Coordinación en materia de fraude a los intereses financieros de la Unión Europea

La Guardia Civil y la Intervención General de la Administración del Estado, contra el fraude

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Alerta fraude (Fraud alert)

La Guardia Civil y la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) han firmado un Protocolo General de Actuación para la coordinación y cooperación en materia de fraude a los intereses financieros de la Unión Europea (UE).

Según informan el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Guardia Civil en un comunicado conjunto, el protocolo ha sido suscrito por la directora general del instituto armado español, María Gámez, y por el interventor general de la IGAE, Pablo Arellano.

María Gámez, directora general de la Guardia Civil, y Pablo Arellano, interventor general de la IGAE, firmando el protocolo de lucha contra el fraude

Establece tres mecanismos de colaboración

Con esta firma, se refuerza la relación entre la Guardia Civil y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA) –integrado en la IGAE– en materia de formación y en su cooperación en investigaciones y actuaciones.

En concreto, el protocolo establece tres mecanismos de colaboración entre ambas instituciones: un canal de comunicación ágil para la transmisión de información sobre casos de fraude; la ejecución conjunta de investigaciones de relevancia administrativa o penal; y la formación conjunta para la prevención y lucha antifraude.

Tras la firma de este protocolo, la Guardia Civil ha subrayado que considera una prioridad luchar contra los delitos económicos, especialmente contra los fraudes a los intereses de la UE y los fraudes a la Hacienda Pública, y que para esta tarea es fundamental la coordinación con otras instituciones.

El Servicio Nacional de Coordinación Antifraude lleva a cabo actuaciones de investigación administrativa sobre posibles casos de fraude e irregularidades que afectan a los intereses de la UE y tiene un canal específico en el que cualquier persona puede denunciarlos.

“Las actividades ilícitas cometidas contra los intereses financieros de la Unión, constituyen un fraude en el gasto de la política de cohesión. Además, reducen los recursos de las administraciones y perjudican directamente los derechos de los ciudadanos, causando un perjuicio a la sociedad”, destaca el comunicado.

Datos que ponen de manifiesto el perjuicio del fraude

En este sentido, el escrito recuerda el Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la protección de los intereses financieros de la UE y la lucha contra el fraude de 2019, el cual expone que durante el año pasado se notificaron 939 irregularidades fraudulentas, con un importe asociado de unos 461,4 millones de euros. Y añade que, también el año pasado, la Guardia Civil lideró junto a EUROPOOL la operación OPSON IX contra el fraude agroalimentario en la que la OLAF dirigió y coordinó la acción específica dirigida a garantizar el cumplimiento tributario relativo al vino y las bebidas alcohólicas.

En dicha operación, el instituto armado detectó más de 900 infracciones administrativas y 23 infracciones penales, con un balance de 19 personas detenidas y 40 investigadas, a las que se les imputan delitos contra la salud pública y los consumidores, falsedad documental y estafa.

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La Guardia Civil y la Intervención General de la Administración del Estado refuerzan su cooperación contra el fraude
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Ambas instituciones han firmado un Protocolo de Actuación para la coordinación y cooperación en materia de fraude a los intereses financieros de la Unión Europea.
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