La Guardia Civil informa de que actualmente está investigando a siete personas por supuestos delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación y usurpación de aguas en el Espacio Natural de Doñana (espacio que conforma el Parque Nacional y el Parque Natural).
Los agentes iniciaron las investigaciones de la llamada operación “Zacallón” el pasado año, cuando se recibió información sobre la realización de sondeos no autorizados en Doñana en presencia de vigilantes del propio espacio natural.
En relación al agua se han detectado veintidós pozos ilegales y once balsas (zacallones) cuyo mal uso estarían afectando al estado del acuífero. Por otro lado, las autorizaciones para el pastoreo de ganado se encontraban caducadas y se localizaron construcciones ilegales de toriles.
Los investigadores estiman que estas actividades ilegales se pueden haber estado repitiendo al menos en los últimos dos años, lo que ha producido daños a la fauna y flora protegida de ese espacio. Estas irregularidades habían sido denunciadas con anterioridad, pero los agentes del SEPRONA descubrieron también que los expedientes sancionadores se dejaban sin tramitar.
Enriquecimiento de los ganaderos
Los beneficiarios directos del aprovechamiento indebido del agua y de las construcciones donde almacenaban elementos ganaderos y guardaban al propio ganado son en su mayoría asociaciones de ganaderos de la zona, que han utilizado un bien público de forma privativa.
En las investigaciones realizadas e informes aportados por diversos organismos (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Universidad de Sevilla, etc.), se ha constatado la pérdida de biodiversidad que estaba afectando a la regeneración vegetal, amenazando a especies de flora y fauna protegidas, tal y como informa la Guardia Civil.
Esta operación se enmarca dentro del Plan de Acción Español contra el Tráfico Ilegal y el Furtivismo Internacional de Especies Silvestres (Plan TIFIES), y del Proyecto LIFE GUARDIANES DE LA NATURALEZA.
El Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº3 de La Palma del Condado (Huelva), junto con la Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva, han dirigido esta investigación.