El Supremo ordena retirar una cámara de seguridad falsa por violar la intimidad

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cámara de seguridad falsa

Una cámara de seguridad falsa no es como una pistola de juguete. Su mera instalación tiene repercusiones dañinas para otras personas. Al menos eso se desprende de la confirmación de una sentencia por parte del El Tribunal Supremo. Según informa Europa Press, la máxima autoridad judicial del Estado ha dictaminado que la colocación de cámaras de vigilancias falsas orientadas hacia la vivienda de otras personas también vulnera el derecho a la intimidad personal y familiar. Los individuos en el radio de “inacción” de la cámara pueden sentirse observados sin tener la posibilidad de comprobar si el dispositivo era operativo o no.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha confirmado una sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Baleares el 31 de octubre de 2017, que condenó a una sociedad que era propietaria de una finca de Santa Eulalia del Río (Ibiza) por colocar dos cámaras de seguridad con una orientación, al menos una de ellas, a la vivienda unifamiliar del demandante, que era contigua y cuya parcela contaba con una zona de paso para el acceso de personas, vehículos y animales a través de un camino.

El alto tribunal explica en el relato de hechos probados de su sentencia que, en el verano de 2016, la sociedad mercantil instaló en la fachada de su casa dos cámaras de seguridad, que consistía en una simple carcasa alimentada por una batería, sin cableado alguno, cuya función era meramente disuasoria y no eran aptas para grabar, almacenar ni reproducir imágenes. Posteriormente, se colocaron en el mismo inmueble otras que sí estaban controladas por una empresa de seguridad.

El demandante, que no estaba conforme con la orientación de dichos dispositivos antes del proceso judicial, formuló una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), pero debido al archivo del expediente presentó una demanda ante un juzgado de primera instancia de Ibiza, que también la desestimó.

Sin embargo, la Audiencia Provincial revocó esta decisión al apreciar la existencia de intromisión ilegítima en la intimidad del demandante y ordenó a la sociedad a quitar las cámaras en cuestión, o reorientarlas en caso de no ser posible su retirada, así como a abstenerse de repetir conductas semejantes en el futuro.

Los inquilinos de la vivienda podían sentirse observados en su propia parcela

Tras estudiar el recurso presentado por la mercantil, el Tribunal Supremo ha confirmado esta última resolución al entender que “por cómo se orientaron, al menos una de las cámaras generaba la apariencia de que podía captar imágenes no solo del camino de acceso y de las entradas y salidas de la finca del demandante, sino también del jardín de su vivienda”, por lo que podían sentirse observados en su propia parcela.

“El derecho del demandante a la tranquilidad de su vida privada comprende también el de no tener que soportar una incertidumbre permanente acerca de si la cámara orientada hacia su finca es o no operativa, pues su apariencia externa le impide comprobarlo y, en cambio, la demandada siempre tendría la posibilidad de sustituir las cámaras no operativa por otra operativa”, explica el alto tribunal.

Por último, la Sala considera que su instalación, en la forma en que fue realizada, era “innecesaria y desproporcionada”. Añade que aún en el caso de que se pretendiera preservar la seguridad con cámaras no operativas, podrían haberlo conseguido de igual manera asegurándose mediante la orientacón de no despertar sospechas fundadas s sobre si “se estaba comprometiendo de forma innecesaria la vida íntima, personal y familiar del propietario de la finca colindante”. La sentencia puede tener repercusiones en el ámbito de la seguridad.