Tras más de 150 años de gestión del agua en Cataluña por parte de Aguas de Barcelona, los problemas de gestión de su actual equipo directivo en la época de sequía han llevado a los ayuntamientos de la zona a una situación critica.
Aguas de Barcelona, participada en un 15% por Criteria (grupo La Caixa), 15% por el Área Metropolitana de Barcelona y el 70% por el grupo Agbar, parece haberse dado cuenta de este problema de gestión interna y quiere, ahora, poner manos a la obra para solucionarlo poniendo en marcha un plan de inversiones que, claramente, según los expertos consultados, llega demasiado tarde, y al que hay que añadir los graves problemas de gobernanza dentro del accionista mayoritario que amenazan incluso con el propio abastecimiento de agua en Cataluña.
Actualmente el Grupo Agbar pertenece en su totalidad al gigante francés Veolia que se ocupa, en una de sus divisiones, de la gestión de agua a nivel internacional y que es por tanto dueño al 70% de Aguas de Barcelona.
La salida del anterior CEO de la compañía, Ángel Simón -actual CEO de Criteria que participa en Aguas al 15%- ha marcado un punto de inflexión que amenaza con la propia estabilidad y gestión de la compañía francesa en Aguas de Barcelona. La marcha del veterano directivo ha precipitado una lucha interna por el poder que ha llevado a Veolia a nombrar nuevo CEO a Gustavo Migues y a Ángel Jover, responsable de la implementación de las nuevas políticas de la compañía, manteniendo a muchos de los directivos de la etapa anterior que se resisten a los nuevos nombramientos en una batalla sin cuartel por el poder que amenaza el día a día de la emblemática compañía.
Precisamente esta soterrada lucha por el poder, así como la falta de entendimiento entre la nueva política que quiere imponer Veolia y la que defienden muchos de los directivos de la etapa anterior que se resisten al cambio, está llevando a la gran mayoría de los ayuntamientos catalanes, que dependen del abastecimiento del operador francés, a una situación comprometida que incluso amenaza el propio suministro en una etapa especialmente delicada por los efectos de la pertinaz sequía.
No podemos olvidar que el agua es un elemento básico para la vida y que se puede hablar de un derecho real al acceso universal al mismo. La mala gestión de un bien escaso no hace sino agravar un problema que, dado el cambio climático, va a afectar cada vez más a los ciudadanos. En concreto en Cataluña, la Agencia Catalana del Agua (ACA) ha decretado el estado de emergencia nivel 1, lo que significa una restricción en el consumo del agua pudiendo llegar a 200 litros máximo.
La escasez del agua, paliada en cierta medida a corto plazo por las última lluvias, no es un problema solo de Cataluña. Según datos de la Dirección General del Agua a 7 de mayo de 2024, los embalses de uso para consumo humano y agrícola, están al 56,74%, por debajo de la media de los últimos diez años, situada 60% para el mes de mayo.