El Consejo General de Enfermería de España ha presentado una querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y varios cargos de su departamento, por un delito contra la seguridad de los trabajadores.
El origen de esta actuación judicial radica en un acuerdoadoptado por unanimidad por la Comisión Ejecutiva del Consejo General deEnfermería, ante la falta de suficiente material de seguridad para protegerseen la asistencia de los pacientes con Covid-19 y por la oleada de contagiosentre profesionales sanitarios y el posterior fallecimiento de varios de ellos.
Dicha Comisión encargó a los servicios jurídicos del Consejola puesta en marcha de las acciones penales, para exigir las responsabilidadesque procedieran a las autoridades sanitarias que están interviniendo en lagestión de la pandemia. A tal fin, los expertos del Consejo General deEnfermería han llevado a cabo un extenso trabajo de investigación y derecopilación de información sobre los medios y materiales de protección de lasenfermeras y enfermeros frente al Covid-19. El resultado final ha llevado alConsejo General de Enfermería a la decisión de actuar judicialmente por la víapenal.
Gracias a toda esta investigación previa, se ha elaboradouna querella extensa y contundente, que contiene más de 50 folios, y en la quese realiza un amplio relato de los hechos, acompañado de abundantedocumentación que explica cómo, conociendo el Gobierno y el Ministerio - almenos, desde finales de enero - la existencia y el alcance de la gravedad delvirus, no se pusieron en marcha las actuaciones necesarias para dotar a losprofesionales sanitarios de los medios y materiales de protección necesarios, alo que hay que añadir la entrega de materiales defectuosos (como los 2,1millones de mascarillas inservibles del fabricante chino Garry Galaxy) o lostest sin la fiabilidad suficiente.
“La única motivación que nos mueve es la salud de todos los profesionales sanitarios y la seguridad nuestros pacientes”
Los otros miembros del equipo de Sanidad contra los que va dirigida la querella son: la directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación, Pilar Aparicio; el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón; la subdirectora general de Promoción de la Salud y Vigilancia en Salud Pública y la subdirectora general de Sanidad Ambiental y Salud Laboral.
Esta querella viene a sumarse a las diferentes actuacionespenales que han ido interponiendo varios Consejos Autonómicos y colegios provincialesde Enfermería de toda España, contra la gestión de las diferentes autoridadessanitarias provinciales y autonómicas, gobernadas por diversos partidospolíticos.
"Somos enfermeros y enfermeras y la única motivaciónque nos mueve es la salud de todos los profesionales sanitarios y la seguridadnuestros pacientes y de los ciudadanos en general, que están por encima deideologías o partidos políticos", afirma rotundamente FlorentinoPérez Raya,presidente de Consejo General de Enfermería.
En la querella presentada por las enfermeras se imputa undelito contra la seguridad de los trabajadores (art. 316 del Código Penal),conforme al cual se castiga a quienes "con infracción de las normas deprevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no facilitenlos medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con lasmedidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligrograve su vida, salud o integridad física". La pena por este delito esde prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.
También se imputan en la querella otros delitos que puedenhaberse producido en relación con el anterior, como la imprudencia grave conresultado de lesiones o de muerte.