Carlos Rus, presidente de ASPE: “Aquí no se ha regulado nada”

España, a la cola de Europa en colaboración sanitaria público-privada contra el Covid-19

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La sanidad privada se lamenta, y con razón, de que no se haya establecido todavía un regulación homogénea para fijar las líneas de actuación y de colaboración entre la sanidad pública y privada y así gestionar mejor la lucha contra el Covid-19.

Carlos Rus, presidente de ASPE (Alianza de la Sanidad Privada Española) subraya que, a día de hoy, todavía no se conocen qué partidas de los fondos europeos irán a la sanidad privada. Cada comunidad ha funcionado de forma independiente durante esta pandemia.

“Nos hemos puesto a disposición del Ministerio de Sanidad, pero no se ha regulado nada” , se queja Carlos Rus, al mismo tiempo que explica la actuación que se ha llevado a cabo en otros países europeos. “En Alemania han dicho: vamos a potenciar la creación de UCIs y vamos a compensar a los hospitales por las intervenciones que no pueden llevar a cabo por haber tenido que liberar esos recursos. Y han establecido un plazo de pago de cinco días para facilitar que hubiera liquidez. Estamos hablando de momentos en los que el precio de las mascarillas estaba a un 1.423%  sobre su precio habitual”, afirma.

Carlos Rus, presidente de ASPE

En Francia, según datos recogidos por ASPE, a todos los hospitales, públicos y privados, se les han mantenido los mismos ingresos que el año anterior a la pandemia. “A nosotros – recuerda Rus – se nos declara servicio esencial y no podemos establecer ningún tipo de regulación. Mantenemos todos los costes estructurales y ponemos todos nuestros medios a disposición de la Administración, pero además ha habido que multiplicar las UCIs en Madrid y Barcelona. Sin embargo, en las zonas donde ha habido menos contagios te encontrabas con hospitales llenos de profesionales y vacíos de pacientes”.

En Alemania y el Reino Unido acordaron con la sanidad privada dar prioridad absoluta a la lucha contra el Covid-19 con mecanismos de acción inmediata

En Alemania y el Reino Unido acordaron con la sanidad privada dar prioridad absoluta a la lucha contra el Covid-19, con mecanismos de acción inmediata y una regulación que permite atender mejor a los pacientes y compensar las consecuencias económicas a los hospitales. Nada que ver con España, donde se ha delegado en cada una de las 17 consejerías de Sanidad de las otras tantas comunidades autónomas la respuesta a la pandemia y la negociación de la colaboración sanitaria público-privada, lo que impide una actuación homogénea y pone en riesgo la sostenibilidad de un sector que genera empleo cualificado y apoya la investigación médica.

Por otra parte, la falta de previsión del Gobierno, que intervino toda la sanidad privada independientemente de la incidencia de la pandemia en cada zona, dejó a muchas clínicas sin sus pacientes habituales y sin enfermos de Covid-19, y al frenar su actividad e ingresos ha provocado el riesgo de cerrar 2.400 clínicas y despedir a 60.000 profesionales médicos.

“En Barcelona estábamos dentro de la red de abastecimiento y teníamos acceso a las plataformas logísticas de compra”, afirma Carlos Rus. “En Madrid también hemos tenido una mesa conjunta donde, día a día, se nos ha ido informando. Ha existido colaboración y una comunicación muy estrecha. Pero en otras comunidades se nos ha convocado después de pedirlo insistentemente, como ha sido el caso de Valencia”.

“Un segundo confinamiento, con una situación similar a la anterior, supondría un impacto brutal para el sector”, afirma Carlos Rus

La comunicación de los representantes de la sanidad privada con el Ministerio ha sido permanente, pero no ha dado sus frutos. En lugar de marcar unas pautas de colaboración y de compensación, Salvador Illa lo ha dejado todo en manos de negociaciones por separado con cada comunidad autónoma. Mientras que un 60% de los españoles reclama una mayor colaboración sanitaria público-privada y reconoce que el sector, con más de 260.000 empleados, es una fuente de generación de riqueza y empleos de calidad de difícil deslocalización, aquí nadie responde con hechos y respuestas que lo avalen.  

Según las fuentes consultadas por Escudo Digital, España se encuentra a la cola europea de la colaboración sanitaria público-privada en la lucha contra la pandemia. La decisión del Gobierno de poner bajo el mando único sanitario a todas las clínicas privadas sin importar la incidencia del coronavirus en cada zona y la delegación de los acuerdos entre la Administración y las empresas privadas han generado un perjuicio inasumible para las clínicas.

¿Qué puede pasar ahora, si siguen aumentando los rebrotes y los contagios?  “La primera etapa ha sido muy dura para los hospitales – explica Rus –, pero un segundo confinamiento, con una situación similar a la anterior, supondría un impacto brutal para el sector”.

El coste económico también podría provocar una crisis de consecuencias muy difíciles de cuantificar. “En una estructura de coste normal, el 80% del gasto de un hospital se ha mantenido durante estos últimos meses, pero los ingresos han caído, dependiendo del centro y de la ubicación, entre un 60% y un 100%”, afirma el presidente de ASPE.

“El mando único provocó que muchos centros privados tuviesen que rechazar a sus pacientes habituales para dar cabida a enfermos por el coronavirus SARS-CoV-2, que nunca llegaron por estar en zonas de baja incidencia de la pandemia. De esta forma, se cerró la vía de ingresos de estas empresas, no se utilizaron sus recursos ni se permitió acogerse a los ERTEs por ser un sector estratégico. Esta situación ha provocado que ahora mismo esté en serio riesgo la supervivencia de más de 2.400 centros médicos y el empleo de cerca de 60.000 profesionales sanitarios”, se informa desde la Alianza de Sanidad Privada Española. Y, ojo, que estamos hablando de un sector que supone el 3,4% del PIB nacional y emplea a 266.000 profesionales de alto valor.

Mientras en España cada comunidad hace lo que considera oportuno, sin que el Gobierno establezca unas tarifas razonables y homogéneas, en Francia, Alemania y Reino Unido se ha impuesto una fórmula de colaboración en la que prima la salud de la población y la compensación a las empresas para garantizar un servicio adecuado y el mantenimiento de un sector estratégico y de alto valor añadido.

No es incompatible defender la sanidad privada en convivencia y colaboración con la sanidad pública

“Salvo en Corea del Norte y Cuba, en el resto del planeta existe sanidad pública y privada, que funciona de manera correcta. Pero en España parece que apoyar y defender la sanidad privada es ir contra la pública, cosa que no es cierto. El 37% de las intervenciones quirúrgicas que se hacen hoy en nuestro país tienen lugar en hospitales privados. Y lo que cuesta una póliza al año en España de media es casi lo que cuesta al mes en Alemania”, apunta Rus.

Precisamente, en Alemania, el Consejo General ha aprobado dos paquetes legislativos. Por un lado, la ‘Ley de ayuda hospitalaria Covid-19’ para compensar las consecuencias económicas de los hospitales y los médicos contratados.  Por otro lado, la ‘Ley para la protección de la población en una situación de epidemia de importancia nacional’ para mejorar la capacidad de respuesta a las epidemias. Ambas iniciativas han sido coordinadas por el Gobierno Federal.

La ‘Ley de ayuda hospitalaria’ tiene dos vertientes: primero, la salud de la ciudadanía alemana al poner a su disposición toda la red de centros médicos, tanto públicos como privados, sin que tengan que pensar en el coste de los tratamientos. Esto garantiza la mejor cobertura a la población, anteponiendo el freno a la pandemia y la rápida recuperación de sus efectos antes que cualquier otra consideración.

En el Reino Unido, el Gobierno tramitó una ley de emergencia para lograr una amplia flexibilidad de personal y regulación en lo que respecta al sector de la salud y la asistencia social. Gracias a esta legislación, se ha otorgado a la sanidad privada financiación adicional para cubrir los costes colaterales provocados por la respuesta al coronavirus.

Francia ha apoyado económicamente a todos los establecimientos de salud del sector, tanto públicos como privados. El día 10 de cada mes, el seguro social ingresaba a las empresas privadas de salud un porcentaje de lo facturado en el mismo periodo del año anterior. Además, Francia abona una tarifa adicional por cada paciente hospitalizado con Covid-19. Este sistema de pagos sobre los ingresos del año anterior también se aplica a los salarios de los médicos privados.

Mientras que aquí, en España, la legislación varía de comunidad en comunidad y no existe unanimidad a la hora de fijar criterios ni de salud ni económicos. Así es muy difícil utilizar todo el potencial del sector privado en la lucha contra la pandemia y garantizar la salud de la ciudadanía. La población, insisten en el sector, reclama una mayor cooperación público-privada.

Según la ‘Encuesta de percepción sobre la aportación de la sanidad privada’, elaborada por la Fundación Idis, un 56,6 % de los españoles cree que el nivel de colaboración sanidad pública-privada debería aumentar. Pero la realidad es otra. Cerca de 60.000 profesionales y unos 2.400 centro de salud privados intentan sobrevivir con 17 burocracias distintas justo cuando el país más necesita una atención sanitaria asequible y de calidad.