La Asociación para la Defensa del Administrado y el Contribuyente (ADAC) ha denunciado ante el gerente adjunto de Movilidad e Infraestructuras del Ayuntamiento de Barcelona, Manuel Valdés, que más de 1.000 motos de uso compartido circulan sin licencia en la ciudad.
La Asociación ha remitido ya dos cartas a la Gerencia de Movilidad e Infraestructuras del Ayuntamiento de Barcelona, de la que no ha obtenido ningún tipo de respuesta.
La Asociación recibe continuas quejas sobre el abuso del espacio público que representa el número desproporcionado y sin licencia de vehículos de motosharing que hay en Barcelona. Sin embargo, y después de las dos cartas remitidas, no tiene constancia de que se haya llevado a cabo ningún tipo de actuación por parte de Manuel Valdés, como gerente adjunto de Movilidad e Infraestructuras.
Es necesario realizar una medición oficial
Tanto ADAC como otras asociaciones vinculadas al mundo de la moto le han sugerido que realice una medición oficial del número de vehículos de motosharing que existe en la ciudad y que requiera a las empresas concesionarias que procedan a la regularización del exceso de vehículos.
Por su parte, ADAC ha realizado por su cuenta una medición utilizando la información que facilita tanto la aplicación del Ayuntamiento como las de las empresas operadoras de motos de uso compartido. La conclusión es que estas empresas operadoras (Cooltra y Acciona) tienen registradas en circulación "un número mucho más elevado de motocicletas del autorizado por el Ayuntamiento", según denuncia en un comunicado.
Cooltra opera con más de 1.000 vehículos, mientras tiene adjudicadas de forma definitiva 633 licencias. Mientras, Acciona ofrece aproximadamente a los usuarios 1.500 (+/-200) motos y tiene adjudicadas también 633 licencias. Del resto de operadores (SEAT, Citysoot, Tucycle, Yego, etc), no ha detectado un número significativamente mayor de vehículos que de licencias.
Afecta a los ciudadanos, al Ayuntamiento y a los operadores
Advierte de que esta situación afecta al usuario de este tipo de vehículo ya que, en caso de accidente, podría quedar desamparado. Pero indica que afecta también de forma directa al ciudadano, que no solamente deja de recibir unos servicios públicos que se pagarían con el dinero de esas licencias, sino que "sufre el abuso del espacio público por parte de aquellas operadoras que ponen en explotación más vehículos que las licencias autorizadas".
ADAC sostiene que existen dos afectados más por esta situación: el Ayuntamiento, que no solo deja de recibir una cantidad importante en concepto de licencias, sino que puede tener que responder por el vehículo sin licencia accidentado; y los operadores que cumplen con sus obligaciones, para los que representan una competencia desleal.
Además, defiende el uso de motocicleta y del ciclomotor porque está convencida de que beneficia a la movilidad responsable, del mismo modo que conoce y defiende la movilidad compartida por el mismo motivo. Precisamente por ello, critica y denuncia que se lleve a cabo de forma fraudulenta, ya que perjudica a usuarios de cualquier tipo de motocicleta, a ciudadanos, a administraciones y a las mismas empresas operadoras.