El notable incremento de los ciberataques dirigidos a administraciones públicas preocupa, y mucho, a los gobernantes de todo el mundo. Ésta es una de las conclusiones de la conferencia sobre ‘Ciberamenazas para la seguridad nacional de un estado’ que el director de ciberseguridad de UNIVERSAE, Andrés Soriano, ha ofrecido en las jornadas organizadas por el Departamento de Estado de EE.UU., Departamento de Comercio y la Embajada de Estados Unidos de Costa Rica ante representantes gubernamentales de distintos países del mundo y Latinoamérica.
A la ponencia, enmarcada en las jornadas sobre 5G y ciberseguridad del Departamento de Comercio de Estados Unidos, asistieron la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Bogantes; el embajador de Estados Unidos para Ciberespacio y Política Digital, Nathaniel Fick; la embajadora de Estados Unidos en Costa Rica, Cynthia Telles, y representantes de los gobiernos de 15 delegaciones internacionales, entre las que se destacan EEUU, Costa Rica, Finlandia, Japón, República Checa, Argentina, Uruguay, entre otros muchos.
Así, Soriano contextualizó con distintos datos la situación actual del cibercrimen en la Región latinoamericana y resto del mundo, enumerando las últimas operaciones de ciberespionaje y subversiones asociadas a las Amenazas Avanzadas Persistentes patrocinadas por determinados actores Estado.
El director de ciberseguridad de UNIVERSAE explicó que “el cibercrimen se ha convertido en la tercera economía mundial, incrementando sus beneficios en un monto equiparable al PIB de Alemania, España y Japón juntos. Sus objetivos principales son los gobiernos y administración Pública, individuos objetivo y el sector salud”. Para ejemplificar estas declaraciones presentó un detallado estudio de los últimos incidentes de ransomware que afectaron al Ministerio de Defensa y al Ejército de Perú, junto a la brecha de datos que ha expuesto datos personales de más de 5 millones de personas en El Salvador.
Para finalizar, Soriano hizo un llamamiento en favor de la concienciación, educación y colaboración internacional que deben seguir los gobiernos para garantizar la seguridad de los ciudadanos.