En diversos medios de comunicación se especula en estos días sobre el contenido del móvil de Pedro Sánchez y con la posibilidad de que Marruecos hubiera chantajeado al presidente al haber descubierto información delicada sobre su esposa y sus actividades en Marruecos para conseguir que cambiara su postura sobre el Sahara. Medios como El Debate le preguntan directamente a nuestro presidente de Gobierno si Marruecos lo ha chantajeado.
Según Público se trata de un bulo, al que se dio credibilidad porque el medio francés France Soir lo recogió. Lo cierto es que, si tan importante hubiera sido el contenido de las cintas, se plantean algunos observadores del ámbito de la política, Pedro Sánchez no habría revelado tan alegremente que había sido espiado. Y si como le avisó Argelia, fue Marruecos, no tiene sentido enturbiar la relación con su nuevo "mejor amigo". Como aseguran sus socios catalanes, podría tratarse de una maniobra para desviar la atención del espionaje al que fueron sometidos los independentistas por parte del CNI, a quien Sánchez entregó su cabeza. Según ha podido saber Escudo Digital, uno de los motivos por los que Sánchez pudo cambiar de rumbo en su postura frente al Sahara son las oportunidades de negocio que se le brindarían allí al convertirse la tierra de los hombres azules en una inmensa "fábrica" de hidrógeno del llamado verde.
El contenido de las cintas vuelve a ser noticia. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha solicitado al CNI que conserve la información volcada de los teléfonos móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los ministros de Defensa, Margarita Robles; Interior, Fernando Grande-Marlaska; y Agricultura, Luis Planas; para que pueda estar a su disposición como parte de su investigación sobre el espionaje con Pegasus a través de sus terminales.
El hecho de que hayan espiado al Presidente de Gobierno y a varios de sus ministros es, cuando menos, sorprendente. En una entrevista con Escudo Digital, Miguel Miguel López, manager sales para España y Portugal de Barracuda, ha manifestado que "ahí algo ha fallado, cuando tengamos una comunicación oficial pues probablemente podremos decir algo concreto sobre lo que ha ocurrido tanto en el caso de Pedro Sánchez y sus ministros. Pero es evidente que todo el mundo en general, o cuanta más información sensible o datos confidenciales maneje, más cuidado debe tener".
Según informa Europa Press en un auto de este pasado miércoles, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 explica que junto con la denuncia formulada por la Abogacía del Estado y su posterior ampliación se acompañaron cuatro informes del CNI sobre el análisis de los dispositivos móviles del presidente del Gobierno y los tres ministros en los que se realizó una copia de seguridad de los dispositivos, así como un volcado físico de los discos.
Calama considera que "surge la necesidad de retener y conservar los efectos o instrumentos relacionados con el delito instruido en la presente causa", por lo que acuerda librar un requerimiento a la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, para que así se haga.
"Procede acordar la conservación, a disposición de este órgano judicial, de todos los volcados de información verificados sobre los terminales telefónicos referenciados, así como de cuanta información haya podido ser extraída de ellos, y de los informes de toda clase, sean preliminares, definitivos, o de cualquier otro tipo, elaborados al efecto", detalla el magistrado.
Asimismo, recuerda que la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) establece que "los efectos que pertenecieran a la víctima del delito serán restituidos inmediatamente a la misma, salvo que excepcionalmente debieran ser conservados como medio de prueba o para la práctica de otras diligencias, sin perjuicio de su restitución tan pronto resulte posible".
Se trata del último movimiento en esta causa, donde aún está pendiente de completarse la declaración escrita del ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, en calidad de testigo.
Calama empezó a investigar el pasado 26 de abril, apuntando a posibles delitos de descubrimiento y revelación de secretos cometidos contra Sánchez y Robles, aunque después se incluyó a Grande-Marlaska tras confirmarse que también había sido espiado.
Recientemente, el instructor ha apuntado que "la exfiltración de información del dispositivo móvil de la ministra de Defensa (...) podría integrar, además, alguno de los delitos relativos al 'descubrimiento y revelación de secretos e informaciones relativas a la Defensa Nacional'".
Según recogió en esa primera resolución, en la denuncia de Abogacía se decía que los móviles de Sánchez y Robles "fueron objeto de varias infecciones" con Pegasus entre mayo y junio de 2021.
Los informes del Centro Criptológico Nacional sobre ambos teléfonos que citaba la denuncia inicial ponían de relieve que el móvil del presidente del Gobierno fue infectado en dos ocasiones (9 y 31 de mayo de 2021) y el de Robles, en junio de ese año. En ambos casos, concluían que "se produjo exfiltración de información".
Unas escuchas que tuvieron lugar en plena crisis con Marruecos
La primera de las intrusiones en el móvil de Sánchez se habría producido en el contexto de la entrada masiva de unos 10.000 inmigrantes en Ceuta entre el 17 y 18 de mayo de 2021 que precisamente llevó a Sánchez a visitar este segundo día la ciudad autónoma, así como Melilla, con el ministro de Interior.
Además, el 18 de mayo fue cuando Marruecos llamó a consultas a su embajadora en Madrid, Karima Benyaicha, la que se había convocado en Exteriores para protestar por los acontecimientos en Ceuta. El mismo día 19, Sánchez estaba en una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.
La segunda habría tenido lugar cuando Sánchez se encontraba con el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, en Alcalá de Henares por una cumbre bilateral. Ese día, Marruecos publicó un comunicado en el que indicó que la crisis diplomática estaba motivada por la postura del Gobierno respecto al Sáhara, no por la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.
Precisamente, este último declaró el 1 de junio de 2021 como imputado ante el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional por la querella presentada por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEH) por genocidio y horas más tarde voló de regreso a Argelia.
En cuanto al teléfono móvil del ministro de Interior, el Gobierno informó después que Grande-Marlaska sufrió dos ataques en el mismo junio de 2021. En el primero de ellos le fueron sustraídos 4 megas y en el segundo un volumen mucho más importante de información, 6,3 gigas.
El análisis de los terminales de otros miembros del Gobierno también pudo determinar un intento de infección del teléfono del titular Agricultura que resultó fallido y se produjo igualmente en junio del pasado año