Los años ochenta del pasado siglo fueron un periodo de expansión internacional de nuestro país. La entrada en la OTAN (1982) y en la Unión Europea (1986) provocó un efecto catalizador que supuso que nuestras fuerzas armadas, comenzasen a participar a “velocidad de crucero” en un sinfín de operaciones militares fuera de nuestras fronteras que comenzaron en 1989 con la primera misión en Angola.
Aunque los primeros años estas misiones se limitaron a cuadros de mando, pronto se amplió al empleo de unidades militares que carecían en muchos casos de equipos similares a los de países de nuestro entorno. Al tratarse de operaciones de paz, la utilización del armamento se limitaba al individual y no dejó en evidencia los medios obsoletos de nuestras infradotadas fuerzas armadas. Pero la realidad era que nuestros ejércitos carecían de unos mínimos sistemas de armas acordes al lugar que ya empezaba a ocupar España en el concierto internacional.
Sin embargo, la actividad militar y la confianza como socio atlantista aumentaba sin que las partidas en defensa lo hiciesen al mismo ritmo. Las tesis pacifistas que sobrevolaron Europa tras la caída del muro de Berlín tenían un efecto aún más erosivo en nuestras fuerzas armadas. Los planes de reducción de efectivos militares, sin suponer un ahorro para las arcas del Estado, tuvieron además un efecto nocivo en la sociedad que seguía pensando que la defensa de España estaba asegurada en manos de las organizaciones internacionales: no había necesidad de dotar con más recursos a los Ejércitos a pesar de que nuestras capacidades militares basadas en la tecnología armamentística estaban al límite.
El porcentaje del PIB dedicado a defensa seguía disminuyendo. Desde 1982, año que estaba situado en un 2,38%, el descenso había sido ininterrumpido. Era necesario invertir la tendencia, pero el rebrote pacifista de los años noventa lo impedía a todas luces.
Solución de urgencia
Fue en 1996 con la llegada al poder del Partido Popular y la plena integración de España en la OTAN con el inminente ingreso en la estructura militar de la Alianza, que se produjo tres años más tarde, cuando se adoptó una solución de urgencia. Con un presupuesto en 1998 declarado por el Ministerio de Defensa de 5.884 millones de euros, una cifra ridícula comparada con las de nuestros aliados y que suponía un 1,06% de nuestro PIB, la situación era insostenible.
Por ello, la solución de urgencia que se adoptó fue la de poner en marcha un mecanismo de financiación, el denominado “modelo alemán” importado del país germánico, que buscó no computar como gasto militar el empleado en unos programas especiales de dotación de armamento, que fueron y que son conocidos por su acrónimo PEAS.
El mecanismo, creado en 1997, supuso que el Ministerio de Industria concediese unos créditos sin intereses a las empresas a las que se adjudicaba los PEAS para que pudieran hacer frente a los procesos iniciales de I+D y al inicio de la producción. Una vez entregado el armamento o el sistema de armas a Defensa, esta pagaba a la empresa para que a su vez pudiera devolver el anticipo a Industria.
De esa forma se soslayaba la necesidad de un aumento radical de porcentaje del PIB empleado directamente en Defensa, situación que ha llegado hasta nuestros días. Una solución drástica que hasta entonces la Ley 9/1990, de 15 de octubre, sobre dotaciones presupuestarias para inversiones y sostenimiento de las fuerzas armadas y sus predecesoras en la materia, no habían logrado solucionar. Un mecanismo que supuso colocar a España en el lugar que le correspondía en el concierto global con la puesta en marcha en los primeros años de programas de sistemas tales como el Eurofighter, el carro de combate Leopardo o las fragatas F-100.
Inversión
Una situación que prevé su finalización en 2032 cuando, un total de 39 Programas Especiales de Armamento hayan supuesto al Estado un gasto de 45.446,69 millones de euros con altibajos en función de las condiciones por las que ha atravesado la economía española en los últimos cuarenta años. Así, en un periodo inicial 1996-2004, la inversión en los PEAS supuso 25.085 millones de euros, lo que contrastó con el periodo 2008-2018, cuando el esfuerzo inversor fue muy reducido, solo 726 millones de euros. En los últimos años, la financiación “externa” de los PEAS ha resurgido con fuerza en el corto periodo 2018-2019 de la XIII legislatura con 11.689 millones de euros para terminar la pasada legislatura con un importe cercano a los 20.000 millones de euros, cifra récord para un periodo de cuatro años.
Sin embargo, llegados a este punto es necesario recordar que el dinero para estos programas no computa directamente en los presupuestos de Defensa, sino que es adelantado a las empresas por el Ministerio de Industria,. De esa forma, cuando la empresa entrega el sistema de armas a Defensa es cuando recibe el dinero de este Ministerio lo que le permite devolver el “anticipo” a Industria.
Esta “ingeniería financiera” ha supuesto que, a finales de 2021, el Ministerio de Defensa solo haya abonado el 40% del total de los 45.000 millones quedando pendiente el 60%, unos 25.000 millones, restante hasta la finalización del proceso en 2032, lo cual lo cual supondrá que anualmente en los presupuestos de defensa en los próximos años habrá que destinar más de 2.000 millones de media al abono de los PEM.
Debate necesario
La situación anterior sin duda fue el detonante del anuncio en comparecencia para presentar los presupuestos de 2022 en el Congreso de los Diputados de la secretaria de Estado de Defensa cuando comunicó la imposibilidad de iniciar un nuevos contratos de PEAS antes de 2027. Hasta entonces nos encontramos en un impasse del denominado “ciclo inversor de la defensa” en un momento en el que la situación geopolítica mundial reclama precisamente lo contrario.
Desde el inicio de este sistema de inversión “modelo alemán”, todos los Gobiernos, independientemente de su signo político, lo han apoyado. Pero ninguno de ellos se ha atrevido a dar el salto cualitativo que supusiese la inclusión en los presupuestos de defensa de las partidas necesarias para hacer el gasto de forma directa, sin intermediarios.
Por todo ello, ahora que la defensa vuelve a estar de moda en España. O al menos los recursos empleados para ella. Ahora que la guerra de Ucrania y la presión ejercida desde el otro lado del Atlántico pone en tela de juicio la infrafinanciación de la defensa a nivel europeo. Ahora es el momento de dejar de hurtar a la sociedad española un debate escondido durante las últimas décadas. El tradicional déficit presupuestario de la defensa sobre la adquisición y capacidades de sistemas de armas debe ser corregida en los presupuestos del Ministerio de forma solvente.
El compromiso de gasto en defensa del 2% debe tener esta prioridad. Una prioridad que de momento esta “congelada”, pero que en los cuatro años en los que el presidente del Gobierno se ha comprometido en alcanzarlo debe tenerse en cuenta. Un debate necesario sobre uno de los verdaderos fundamentos de la defensa nacional que dentro de la actual transformación geopolítica que vive el mundo se debe abordar de forma urgente en nuestro país.