Este año el gobierno ha prohibido el 8M en Madrid porque temía por razones de salud y seguridad que se reunieran 10.000 asistentes. El año pasado no le inspiró ningún pánico una manifestación que preveía un millón. Lo toleró. Y lo encabezó. El año pasado no pidió ningún informe sanitario a la Comunidad de Madrid. Lo autorizó sin tal informe. Este año lo ha pedido dos veces y no lo ha conseguido. Ha tenido que invocar en sus argumentos lo que dice el ministerio de Sanidad en los telediarios. Y tirar de informes policiales que aducen inseguridad. Los convocantes se quejan de que se les ha prohibido sin un informe sanitario. Y aciertan.
Nada de esto hurta el fondo del debate. De los 80.203 exceso de muertes entre marzo y diciembre de 2020, 38.438 eran hombres y 41.764 mujeres. En 2020, se cifraban oficialmente en 1.000 las mujeres muertas por violencia de género desde 2003. Ese año perecieron a manos de varones 45 mujeres. El virus mata en un año 45.000 veces más que el machismo en 18 años. Estas cifras siguen incrementándose en vísperas del 8M. El año pasado, tras parecido debate, se celebró el 8M y cientos de actos masivos. El contagio creció un 1.200%
Este año se ha planteado el mismo dilema: ¿manifestarse por la igualdad o quedarse en casa por mor de preservar la salud, la vida? El escenario era y es terrible. En 2020 las autoridades madrileñas ya hablaban de una propagación incontrolada mientras la Delegación del Gobierno de Madrid se atenía a la doctrina oficial de Sanidad: la manifestación no era un riesgo. Dos días después los casos se multiplicaron tanto que oficiosamente y a golpe de teléfono la delegación del Gobierno empezó a sugerir que se desconvocaran manifestaciones aprobadas. Después alegó en los tribunales que nadie del Gobierno le había alertado del peligro sanitario. Y eso salvó al delegado del Gobierno, José Manuel Franco, de acabar en el banquillo, porque la juez vio indicios de imprudencia, pero no halló documentación que probase que sabía del peligro existente.
Choca que este año sí sea viable prohibir las manifestaciones del 8M cuando el año pasado invocó lo contrario: es imposible prohibir una manifestación salvo por temor a que los participantes puedan alterar el orden público. Lo dice la ley que regula las manifestaciones. La nueva ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha aconsejado que no se celebren las manifestaciones del 8M. Pero no ha tirado de ninguna de las normas sanitarias que podría hipotéticamente invocar para imponer la estricta prohibición de toda manifestación. Quizá por no excederse en contundencia, quizá por no estar segura de su aplicabilidad legal. El Gobierno no invocó razones de salud para prohibir las elecciones catalanas.
La delegación del Gobierno de Madrid calca el tono del Ejecutivo proyectado en los telediarios, pero no lo hace exhibiendo una norma dictada por Sanidad. Y la prohibición de una manifestación debe estar fundamentada en un sólido argumentario jurídico, ya que se veta o aprueba un derecho constitucional. Que sea razonable prohibir una manifestación en una pandemia no significa que sea tan simple como decir "no es no" a la petición.
Pero la situación es más chirriante. Fernando Simón, portavoz sanitario del Gobierno, no veía problema en que su hijo fuera a una manifestación de un millón de personas en Madrid el año pasado, aunque el temor desmoronó las expectativas. Y su gobierno ahora prohíbe actos de 500 personas. El Gobierno sabía desde enero de 2020 que la OMS pedía suprimir los actos masivos, algo que ejecutó China rápidamente. La UE exigió lo mismo antes del 8M. Pero el Gobierno toleró el despliegue de actos feministas y de toda índole en toda España. Una semana después habían crecido un 1.200% los casos en España de coronavirus. Ningún país occidental sufrió tal subidón de virus tras el 8M.
“Después de estudiar detalladamente cada una de las peticiones presentadas (recorridos establecidos, previsión de asistencia, duración y lugares de celebración, entre otros detalles), y teniendo en cuenta las posibles confluencias de distintas concentraciones multitudinarias en varias zonas de Madrid, se ha tomado la decisión firme de prohibir, por motivos de salud pública, todas las manifestaciones y concentraciones convocadas, en un momento en el que la Comunidad de Madrid sigue siendo uno de los territorios de España con mayor índice de contagios así como de personas hospitalizadas, por encima de la media nacional”. Es la escueta declaración de la Delegación del Gobierno sobre su veto al 8M, que tiene varias lagunas.
En marzo de 2020, Madrid ya era una de las comunidades más azotadas por la pandemia, y con los mayores índices de hospitalización. Ya estaba por encima de la media nacional. Entonces la delegación del Gobierno no revisó los puntos de confluencia de las decenas de actos masivos que debían producirse ese fin de semana en la capital madrileña. Alegó que no se podían desautorizar porque ya estaban convocadas.
Pero luego sí intentó revertir otras igualmente aprobadas. Pero la parte más enigmática es “por motivos de salud”. No cita ningún precepto legal. ¿Qué son motivos de salud? ¿Quién los detalla y modula para una manifestación? En el 8M de 2020 ningún técnico consultado por Franco pertenecía a Sanidad. Ahora Franco tampoco cita a Sanidad, ni a ningún experto, ni a ningún informe para su veto al 8M de 2021. No existen. Una lástima. Habría sido muy educativo difundirlos. Para que, por ejemplo, otras delegaciones del Gobierno hicieran lo mismo. No constan prohibiciones en otros territorios que están cerca de la peligrosa situación pandémica madrileña. Cataluña y Euskadi, por ejemplo.
“Motivos de salud” ya veían los funcionarios expertos en sanidad de la delegación del gobierno de Madrid en 2020 para no celebrar el 8M, según la investigación judicial, pero Franco no les consultó. En el 8M de 2021 chocaban dos manifestaciones imaginarias. Una la abanderaba un sector del feminismo que con 50.000 muertas a la espalda sigue creyendo que el machismo mata más que el virus y que se quiere criminalizar al feminismo. Y enfrente desfilaba un gobierno que se proclama igualmente feminista, pero que cuando aplica hoy el peso de la razón, que no la ley, para prohibir una marcha desnuda su actuación de antaño, cuando enterró los argumentos sanitarios que hoy usa.
La verdad científica de hoy era igual de válida ayer: en una manifestación se grita, por tanto se expulsan más aerosoles con partículas del virus, la inercia histórica es juntarse a menos de un metro de distancia, los manifestantes colman transportes antes de la manifestación y después, y en un momento dado invaden bares cercanos (sin mascarillas). Una manifestación, como cualquier acto masivo, es un filón para el virus. Hoy y hace un año.
Por eso resultan tan chirriantes los argumentos policiales para el no de Franco en 2021: “Estas reuniones comunicadas, aun siendo mayoritarias, coinciden en esos días con otras por distintos motivos pero amparados por los mismos derechos. En tan solo tres días (sábado 6, domingo 7 y lunes 8 de marzo), en la Comunidad de Madrid, han sido convocadas un total de 104 manifestaciones/concentraciones con distintos objetos (la mayoría relacionadas con el día Internacional de la Mujer), distintas ubicaciones y número de participantes (desde 25 personas en las más pequeñas hasta 10.000 en la más grande). Un número de reuniones previstas muy superior al de la media semanal en la Comunidad de Madrid (suele haber unas 70 en toda la semana)”.
Y de ahí Franco saca las siguientes conclusiones: "Este dato indica la intención de las manifestantes de salir a las calles de forma masiva, no solo por lo expresado por la propia Plataforma 8-M, sino por el hecho concreto del número de convocatorias comunicadas para realizar en tan solo tres días (75 relacionadas con el citado objeto). Esta situación implica:
- Por una parte un desconocimiento real del número total de personas que podrían ir en caso de llevarse a cabo (no es posible controlar por la parte organizadora el volumen de asistentes a cada una de las manifestaciones y máxime después de la publicidad que se viene dando de ello).
- Una gran movilidad de personas en los trayectos desde los domicilios a las manifestaciones y concentraciones y viceversa.
- Y un riesgo alto de contagios, no solamente en los desplazamientos, sino en los lugares de celebración de las concentraciones.
Por otro lado, la información recabada de la Policía Nacional al respecto manifiesta que no puede garantizarse que no exista riesgo del agrupamiento de varias concentraciones o manifestaciones relativamente próximas independientemente del lugar o formato de la convocatoria”. Todo muy sensato, pero el año pasado los que se quejaban eran los policías tras el 8M por tener que cubrir la marcha autorizada sin mascarillas. Nadie de la policía nacional o municipal se quejó de la asistencia prevista: un millón.
Sin embargo, este año el informe policial proyectaba unas imágenes de terror sobre las manifestaciones del 8M en Madrid.
- “Se observa entre los días 5 y 8 de marzo una cuantificación fuera de lugar en el ámbito habitual de celebraciones del derecho de reunión y manifestación; dicho computo excede completamente de los parámetros médico/sanitarios que deberían imperar en un estado de alarma provocado por una pandemia mundial, cuando la lógica sanitaria indica que una de las medidas más efectivas para la lucha contra el Covid-19, estriba en evitar concentraciones de gente, así como mantener una distancia adecuada entre los asistentes, lo que no parece factible con la cuantificación señalada.
- En consonancia a esta evaluación, también se concluye la dificultad de establecer dispositivos policiales bien dimensionados y con capacidad operativa para hacer cumplir las mencionadas normas sanitarias, como son la separación entre asistentes, o el porte de mascarillas obligatorias e incluso el uso de mascarillas homologadas que sean eficaces en estas situaciones. Dichas normas deben ser aplicadas y ejecutadas por el servicio de orden de las manifestaciones o concentraciones, pero, la experiencia policial en este último año, nos ha enseñado que esto no es así, y que recae en los efectivos policiales dicha labor, en algunos casos, con gran resistencia de los mismos organizadores que Io ven como una injerencia.
- Aún en la circunstancia de poder intervenir policialmente en las decenas de actos programados la reacción de los asistentes no se puede predecir, pudiendo ser de confrontación contra la policía que intenta hacer cumplir la normativa sanitaria, lo que causaría una problemática grave de orden público y se produciría un conflicto jurídico entre el derecho fundamental de reunión y manifestación y el derecho a la salud pública.
- Un sistema que se intenta aplicar en estas celebraciones es el fraccionamiento de los manifestantes o concentrados en grupos de personas más pequeñas y que tengan menos impacto en el ámbito de la salud; dicha técnica en ocasiones puede resultar ineficaz (como pudiera ser en las circunstancias presentes), en tanto en cuanto espacios tan emblemáticos como Callao, la Puerta del Sol o Glorieta de Embajadores, están habitualmente llenos de viandantes que se confunden con los concentrados y que no dejan aplicar las distancias de seguridad necesarias para preservar la salud de los asistentes. Por lo que dicha fórmula no se ve factible, desde el momento en que el número de personas asistentes, la franja horaria y el espacio geográfico lo hacen inviable.
- Se están detectando una serie de convocatorias en redes sociales (algunas de las cuales se describen en las páginas anteriores) que se escapan del control administrativo y de comunicaciones formales y que no pueden ser valoradas en número de asistentes, lugares de celebración exactos e incluso si las mismas se celebrarán o son meras intenciones; pero dichas convocatorias traen consigo en sus mensajes un claro afán de confrontación, problemática que, como se indicaba anteriormente, se acrecienta policialmente al tener que cubrir y dar servicio a un número tan alto de actos.”
No deja de ser curioso que un millón de feministas no asustara a la policía hace un año y en 2021 parece que el estado prevea casi una kale borroka feminista o vandalismo pro Hasél. El año pasado la policía no temía ninguna confrontación con ningún grupo del millón de asistentes previstos, ni temía que no guardaran las distancias (como hicieron las ministras), ni que se confundieran con los viandantes, ni que hubiera un conflicto salud/derecho de reunión. Cuánto ha cambiado Franco un año después, un sumario después.