Fue cuando finalizaba 2012. Se dieron a conocer las primeras especificaciones de DMARC, acrónimo en inglés de Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance. Estamos hablando de un protocolo de autenticación de correo electrónico de código abierto que suministra protección a nivel de dominio para el canal de correo electrónico. Han pasado diez años desde entonces y aunque parezca mentira, el uso de DMARC como parte de las estrategias de seguridad de administraciones públicas y empresas todavía no está tan generalizado como debiera.
Algo que choca frontalmente con el propósito y objetivo de la implementación de DMARC: proteger un dominio de ser utilizado por los cibercriminales en sus amenazas basadas en el correo electrónico.
Con motivo del décimo aniversario de la primera publicación del protocolo DMARC, Proofpoint ha hecho un estudio que evalúa el uso del protocolo DMARC por parte de las principales administraciones públicas españolas. En concreto, se ha centrado en las páginas web de los ministerios y la presidencia del gobierno, así como en los portales de Internet de las 17 comunidades autónomas y los principales organismos gubernamentales.
Problemas de falta de protección contra el fraude electrónico a los ciudadanos en los Ministerios y en Moncloa
Los ciberdelincuentes utilizan regularmente el método de suplantación de dominio para hacerse pasar por organizaciones y empresas conocidas, enviando correos electrónicos desde una dirección aparentemente legítima. Estos correos electrónicos están diseñados para engañar a los usuarios y conseguir que hagan clic en enlaces o compartan datos personales, que luego pueden ser utilizados para robar dinero o identidades.
Para un usuario no avanzado de Internet puede ser prácticamente imposible distinguir entre un remitente falso de uno real. Al implementar el nivel más estricto de DMARC (‘rechazo’ o ‘reject’ en inglés), las organizaciones pueden bloquear activamente los correos electrónicos fraudulentos para que no lleguen a sus destinatarios, protegiendo a los usuarios de los ciberdelincuentes que buscan suplantar su marca.
Estas son las principales conclusiones del análisis:
El 83% de los sitios web de los Ministerios y de la Presidencia del Gobierno no tienen implantada ninguna política de DMARC, lo que significa que no están tomando ninguna medida para proteger proactivamente a los ciudadanos contra los riesgos del fraude por correo electrónico
Además, sólo 4 (17%) de los 23 dominios analizados a nivel estatal han implementado el nivel recomendado y más estricto de protección DMARC (reject), que realmente bloquea los correos electrónicos fraudulentos para que no lleguen a sus destinatarios, lo que significa que el 83% está dejando a los usuarios expuestos al fraude por correo electrónico
Problemas de falta de protección contra el fraude electrónico a los ciudadanos en las Comunidades Autónomas y los Servicios del Sector Público
- Sólo 10 de las 17 autonomías que hay en España, lo que representa un 59% , han publicado registros DMARC, lo que significa que el 41% no protege proactivamente a los ciudadanos del riesgo de fraude por correo electrónico.
- Sin embargo, sólo 3 (18%) han implementado el grado más alto de protección.
- En cuanto a los Servicios del Sector Público, el análisis concluyó que no hay datos de registro DMARC para algunos de los principales servicios de la administración electrónica en España, lo que significa que el 100% está dejando a los usuarios expuestos al fraude por correo electrónico.
El análisis de Proofpoint permite conocer de primera mano cómo algunos de los principales organismos públicos han puesto ya en marcha mecanismos de defensa para una autenticación efectiva de sus comunicaciones por correo electrónico.
De esta forma, protegen sus comunicaciones dentro de la organización y con los ciudadanos frente a amenazas que puedan suplantar la identidad de las administraciones y resultar en una pérdida de control sobre los datos de los usuarios. Sin embargo, todavía hay mucho margen de mejora.
“Nuestra investigación ha demostrado que muchas instituciones del sector público en España siguen dejando a los usuarios expuestos a los intentos de robo de datos sensibles por parte de los ciberdelincuentes, al no implementar las mejores prácticas de autenticación de correo electrónico, simples pero eficaces. El correo electrónico sigue siendo el vector elegido por los ciberdelincuentes y el sector público sigue siendo un objetivo clave”, comenta Nuria Andrés, estratega de ciberseguridad de Proofpoint en España. “DMARC garantiza una autenticación correcta de los remitentes, verificando que son quienes dicen ser y protegiendo a empleados públicos, empresas y ciudadanos en sus comunicaciones por correo electrónico durante sus gestiones con la administración”.