Lluvia de investigaciones y diligencias abiertas

La cara y la cruz de las residencias geriátricas en tiempos del coronavirus

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residencias mayores

La realidad ya estaba ahí. La pandemia Covid-19 solo ha puesto el foco sobre ella. Y, de qué manera: unas 17.000 personas mayores fallecidas en residencias (70% del total notificado por el Ministerio de Sanidad) y más de 3.000 profesionales contagiados.

Estos son los datos, que sepamos, a falta de test generalizados para un sector muy atomizado en España (5.400 centros) y desde hace unos años dominado por grandes grupos, también extranjeros (el 30% de la facturación en manos francesas); inversiones relativas a la oferta privada, muy descompensada con la pública (salvo en Galicia y Canarias), acaparando la primera un 60% del mercado frente a esta, según datos de una radiografía hecha por Alimarket (en la que también se incluyen las propuestas del Tercer Sector).

Por lo tanto, unos números que evidencian un boom de apertura de geriátricos, asociado lógicamente al negocio inmobiliario e inversor, y a una demanda que no para de crecer, ni lo hará. En una década, se espera que el 26% de la población española supere los 65 años. Si sumamos a la previsión, que los expertos calculan en unos márgenes que van del 25% al 50%, el atractivo está más que servido.

Hasta que ha llegado el coronavirus, en forma de cerilla y lo ha ‘incendiado’ todo, y encima, sin avisar. Y ahora, todos nos echamos las manos a la cabeza. Pero ¿no era previsible – o cuanto menos visible-? (y no me refiero al inimaginable Covid-19). Sin embargo, siempre es más fácil mirar para otro lado, mientras haya calma chicha. Y parecía que la había, ahí radica su gran mérito y su papel social, mantenernos tranquilos, haciendo lo que podían, mientras todo parecía funcionar. Aunque intuyéramos y supiéramos, se iba tirando.

La dificultad de encontrar una residencia con servicios y medios suficientes

El problema es que todo se mantenía con demasiadas limitaciones y carencias. Un panorama que pude comprobar en directo, hace un año, por necesidades familiares. Mi padre enfermó y cuando su deterioro progresivo se encalló en ese limbo médico de “no está bien, pero no tiene un diagnóstico que justifique que siga hospitalizado” decidimos buscarle residencia. En teoría para que estuviera más acompañado y atendido que en casa; y, sobre todo, para intentar que recuperase un tono físico que se había evaporado y que le había convertido en dependiente.

Hicimos un barrido completo, por supuesto de la oferta privada, pero el plazo era corto y larga la lista de espera en los centros públicos. Además, necesitábamos algo más que la media hora de fisio que ofrecen estos una o dos veces, según la suerte, a la semana. Ninguna nos pareció preparada para cubrir nuestras expectativas, quizás erróneas por desconocer el sector de atención a la dependencia. Y todas, poco baratas (en torno a 1.700 euros mensuales de media; sin sumar luego extras si quieres más atención, habitación individual, etc.). Eso sí, mucha talla humana y profesional, en la mayoría de las plantillas, pero apenas medios tanto en instalaciones y espacios como en personal (esto mucho más evidente y, a nuestro parecer, grave).

Medicalizar o no las residencias, un debate que el coronavirus ha puesto en plena actualidad

La conclusión fue clara: cuidar no es curar; y esto segundo no es la misión de estos centros, cierto. El debate de si medicalizar o no las residencias es de plena actualidad, después de lo que ha pasado. Pero es que tampoco nos pareció que pudiera cumplirse lo primero. Imposible. Cuestión de ratios (según Inforesidencias.com) y “dejando a un lado las diferencias entre comunidades autónomas, pues cada una tiene su regulación y sus requisitos respecto al personal”, el mínimo exigido es de un profesional que preste asistencia directa en jornada completa para cada cuatro mayores, y esto también relativo según los grados de dependencia.

Demasiado esfuerzo profesional, intentando abarcar lo inabarcable. Porque, aparte, los distintos sindicatos de enfermería vienen denunciando desde tiempo atrás que estos porcentajes no se cumplen.

Nunca es bueno generalizar y, en este caso menos, porque nuestro peregrinaje fue en Segovia. Un botón de muestra que, coincidencia o no, encabeza el ranking de provincias con más fallecidos en centros asistenciales – casi 400 a primeros de mayo y unos 800 contagiados – de Castilla y León, comunidad envejecida donde las haya, y en consecuencia de las de mayor tasa de mortalidad en residencias – cerca de 3.000, según la Junta – durante esta pandemia. Por detrás de Cataluña, que contabiliza 3.178 fallecidos en sus centros, con los datos de mediados de abril, cuando el Departamento de Salud dejó de actualizarlos y de la ‘zona cero’ madrileña (6.000 defunciones por coronavirus en sus 700 centros, lo que convierte a la capital en el epicentro de la tragedia respecto a la población anciana). Todo ello más basado en tanteos que en exactitudes, porque cada región cuenta sus muertos a su manera, lo que se suma a ese régimen competencial y legislativo difuso.

También se entiende mal el sistema de subastas y concesiones públicas, sobre todo en algunas autonomías, donde existen hasta listas negras de centros que, por incumplimientos, han tenido hasta multas, cuyos contratos a veces continúan despertando serias dudas. Actuaciones que ahora no quedarán en sospechas, ya que ha habido localidades que, ante el desbordamiento, han tenido que recabar auxilio judicial para proteger el derecho a la protección de la salud de los residentes frente a la inactividad de las autoridades sanitarias.

Por no hablar de la oleada de demandas de las familias. “Hay muchísimas denuncias”, aseguran desde la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores, Pladigmare. “Los familiares están empezando a reaccionar y no damos abasto las cinco personas que estamos atendiendo el teléfono”, reconocían esta misma semana.

Los expertos consideran que esto no ha hecho más que empezar. De momento una veintena de casos judicializados en distintos puntos de España. El Ministerio Fiscal, por su parte, dice tener entre manos 143 investigaciones penales abiertas en residencias. A la par, se están tramitando 176 diligencias civiles – expedientes gubernativos y diligencias preprocesales – sobre protección y defensa de los derechos de los ancianos.

Muchos frentes que han puesto el modelo asistencial en entredicho y nadie duda que, en adelante, habrá cambios obligados. La cuestión es cuales y cómo, y no parece haber mucho acuerdo, entre otras cosas porque hay muchos tipos de centros y por tanto las ofertas son muy distintas. Ello dejando a un lado lo mucho que difieren en los medios, los metros (y por tanto las posibilidades de aislamiento de los infectados) y un sinfín de parámetros que dejan ver, de todo, menos homogeneidad.

Choca comprobar que no hay relación tan directa – aunque exista, claro – entre las dotaciones y una mejor gestión. La profesionalidad (que no profesionalización, otra reclamación antigua) en muchos casos ha suplido las carencias. Y, sobre todo, cabe destacar a todos aquellos centros, muchos, en los que el personal decidió encerrarse con sus mayores hasta pasar esas semanas tan difíciles en las que reinaba el descontrol y el miedo. Una forma de mermar riesgos, cuando ni siquiera se tenían las protecciones mínimas.

Creación de un nuevo espacio sociosanitario

Tal vez sea el momento, en homenaje a tantos mayores que se han quedado en el camino por el Covid-19, de atender esa reclamación histórica que, desde la Asociación Estatal de Servicios Residenciales de la Tercera Edad, AESTE, tanto hemos oído: la creación de un espacio sociosanitario. “El modelo que se creó en 2006 necesita una revisión profunda diferenciando qué centros pueden adaptarse a los nuevos perfiles de demanda: cada vez más residentes con altos grados de dependencia, enfermedades crónicas varias y polimedicados”, detalla Jesús Cubero, su secretario general.

Probablemente, antes de definir un modelo futuro, habrá que analizar bien cuales han sido los factores más determinantes (entre los tantísimos que se deben tener en cuenta) para la alta afectación que ha habido en este rango de población y especialmente, en los que se encontraban en centros de dependencia. Algo que no ha sucedido solo aquí, pues también lo han padecido países como Bélgica, Noruega, Reino Unido y EEUU, entre otros.  

En España, Domusvi, Orpea y Vitalia Home son el trío con más cuota de mercado

Todos cuentan con pérdidas post-Covid, pero un sondeo reciente hace intuir que seguirán con sus planes, puesto que el negocio seguirá siendo próspero. Esta misma semana, la empresa Atirual, del grupo francés Orpea, anunciaba que invertirá 10 millones en una nueva residencia en Sevilla. Es importante, mucho, que se siga reforzando y ampliando la oferta. Pero es necesario invertir a la vez en mejorar muchas otras cosas, entendiendo que la pandemia del Covid-19 es, para todos, un punto de inflexión obligado. Y en este sector, más.

Los elevados índices de mortalidad obligan a repensar. Hablamos de personas (no de valor especulativo), aunque sean de “tercera edad” (no categoría). Los más vulnerables han sido los más golpeados y eso exige dotarles de fortaleza y devolverles la confianza. A sus familias también, que son las que más caro están pagando el distanciamiento social; tanto, que no han podido ni pueden acompañarles ni despedirles en su tan cruel e injusto final.