El Tribunal Federal de Justicia de Alemania (BGH), ha dictaminado que los usuarios de Facebook cuyos datos fueron obtenidos ilegalmente en 2018 y 2019 por la red social tenían derecho a una compensación económica por parte de Meta.
Este tribunal germano ha señalado que la pérdida de control sobre los datos personales online suponía un motivo de indemnización por daños y perjuicios, incluso aunque no se necesitara demostrar pérdidas económicas concretas.
Terceros desconocidos pudieron acceder a las cuentas de los usuarios adivinando sus números de teléfono, lo cual motivó que miles de usuarios de la plataforma de Mark Zuckerberg pidieran una indemnización.
Las reclamaciones se derivarían de una filtración de datos recopilada mediante la búsqueda de amigos. Los detalles personales fueron extraídos en 2018 y 2019 ingresando números de teléfono aleatorios mediante la función de importación de contactos.
Seis millones de alemanes se vieron afectados por dicha fuga que en total salpicó a 533 millones de usuarios.
En un principio un tribunal inferior en Colonia desestimó estas demandas. En un caso se pedían unos 1.000 euros por usuario, pero el BGH ha considerado justo el pago de unos 100 euros sin pruebas de pérdidas económicas.
Meta no quiso pagar
Anteriormente Meta se negó a pagar la indemnización alegando que los afectados no habían podido demostrar ningún daño concreto. Un portavoz del gigante tecnológico señaló que la decisión del BGH era "incompatible con la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia Europeo, el tribunal más alto de Europa".
"Los tribunales alemanes ya han desestimado 6.000 demandas similares y un gran número de jueces han decidido que no existen reclamaciones por responsabilidad o daños y perjuicios", afirmó el portavoz. "En este incidente no se piratearon los sistemas de Facebook y no se produjo ninguna filtración de datos", añadió.
Hace dos años la Comisión de Protección de Datos de Irlanda, el principal organismo de control de la privacidad de Meta en la Unión Europea, impuso a la compañía una multa de 265 millones de euros por no aplicar las salvaguardas adecuadas.