En el ámbito de la ciberseguridad solo se habla del hackeo a Pedro Sánchez y Margarita Robles. Se supone que las comunicaciones de un presidente de Gobierno deberían estar protegido por el CNI u organismos semejantes en cualquier país, o en su defecto por las fuerzas policiales. Consideran que resulta “increíble que los informáticos del gobierno no controlen la seguridad a todos los niveles, revisando periódicamente todos los dispositivos vulnerables. La máxima de que no hay nada seguro, obliga a tomar medidas rutinarias, incómodas pero imprescindibles” y añaden que no estamos hablando de usabilidad ni de la app de un banco, sino de la seguridad de las comunicaciones del presidente de un país. La brecha de seguridad, con un volumen tan alto de información robada al teléfono de Pedro Sánchez, preocupa en Presidencia.
No ha sido así. Habrá que depurar responsabilidades, y aunque el nombre de Elías Campo, cercano a Puigdemont, el autor del informe Pegasus, ha sido citado hoy en medios como la COPE, al cierre de estas líneas se ignora quién o quiénes son los responsables de lo ocurrido. Lo cierto es que no es muy caro adquirir un software como Pegasus, en manos de NSO GROUP, cualquiera puede hacerlo, solo hay que pagar a la multinacional israelí 500.000 euros y 650.000 por diez intentos. Tanto Amnistía Internacional como Citizen Lab han denunciado que numerosas entidades no gubernamentales lo han adquirido. Y se ha utilizado para dañar reputaciones y destrozar vIdas, incluso las de personajes muy poderosos. De hecho, una empresa que comercializaba un software similar, conocida como hacking team, fue la culpable de que Jeff Bezos se divorciara por el hackeo a su móvil supuestamente perpetrado por el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, Toda su intimidad quedó al descubierto, y no solo a los ojos de su ex mujer.
Este caso es mucho más grave, y en un momento como el actual, afecta a nuestra credibilidad como país perteneciente a la OTAN.
El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha asegurado que las intervenciones de los teléfonos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, son "ilícitas y externas".
"Es evidente que estamos ante intervenciones ilícitas y externas. La información ya ha sido tramitada a los tribunales", ha afirmado este lunes Bolaños durante su intervención en una rueda de prensa convocada de urgencia en Moncloa, donde ha comparecido junto a la ministra Portavoz, Isabel Rodríguez.
El ministro ha anunciado que los teléfonos de Sánchez y Robles han sido infectados con el software Pegasus, que permite acceder al contenido de los dispositivos. "Estamos informando de hechos que están contrastados y que son fehacientes. No son suposiciones", ha precisado.
Para el ministro, se trata de hechos de "enorme gravedad" que confirman que se han producido intrusiones "en ámbitos ajenos a las instituciones estatales y fuera de la ley".
Así, ha incidido en que "existe constancia" de que el software Pegasus ha sido utilizado "de modo ilícito en al menos 20 países y que entre las víctimas de estas intervenciones se encuentran gobiernos o personalidades de la sociedad civil de distintos ámbitos".
Bolaños ha resaltado que el Gobierno quiere que la justicia investigue para "conocer toda la verdad": "Por eso hemos puesto a su disposición toda la información de la que disponemos. En una democracia plena como la nuestra, únicamente están facultados para hacer intervenciones organismos oficiales y siempre con autorización judicial".
Noticias como esta nos convierten en mucho más vulnerables, y algunos observadores se preguntan si es oportuno que un incidente de semejante calibre se haya dado a conocer en una situación como la actual, al borde de la tercera guerra mundial
El Gobierno ha denunciado la infección del móvil del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa por un ataque externo e ilícito e en un momento muy complicado. Precisamente cuando la ciberguerra funciona de forma paralela a la guerra existente en Ucrania, lo que nos puede convertir en más vulnerables, afirman fuentes consultadas por Escudo Digital, que dudan de la oportunidad de dar a conocer semejante noticia.
El teléfono de Pedro Sánchez ha sido infectado por el software espía Pegasus, en dos ocasiones, durante el mes de mayo de 2021; y el de Margarita Robles, en una ocasión. Los hechos ocurrieron en junio del mismo año.
En la primera intervención al teléfono que Pedro Sánchez usa de forma oficial, han comentado fuentes de Moncloa a medios como El Español, se extrajeron 2,6 gigabytes de información. Y en la segunda, 130 megas. En el caso de la ministra de Defensa, el robo de datos fue mucho menor, "de apenas 9 megas", han señalado las citadas fuentes.
Lo que desconocen los servicios informáticos de Presidencia ni del Centro Criptológico Nacional según el citado medio es qué tipo de información se extrajo -si fueron vídeos, fotos, textos o documentos almacenados en los terminales de Sánchez y Robles-. Y lo que es más importante, cuál ha sido su destino.
Bolaños no ha precisado si el destino es extraño o extranjero. Y ha manifestado que "hay constancia de al menos 50 países donde ha estado Pegasus, y al menos 20 en los que ha sido utilizado de manera ilícita contra miembros de sus Gobiernos".
Ha añadido que en el caso de nuestro país, que describe como una democracia absolutamente plena "este tipo de intervenciones sólo se pueden hacer con orden judicial, y evidentemente no ha sido el caso".
Según el mencionado diario se quiere dejar claro que por externo se entiende que el gobierno no se ha investigado a sí mismo, y "este tipo de intervenciones sólo se pueden hacer con orden judicial, y evidentemente no ha sido el caso".
Parece ser que la revisión de móviles se ha llevado a cabo de forma minuciosa ante el estallido del caso Pegasus, y resulta muy grave que haya transcurrido casi un año sin que lo supieran. Ni Isabel Rodríguez ni Bolaños han contestado a la pregunta de si existe alguna relación por la coincidencia de fechas con otra intrusión a un teléfono de un miembro del Gobierno, la ya detectada al ex ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, por aquellas fechas. Siempre se ha hablado, afirman fuentes relacionadas con el ámbito de la geoestrategia consultadas por Escudo Digital, del enorme interés de Rusia en el Procés.
Lo ocurrido se ha sabido casi en vísperas de la comparecencia de la ministra en el Congreso por el caso Pegasus, por el que los partidos independentistas acusaban a Margarita Robles, responsable del CNI de estar detrás del espionaje a 63 políticos, abogados y altos cargos autonómicos de Cataluña. Las informaciones fueron dadas a conocer por Citizen Lab, que ha pasado a ser conocida como la empresa que destapó el Catalangate.