La Guardia Civil y los Mossos desarticulan una banda que traficaba con seres humanos

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Los Mossos y la Guardia Civil desarticulan una banda que traficaba con seres humanos

Una banda con unos beneficios ilícitos de más de 500.000 euros que se dedicaba a traficar con seres humanos como en los tiempos de la esclavitud, y encima les hacía pagar, ha sido desarticulada.

La Guardia Civil y los Mossos d’ Esquadra han sido los responsables de la operación que fue bautizada como Oti-Baucar. Han sido detenidas 12 personas, mayormente de origen subsahariano y marroquí,  y se han efectuado registros  en las provincias de Burgos, Lérida y Barcelona, así como tres registros más en Portugal, dos en Alemania, y una detención en Holanda. Han sido identificadas cerca de 1.000 víctimas, entre las que se encontraban mujeres y niños y se han incautado dos kilos de marihuana

La operación se inició el pasado 2018, cuando agentes de la Guardia Civil detectaron cómo una organización se encargaba de trasladar a Francia a un número elevado de migrantes indocumentados y bajo coacciones.

Los migrantes africanos tenían que pagar entre 500 y 750 euros

Las víctimas figuraban mayoritariamente migrantes africanos, entre los que era habitual encontrar menores y mujeres embarazadas. Eran captadas en sus países de origen para trabajar de manera irregular y en precario y trasladadas a España, desde donde las distribuían a Francia, Bélgica y Alemania, exigiéndoles el pago de unos 500-750 euros. Para asegurar el pago, solían aprovecharse de la extrema vulnerabilidad en la que se encontraban, llegando a abandonar durante un viaje a un menor que no pudo pagar el total de la cantidad exigida.

Una parte de esta organización se encontraba asentada en España y estaba formada mayormente por ciudadanos subsaharianos que residían en la provincia de Lérida, donde disponían de un “piso-patera” a cargo del cabecilla de la organización en la localidad de Roselló. Disponían de un segundo inmueble que empleaban de la misma forma en la localidad de Mataró (Barcelona), donde residían los restantes miembros de la organización.

El padrino de esta organización era un individuo centroafricano que vivía en Portugal y Alemania, con 25 años de experiencia en la trata de seres humanos

Cada uno de los miembros de esta organización tenía una función diferenciada y obedecían una jerarquía clara. El líder a nivel internacional, apodado “el jefe”, era un individuo de origen centroafricano que residía en Portugal y Alemania. Tenía antecedentes en otros países europeos por favorecimiento de la inmigración irregular y presumía de llevar 25 años dedicándose a la misma actividad. Para aumentar los beneficios, montó una estructura societaria e inmobiliaria, que permitió captar también a inmigrantes asiáticos (generalmente nepalíes, hindús, pakistaníes), que trasladaban desde Alemania a la Península Ibérica, mayoritariamente a Portugal.

Con esta infraestructura, realizaban viajes “NON STOP”, España-Alemania-Península Ibérica. Para ello, empleaban furgonetas alquiladas o alguno de los 12 vehículos de la organización a nombre de otras personas. Vehículos que sobrecargaban con inmigrantes y bidones de combustible, maximizando los beneficios por trayecto.

Hasta los niños y bebés tenían que pagar por su viaje

La organización tenía unas normas muy  estrictas en el momento de los desplazamientos: las víctimas de esta red debían  abonar el pago, no hablar con las autoridades, si eran identificados, acordar un destino ficticio, no utilizar sistemas de retención para poder ocultarse rápidamente en caso de presencia policial (especialmente los niños y bebés), los menores de 7 años debían ir sentados encima de otro ocupante – generalmente mujer – pero también pagaban su “viaje”, comprometiendo la integridad de los migrantes.

Las diferentes fases de la operación en la que han participado diferentes Unidades de la Guardia Civil ha sido coordinada con Mossos d’ Esquadra, por la VII Zona de la Guardia Civil de Cataluña y  dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Tremp e impulsada por la Fiscalía de Lérida,  coordinada a través de Eurojust, con participación de policías y órganos judiciales de España, Portugal, Francia, Bélgica, Holanda y Alemania.