La Guardia Civil coordinada por Europol, ha desarrollado la operación Txuspas, en la que han sido intervenidas 38,5 toneladas de “almejas japónicas”. Han sido y detenidas e investigadas 43 personas (39 españoles, 4 portugueses) siendo intervenidos 80.000 euros en metálico y localizada una guardería (almacén clandestino) donde almacenaban la almeja japónica procedente de Portugal. Se han realizado 6 registros y 7 inspecciones, siendo un total de 11 las empresas involucradas en la investigación.
El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) inició el pasado año las investigaciones a raíz de la intoxicación de veintisiete personas en distintos restaurantes de Cantabria y Asturias. Los investigadores han logrado demostrar la existencia de un grupo organizado dedicado a la pesca ilegal de los bivalvos en Portugal y su posterior comercialización a través de viveros españoles. Para ello, utilizaban dos rutas de entrada en España con destino final Huelva y Cantabria.
Tras un brevetratamiento de depuración mediante circulación de agua limpia, incapaz derealizar una depuración completa, la almeja contaminada era puesta en elmercado a través de comercios vinculados con la venta de moluscos yrestaurantes.
Detenidas e investigadas 43 personas de diferentes nacionalidades e intervenidas 38,5 toneladas de almeja japónica
La investigaciónha permitido conocer la connivencia entre los suministradores de la almeja japónicay los responsables de los viveros, los cuales mezclaban los bivalvosintoxicados con la almeja adquirida legalmente, al objeto de hacer perder latrazabilidad. De esta forma, ante una posible intoxicación, resultaríaimposible determinar el origen, intentando así anular cualquier responsabilidadal no ser posible determinar el marisqueo.
Asimismo, losresponsables de los viveros utilizaban documentos falsos de estuariosportugueses con el fin de enmascarar la procedencia real de la almeja.
Aunque la actividad de las empresas investigadas se centraba en España, toda la almeja procedía del marisqueo furtivo en la costa de Portugal, razón por la que se trabajó con ASAE (Autoridade pela Segurança Alimentaria e Economica), la cual llevó a cabo un gran número de servicios coordinados con el SEPRONA, frustrándose en el mes de octubre de 2019 el último envío que la organización criminal trató de introducir en España, aprehendiéndose 2,5 toneladas de almeja japónica contaminada en suelo luso.
Los grupos de furtivos, dedicados a la recolección de los bivalvos intervenidos, estaban compuestos principalmente por personas de diferentes nacionalidades de Europa del Este, con escasos recursos económicos, que actuaban al margen de la legislación, asignación de cupos, etc. Situación que ha perdurado en el tiempo debido a la alta demanda del sector hostelero en zonas costeras.
La investigación, liderada por el Seprona, bajo la coordinación de Europol
Los principalesdirigentes y transportistas han sido detenidos en España y en Portugal tras serobjeto de seguimiento y control de las entregas, de los cobros de dinero yverificar tanto la falta de asentamiento como de trazabilidad de la mercancía.
Lacomercialización de la almeja japónica contaminada fue detectada enrestaurantes y comercios dedicados a la venta de moluscos. En ambos casos,desconocedores de la procedencia real, debido a que las depuradoras españolasenmascaraban su origen.
Durante laoperación se han intervenido 38,5 toneladas de almeja japónica. Los cálculosrealizados por los investigadores cifran en más de 9 millones de euros losbeneficios anuales de esta red delictiva, con una estimación superior a las1000 toneladas de almeja japónica de procedencia ilícita y que eranrecepcionadas por las 11 empresas españolas investigadas.
Seguridad alimentaria: se monitorean las zonas de extracción de moluscos
Los organismos con competencia en las CCAA con la coordinación de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) monitorean constantemente las zonas de extracción de moluscos, dictando prohibiciones temporales o permanentes sobre dichas actividades en caso de detección de niveles de riesgo.
La operación ha sido coordinada por Europol y desarrollada por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) en colaboración con la Dirección de Pesca de Cantabria y sus inspectores, la Aesan (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición) y la Autoridad portuguesa para la Seguridad Alimentaria y Económica (Asae), tutelada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Santander (Cantabria).