La cara y la cruz de las residencias geriátricas en tiempos del coronavirus

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residencias mayores
residencias mayores

La realidad ya estaba ahí. La pandemia Covid-19 solo ha puesto el foco sobre ella. Y, de qué manera: unas 17.000 personas mayores fallecidas en residencias (70% del total notificado por el Ministerio de Sanidad) y más de 3.000 profesionales contagiados.

Estos sonlos datos, que sepamos, a falta de test generalizados para un sector muyatomizado en España (5.400 centros) y desde hace unos años dominado por grandesgrupos, también extranjeros (el 30% de la facturación en manos francesas);inversiones relativas a la oferta privada, muy descompensada con la pública(salvo en Galicia y Canarias), acaparando la primera un 60% del mercado frentea esta, según datos de una radiografía hecha por Alimarket (en la que tambiénse incluyen las propuestas del Tercer Sector).

Por lo tanto, unos números que evidencian un boom de apertura de geriátricos, asociado lógicamente al negocio inmobiliario e inversor, y a una demanda que no para de crecer, ni lo hará. En una década, se espera que el 26% de la población española supere los 65 años. Si sumamos a la previsión, que los expertos calculan en unos márgenes que van del 25% al 50%, el atractivo está más que servido.

Hasta que hallegado el coronavirus, en forma de cerilla y lo ha 'incendiado' todo, yencima, sin avisar. Y ahora, todos nos echamos las manos a la cabeza. Pero ¿noera previsible – o cuanto menos visible-? (y no me refiero al inimaginable Covid-19).Sin embargo, siempre es más fácil mirar para otro lado, mientras haya calmachicha. Y parecía que la había, ahí radica su gran mérito y su papel social,mantenernos tranquilos, haciendo lo que podían, mientras todo parecíafuncionar. Aunque intuyéramos y supiéramos, se iba tirando.

La dificultad de encontrar una residencia con servicios y medios suficientes

El problema es que todo se mantenía con demasiadas limitaciones y carencias. Un panorama que pude comprobar en directo, hace un año, por necesidades familiares. Mi padre enfermó y cuando su deterioro progresivo se encalló en ese limbo médico de “no está bien, pero no tiene un diagnóstico que justifique que siga hospitalizado” decidimos buscarle residencia. En teoría para que estuviera más acompañado y atendido que en casa; y, sobre todo, para intentar que recuperase un tono físico que se había evaporado y que le había convertido en dependiente.

Hicimos unbarrido completo, por supuesto de la oferta privada, pero el plazo era corto ylarga la lista de espera en los centros públicos. Además, necesitábamos algomás que la media hora de fisio que ofrecen estos una o dos veces, según lasuerte, a la semana. Ninguna nos pareció preparada para cubrir nuestrasexpectativas, quizás erróneas por desconocer el sector de atención a ladependencia. Y todas, poco baratas (en torno a 1.700 euros mensuales de media;sin sumar luego extras si quieres más atención, habitación individual, etc.).Eso sí, mucha talla humana y profesional, en la mayoría de las plantillas, peroapenas medios tanto en instalaciones y espacios como en personal (esto muchomás evidente y, a nuestro parecer, grave).

Medicalizar o no las residencias, un debate que el coronavirus ha puesto en plena actualidad

Laconclusión fue clara: cuidar no es curar; y esto segundo no es la misión deestos centros, cierto. El debate de si medicalizar o no las residencias es deplena actualidad, después de lo que ha pasado. Pero es que tampoco nos parecióque pudiera cumplirse lo primero. Imposible. Cuestión de ratios (según Inforesidencias.com) y “dejando a unlado las diferencias entre comunidades autónomas, pues cada una tiene su regulacióny sus requisitos respecto al personal”, el mínimo exigido es de unprofesional que preste asistencia directa en jornada completa para cada cuatromayores, y esto también relativo según los grados de dependencia.

Demasiado esfuerzo profesional, intentando abarcar lo inabarcable. Porque, aparte, los distintos sindicatos de enfermería vienen denunciando desde tiempo atrás que estos porcentajes no se cumplen.

Nunca esbueno generalizar y, en este caso menos, porque nuestro peregrinaje fue enSegovia. Un botón de muestra que, coincidencia o no, encabeza el ranking deprovincias con más fallecidos en centros asistenciales - casi 400 a primeros demayo y unos 800 contagiados - de Castilla y León, comunidad envejecida dondelas haya, y en consecuencia de las de mayor tasa de mortalidad en residencias –cerca de 3.000, según la Junta - durante esta pandemia. Por detrás de Cataluña,que contabiliza 3.178 fallecidos en sus centros, con los datos de mediados deabril, cuando el Departamento de Salud dejó de actualizarlos y de la 'zonacero' madrileña (6.000 defunciones por coronavirus en sus 700 centros, lo queconvierte a la capital en el epicentro de la tragedia respecto a la poblaciónanciana). Todo ello más basado en tanteos que en exactitudes, porque cada regióncuenta sus muertos a su manera, lo que se suma a ese régimen competencial ylegislativo difuso.

También seentiende mal el sistema de subastas y concesiones públicas, sobre todo enalgunas autonomías, donde existen hasta listas negras de centros que, porincumplimientos, han tenido hasta multas, cuyos contratos a veces continúandespertando serias dudas. Actuaciones que ahora no quedarán en sospechas, yaque ha habido localidades que, ante el desbordamiento, han tenido que recabarauxilio judicial para proteger el derecho a la protección de la salud de losresidentes frente a la inactividad de las autoridades sanitarias.

Por nohablar de la oleada de demandas de las familias. “Hay muchísimas denuncias”,aseguran desde la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores, Pladigmare. “Los familiares estánempezando a reaccionar y no damos abasto las cinco personas que estamosatendiendo el teléfono”, reconocían esta misma semana.

Los expertos consideran que esto no ha hecho más que empezar. De momento una veintena de casos judicializados en distintos puntos de España. El Ministerio Fiscal, por su parte, dice tener entre manos 143 investigaciones penales abiertas en residencias. A la par, se están tramitando 176 diligencias civiles - expedientes gubernativos y diligencias preprocesales - sobre protección y defensa de los derechos de los ancianos.

Muchosfrentes que han puesto el modelo asistencial en entredicho y nadie duda que, enadelante, habrá cambios obligados. La cuestión es cuales y cómo, y no parecehaber mucho acuerdo, entre otras cosas porque hay muchos tipos de centros y portanto las ofertas son muy distintas. Ello dejando a un lado lo mucho quedifieren en los medios, los metros (y por tanto las posibilidades deaislamiento de los infectados) y un sinfín de parámetros que dejan ver, detodo, menos homogeneidad.

Chocacomprobar que no hay relación tan directa - aunque exista, claro - entre lasdotaciones y una mejor gestión. La profesionalidad (que no profesionalización,otra reclamación antigua) en muchos casos ha suplido las carencias. Y, sobretodo, cabe destacar a todos aquellos centros, muchos, en los que el personaldecidió encerrarse con sus mayores hasta pasar esas semanas tan difíciles enlas que reinaba el descontrol y el miedo. Una forma de mermar riesgos, cuandoni siquiera se tenían las protecciones mínimas.

Creación de un nuevo espacio sociosanitario

Tal vez seael momento, en homenaje a tantos mayores que se han quedado en el camino por elCovid-19, de atender esa reclamación histórica que, desde la Asociación Estatalde Servicios Residenciales de la Tercera Edad, AESTE, tanto hemos oído:la creación de un espacio sociosanitario. “El modelo que se creó en 2006necesita una revisión profunda diferenciando qué centros pueden adaptarse a losnuevos perfiles de demanda: cada vez más residentes con altos grados dedependencia, enfermedades crónicas varias y polimedicados”, detalla Jesús Cubero, su secretario general.

Probablemente,antes de definir un modelo futuro, habrá que analizar bien cuales han sido losfactores más determinantes (entre los tantísimos que se deben tener en cuenta)para la alta afectación que ha habido en este rango de población yespecialmente, en los que se encontraban en centros de dependencia. Algo que noha sucedido solo aquí, pues también lo han padecido países como Bélgica,Noruega, Reino Unido y EEUU, entre otros.  

En España, Domusvi, Orpea y Vitalia Home son el trío con más cuota de mercado

Todoscuentan con pérdidas post-Covid, pero un sondeo reciente hace intuir queseguirán con sus planes, puesto que el negocio seguirá siendo próspero. Estamisma semana, la empresa Atirual, del grupo francés Orpea, anunciaba queinvertirá 10 millones en una nueva residencia en Sevilla. Es importante, mucho,que se siga reforzando y ampliando la oferta. Pero es necesario invertir a lavez en mejorar muchas otras cosas, entendiendo que la pandemia del Covid-19 es,para todos, un punto de inflexión obligado. Y en este sector, más.

Los elevadosíndices de mortalidad obligan a repensar. Hablamos de personas (no de valorespeculativo), aunque sean de “tercera edad” (no categoría). Los másvulnerables han sido los más golpeados y eso exige dotarles de fortaleza ydevolverles la confianza. A sus familias también, que son las que más caroestán pagando el distanciamiento social; tanto, que no han podido ni puedenacompañarles ni despedirles en su tan cruel e injusto final.