Los detectives privados reclaman la consideración de servicio esencial

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Colegios y asociaciones de detectives privados quieren que el Gobierno considere su trabajo como un “servicio esencial”. En definitiva, que puedan realizarlo sin las limitaciones que les impone el confinamiento.

En su opinión, los alzamientos de bienes, fugas de información confidencial, robos de material, bajas médicas falsas, solicitudes fraudulentas de ERTE, estafas al seguro o conductas irresponsables en el ámbito familiar se están multiplicando al amparo de la situación extraordinaria creada por el Covid-19 y por el estado de alarma.

Según denuncian en un comunicado, el impacto económico y social que les está produciendo la actual situación de “cautiverio” es incalculable y pone en riesgo los objetivos de recuperación tras la pandemia. Mientras tanto, despachos de detectives privados de toda España están recibiendo peticiones de ayuda de ciudadanos y empresas que se ven impotentes para frenar conductas y actuaciones — tanto de personal interno como externo — constitutivas de delitos perseguibles a instancia de parte.

Denuncian la situación de indefensión de ciudadanos y empresas ante conductas constitutivas de delito

La repercusión económica de estas prácticas irregulares puede provocar además el cierre irreversible de industrias y comercios o afectar a las arcas del Estado, como se ha visto en varios casos recientes de compras millonarias de material sanitario a través de empresas sin garantías.

El sector también subraya que “clientes particulares y abogados de familia han mostrado también su preocupación por la falta de control en las custodias de los menores — hijos de padres separados o divorciados — y por las condiciones en las que están pasando su confinamiento, a menudo al cuidado de personas de grupos de riesgo, como los abuelos”. Preocupación, según ellos, que se ha visto agravada en los últimos días como consecuencia de la vuelta al trabajo de nuevos sectores económicos y la salida a la calle de los menores de catorce años.

Escrito presentado a los ministerios de Sanidad, Interior y Justicia

Se quejan también de que la lectura restrictiva del estado de alarma, por parte de los responsables de Interior, les impide realizar los imprescindibles trabajos de campo, multiplicando la sensación de impunidad de los infractores.

Todos los colegios y asociaciones profesionales de España han presentado de forma conjunta el escrito ante los ministerios de Sanidad, Interior y Justicia para que se considere a los detectives privados como un servicio esencial y puedan regresar a las calles con todas las garantías jurídicas. De esta manera, según los firmantes, se podrán cumplir los objetivos de servicio a la ciudadanía y de apoyo a las autoridades.

En la actualidad – señalan – se ven imposibilitados para reunir pruebas válidas ante la Justicia sobre delitos e infracciones en los ámbitos económico, laboral, mercantil, financiero, social, personal y familiar, como recoge el artículo 48 de la Ley de Seguridad Privada. Situación que causa indefensión y que puede complicar la saturación de los juzgados en los próximos meses.

Los colegios y asociaciones profesionales se vieron desagradablemente sorprendidos cuando, tras varias consultas oficiales, los responsables de Investigación Privada del ministerio del Interior comunicaron que los detectives no estaban considerados servicios esenciales en el Real Decreto de estado de alarma de 14 de marzo, pese a la inclusión en él de una parte de la Seguridad Privada, como la vigilancia uniformada y los servicios de transporte de seguridad.

Sin embargo, la decisión del gobierno de permitir la vuelta a la actividad de algunos sectores y profesionales, desde el lunes 13 de abril, llevó al CODPCAT (Colegio Oficial de Detectives de Cataluña) a realizar una nueva consulta sobre el trabajo en el exterior, reafirmando las autoridades autonómicas el anterior dictamen restrictivo.

Finalmente, a finales de la semana pasada, todos los colegios y asociaciones unificaron sus esfuerzos para requerir al Gobierno, de una forma conjunta y urgente, la ya señalada consideración de los detectives privados como un servicio esencial.