mundo. A pesar de sus carencias, nuestro país sigue siendo puntero en la mayoría de los rankings más relevantes. La cobertura sanitaria universal en la que todas las personas tenemos acceso a la atención sanitaria que podamos necesitar, con una base sólida en la atención primaria, nos permite estar en los primeros puestos.

Siempre ha subrayado lo imprescindibles que son los comités éticos. ¿Cree que tendría que haber en el futuro?

Por supuesto habrá más, los avances en Inteligencia Artificial están empezando a mostrar algunos atisbos de cómo será un futuro no muy lejano – coches autónomos o drones, el triunfo de la IA contra humanos – y también en medicina con sus más que previsibles consecuencias con respecto al empleo por la automatización. Los grandes cambios futuros y su profundo impacto social levantan por igual expectativas de un mundo distinto y mejor, pero también temores fundados sobre un dominio de las máquinas en un mundo sin empleo y, en este sentido, tanto el Parlamento Europeo, por un lado, como algunos de los principales exponentes de la inteligencia artificial mundial, por el otro, se han puesto a reflexionar sobre los componentes éticos de la inteligencia artificial.

Su importancia es crucial puesto que resuelven muchas preocupaciones que enfrentan los pacientes, primando la necesidad de proteger la condición humana, no desconociendo los derechos fundamentales y siguiendo firmemente las normas legales vigentes. Cuando surgen problemas de responsabilidad del profesional o equipo asistencial de salud, se deben prever los posibles desenlaces no solo vitales, sino también morales, que las intervenciones médicas generan en el paciente o su familia. Esto último implica comprender las creencias, valores y expectativas individuales del paciente, su familia, la sociedad, el mismo profesional de la salud y la institución donde se desarrolla la atención. Es evidente que una visión integral de este tipo de controversia solo se puede dar si hay una discusión plural de ésta, como ocurre en un comité ético.

¿Cree que este reconocimiento actual a los profesionales sanitarios actual perdurará en el tiempo?

Así debe ser, de forma permanente y no influenciados, como ahora estamos, por el temor y la incertidumbre producidos por la contingencia que se vive en el mundo con la presencia del coronavirus, que nos lleva a que cada cual busque la manera de ponerse a salvo, y poco nos interesamos por la prevención, la salud y el agotamiento de los profesionales que están expuestos diariamente.

Los médicos conforman el sector más comprometido y expuesto, altamente vulnerables al contagio, a los que debemos un merecido reconocimiento, agradecimiento, y colaboración, tras su ejemplo, incluso sin suficientes recursos para bioseguridad y su protección.

La normativa reguladora del sector sanitario crece. ¿Hay suficientes abogados especializados en esos temas?

El auge y pujanza del Derecho Sanitario resultan, hoy en día, innegables, como lo demuestran circunstancias tales como la gran producción normativa reguladora de materias comprendidas dentro del ámbito de aplicación de esta rama del Derecho, la discusión teórica y práctica por parte de la doctrina y la jurisprudencia sobre las más diversas cuestiones atinentes al Derecho Sanitario, la impartición de masters y cursos de especialización…, todo lo cual exige más especialistas y que los abogados que pretenden dedicarse a la práctica del Derecho Sanitario tengan una formación adecuada, que les permita resolver con prontitud y acierto los problemas que se les planteen y que puedan ser calificados como verdaderos especialistas en esta rama jurídica.

Entonces, cuando todo esto pase, ¿habrá un “antes” y un “después” también en la Sanidad?

Creo que efectivamente habrá un antes y un después, también en lo sanitario, pues uno de los problemas fundamentales que tenemos es que nuestros esquemas normativos responden, en general, a una fórmula basada en el individuo como paciente. De ahí que existan diferencias jurídicas sustantivas en muchos sentidos entre la protección que se otorga a quien ha adquirido ya la condición de paciente y a quien todavía no se considera como tal, por más que su estado requiera de una asistencia sanitaria urgente. Esto puede crear claras disfunciones, por ejemplo, en situaciones de recursos sanitarios escasos, en los que resulta necesario acudir al triaje.