Informe 'Despoblamiento rural: la brecha de la desigualdad'

Las oficinas bancarias, el comercio y el transporte público, servicios “clave” para dinamizar la España vacía

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oficina bancaria

La España vacía necesita atenciones y mejoras, si no queremos que se vacíe del todo. Y los servicios bancarios, el comercio y el transporte público son tres prestaciones básicas “clave” para mejorar el atractivo de las áreas rurales, así como la sanidad, la educación y el correo, en un entorno poblacional cuya realidad diferenciada se ha vuelto a poner de manifiesto a raíz del confinamiento y la crisis derivada del coronavirus.

Así se refleja en el informe ‘Despoblamiento rural: la brecha de la desigualdad’, de los sociólogos Luis Camarero (UNED) y Jesús Oliva (Universidad Pública de Navarra), en el que analizan la despoblación rural y certifican que, aunque haya entrado recientemente en la agenda política este problema, se trata de un fenómeno larvado de forma lenta como resultado de un cúmulo de procesos sobre el cual la crisis económica de 2008 tuvo un efecto “determinante”.

El informe destaca a CaixaBank y a Dia como las compañías privadas con mayor presencia en los municipios españoles de menos de 10.000 habitantes, al concentrar la primera más de un tercio de los puntos de atención presencial de las entidades herederas de las antiguas cajas de ahorro, mientras que la cadena de supermercados cuenta con 1.120 establecimientos en estos núcleos de población.

Más de la mitad de los municipios españoles no dispone de oficina bancaria en su núcleo poblacional

En concreto, de los servicios analizados, el bancario ha vivido un proceso de concentración importante (de 45.707 oficinas a 25.755), siendo este procedimiento más acusado en las áreas urbanas que en las rurales. Según datos del Banco de España, más de la mitad de los municipios españoles – 4.109 de 8.131, que congregan a 1,3 millones de personas – no dispone de oficina bancaria.

CaixaBank cuenta con más de 1.300 oficinas bancarias en estos municipios, seguida de Ibercaja (555), Unicaja (511) y Bankia (497), así como con más de 1.100 oficinas en municipios de entre 10.000 y 50.000 habitantes, por delante de Bankia (460), Unicaja (202) y Kutxabank (124).

“La proximidad a las fuentes de crédito es esencial para permitir el desarrollo económico, el surgimiento de proyectos de innovación social, así como el mantenimiento del tejido asociativo en las áreas rurales”, explica el estudio. Por su parte, solo 2.726 municipios del total de los 7.369 con menos de 10.000 habitantes tienen un supermercado. Esto quiere decir que el 60% de los municipios pequeños no cuenta con un establecimiento de estas características.

La cadena de alimentación Dia es la que dispone de una mayor presencia en estas localidades (1.120), seguido de Coviran (1.005) y del grupo HD Covalco (663).

En cuanto a los servicios sanitarios, el estudio apunta a una mejoría en términos generales en la extensión del número puntos de atención primaria desde 2004, aunque con efectos desiguales, ya que algunas regiones han sufrido una fuerte reducción, como Galicia, y otras han vivido un crecimiento, como Cataluña, Andalucía y Castilla-La Mancha.

Sobre los servicios educativos, el informe destaca que en las zonas rurales su cobertura se realiza esencialmente a través de una red pública que se ha mantenido estable e incluso ha aumentado el número de centros durante la crisis. Los últimos datos disponibles (curso 2016-2017) registran alrededor de 3.665 centros docentes de Primaria y Secundaria que albergan unos 280.000 alumnos en municipios de menos de 2.000 habitantes.

De manera contraria a la sanidad y la educación, donde se registra una cierta estabilidad, el estudio detecta una retirada importante del servicio de correos en las zonas rurales, con el cierre de 521 centros que prestaban servicio en áreas rurales en cuatro años (2013-2016).

Además, el transporte público supone, según este trabajo, la gran carencia de las zonas rurales. Las dificultades de acceso a este servicio básico constituyen, según los dos sociólogos, el signo “más evidente” de la desigualdad rural.

“Para garantizar la equidad territorial, el acceso a los servicios es una cuestión central. Por ello resulta esencial el compromiso tanto de las administraciones públicas como de los operadores privados en la provisión de servicios sanitarios, educativos, de transporte, bancarios o comerciales en las áreas rurales y de baja densidad. De este compromiso depende en gran medida la revitalización económica y la capacidad de atracción demográfica de los pueblos”, concluye Luis Camarero.