La Guardia Civil, en el marco de las operaciones Red Dot y Antitox IX, detuvo y/o investigó durante el pasado año a un total de 337 personas en relación con delitos de caza y contra la fauna y la flora.
Tras más de 900 inspecciones durante todo el año 2020, en fincas cinegéticas, explotaciones ganaderas y establecimientos fitosanitarios, los agentes del SEPRONA detectaron más de 2.600 infracciones administrativas y 320 delitos.
Entre los cadáveres de los animales se destaca un lince ibérico, encontrado en el fondo de un pozo y en cuya necropsia aparecieron restos de veneno en su organismo, milanos negros, milanos reales o busardos ratoneros, entre otros.
Respecto de los delitos relacionados con el furtivismo se ha conseguido identificar a los autores de abatimientos de especies en peligro de extinción, ungulados africanos, entre otros, y se han retirado numerosas cabezas y trofeos de caza mayor.
Una de las mayores amenazas para la biodiversidad
En la actualidad la caza es una actividad regulada y el furtivismo se considera un problema por los múltiples efectos que genera, desde importantes pérdidas económicas hasta desequilibrios en los ecosistemas, en el caso de acciones indiscriminadas de especies cinegéticas.
En España ha venido siendo tradicional el uso del veneno y medios no selectivos de captura para luchar contra los animales cuya presencia puede causar efectos negativos. Se trata de una de las mayores amenazas para la biodiversidad, por su carácter masivo y no selectivo. Esta conducta al igual que el furtivismo está tipificada como delito en el Código Penal.