Infringiría directamente el Tratado de la UE.

El BCE se opone a la eliminación del dinero en efectivo

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efectivo o tarjeta

Los tratados europeos obligan a que los billetes y monedas sean de curso legal. Para el Banco Central Europeo, BCE, el debate sobre este tema no tiene cabida. Su respuesta, a la proposición no de ley del PSOE para la eliminación gradual de los pagos en metálico, ha sido contundente: su desaparición definitiva infringiría directamente el Tratado de la Unión Europea.

La propuesta trata de limitar el pago entre particulares a 1.000 euros como en países vecinos (ahora en España se permiten hasta 2.500 euros); petición que, a las pocas horas, el organismo europeo ha tachado de “desproporcionada, a la luz del impacto potencialmente adverso que originaría en el sistema de pagos en efectivo”, ya que podría dificultar la “liquidación de transacciones legítimas” y hacer peligrar “el concepto de moneda de curso legar consagrado en el Tratado”.

Y con esta ya van tres. Su pronunciamiento al respecto no suena a novedad. El año pasado se vivió la misma confrontación. Entonces, un documento firmado por Mario Draghi alertaba de que erradicar el efectivo podría generar problemas si se dieran fallos en los sistemas técnicos, por ejemplo, de electricidad o conexión a Internet. A la par, el BCE también opinó ya sobre la modificación de pagos con billetes y monedas de las personas físicas no residentes fiscales en España a 10.000 euros, como se solicitaba, por considerar que “no estaba justificada”.

Con anterioridad, en 2010, la Comisión Europea explicó que “la norma debe ser la aceptación del efectivo en euros como medio de pago en transacciones minoristas”, de lo contrario “solo debería ser posible si se basa en razones relacionadas con el principio de buena fe, como que el minorista no tenga cambio disponible”. Otro de los motivos esgrimidos siempre por Europa para poner los puntos sobre las íes en este asunto es la vulnerabilidad que su desaparición supondría para determinados grupos sociales: ancianos, inmigrantes y residente en zonas rurales.

“(…) Un instrumento de pago aceptado por todos, rápido y facilitador del control sobre el gasto del pagador”, así describe el BCE al efectivo. Además de entender que “es el único medio de pago que permite a los ciudadanos transacciones líquidas e instantáneas sin tener que pagar tarifas por uso”, en alusión directa a las comisiones de los bancos derivadas de la utilización de tarjeta.

Colectivos vulnerables, dependencia digital y comisiones con tarjeta, las tres razones que esgrimen en Bruselas

De esta forma, la cronología destaca tres intentos del partido PSOE, estando en el Gobierno y asimismo, tres barreras argumentadas desde la UE: la obligatoriedad de pagar con tarjeta proporcionaría un poder ilimitado a los bancos por las comisiones impuestas a las transacciones – y España es uno de los países donde estas son más altas -, la dependencias completa de lo digital en ese supuesto y la inexistencia de un plan B si se cayera el sistema, y el perjuicio directo a los colectivos citados. En el caso de la población rural incluso chocaría con la preocupación actual de los propios gobernantes para proteger del aislamiento a “la España vacía”.

En paralelo a esta discusión, el Ministerio de Hacienda está preparando una reforma legal encaminada a un mayor control fiscal y sujeción del fraude, que incluye once medidas para “la contención, mitigación y erradicación de la crisis del coronavirus en el ámbito tributario” como ha explicado la propia ministra María Jesús Montero. Pero sus intenciones se han dado de bruces tanto con el Banco Central Europeo como, por tanto, con la Comisión.

¿Saldrá esta propuesta a la luz o se quedará en el banquillo? De momento la advertencia queda sobre la mesa. Y como siempre, continuará… Hasta el próximo asalto (y/o sobresalto), porque los expertos del sector presumen que queda tanto o más carrete que el ya dado, ¡y ya es decir, porque llevamos unos cuantos años con el dilema! Casi va unido con el paso al siglo XXI.