Irídia, una asociación que trabaja en Cataluña para defender los derechos humanos, principalmente civiles y políticos, ha logrado un fallo a favor de la Audiencia Provincial, de cara a la imputación de tres directivos de NSO Group, la compañía israelí detrás del software espía Pegasus.
Los ejecutivos serán investigados por, presuntamente, el descubrimiento y la revelación de secretos. El juez se había negado a imputarlos.
Se sospecha que al menos 63 miembros de la sociedad civil catalana fueron atacados con tecnología de vigilancia del fabricante de software.
"Esto sienta un precedente importante en la lucha contra el espionaje de spyware en Europa y representa un importante paso adelante en la investigación. Las personas involucradas deberán responder personalmente ante los tribunales. Esto llega en un momento en el que cada vez hay más evidencias de la responsabilidad de la empresa en el proceso de infección", señala la asociación en un comunicado.
Los acusados son Shalev Hulio, Omri Lavie y Yuval Somekh. Estos tuvieron puestos de responsabilidad en NSO Group Technologies Limited, OSY Technologies y Q Cyber Technologies, su matriz que opera dentro de la Unión Europea en Luxemburgo.
Falta de cooperación de España
"El tribunal afirma que la actitud tanto del juez de instrucción como del fiscal al negarse a admitir la ampliación de la denuncia fue "incoherente con el estado actual del proceso" y que "parece totalmente lógico extender la acusación a las personas que han sido identificadas como responsables de las decisiones adoptadas por estas empresas". "Esta actitud por parte de la Fiscalía se suma al silencio y la falta de cooperación del Estado español en este caso", insisten.
En un informe de 2022 Citizen Lab, un grupo con sede en la Universidad de Toronto conocido por investigar y diagnosticar el software espía que afecta a miembros de la sociedad civil, señaló que la mayoría de los incidentes tuvieron lugar entre 2017 y 2020.
Desde Citizen Lab indicaron que no podían "atribuir de manera concluyente" los ataques a un gobierno específico, pero existía una "amplia evidencia circunstancial" que apuntaba al gobierno español.