Durante su última sesión plenaria del año, celebrada de forma online por la pandemia de la Covid-19, la Comisión de Venecia del Consejo de Europa ha adoptado ocho principios para evitar los riesgos digitales durante los procesos electorales.
Es innegable que la digitalización ha aumentado el acceso a la información de los candidatos y las plataformas políticas en tiempo real, además de aportar otros beneficios como el ahorro de costes durante las campañas electorales y la reducción en el uso de papel. Sin embargo, también ha supuesto que se eleve el potencial de difundir desinformación y de obstaculizar la comprensión de información veraz.
De hecho, la mala utilización de las tecnologías digitales ha llevado a la manipulación de los datos, con desinformación difundida de manera estratégica y coordinada, y que ha erosionado la confianza en las instituciones democráticas y en el estado de derecho.
Las nuevas tecnologías han debilitado la eficacia de las reglas tradicionales y han cambiado las normas que había sin ellas. Por ejemplo, al haber abierto un amplio abanico de posibilidades a la hora de incentivar el voto – con el envío de un cadena anónima de SMS, el "bombardeo" de correos electrónicos o incluso, creando publicidad pagada en una página web – frente a las limitadas alternativas que había antes en los medios más tradiciones. Otro ejemplo es la expansión de las campañas políticas en la red ya que puede socavar los filtros tradicionales, basados en la verificación de los hechos y en la separación de las opiniones y los hechos.
Los ocho principios adoptados por la Comisión de Venecia
Como respuesta a este panorama, la Comisión de Venecia pide a los legisladores, reguladores, así como a otros actores involucrados en el uso de tecnologías digitales en las elecciones, que respeten un conjunto de principios que ha adoptado para hacer frente a estos desafíos digitales y ayudar a preservar y restaurar la confianza en el proceso democrático.
Principio 1: Los principios de libertad de expresión que implican un amplio debate público deben traducirse en el entorno digital, particularmente durante los períodos electorales.
Principio 2: Durante las campañas electorales, un órgano competente de gestión electoral o un órgano judicial imparcial debe estar facultado para exigir a las empresas privadas que eliminen de Internet contenido de terceros claramente definido, de acuerdo con las leyes electorales y de conformidad con los estándares internacionales.
Principio 3: Durante los períodos electorales, debe protegerse el internet abierto y la neutralidad de la red.
Principio 4: Los datos personales deben protegerse de forma eficaz, especialmente durante el período crucial de elecciones.
Principio 5: La integridad electoral debe ser preservada mediante reglas y regulaciones revisadas periódicamente y basadas en la publicidad política y en la responsabilidad de los intermediarios de Internet.
Principio 6: La integridad electoral debe garantizarse adaptando la normativa internacional específica al nuevo contexto tecnológico y desarrollando capacidades institucionales para combatir las ciberamenazas.
Principio 7: Se debe fortalecer el marco de cooperación internacional y la cooperación público-privada.
Principio 8: Se debe promover la adopción de mecanismos de autorregulación.