Informamos hace unas semanas de la existencia de una lucha soterrada entre directivos de la francesa Veolia y la española Agbar, tras el cambio de responsables en la cúpula de la compañía española, en lo que ya se denomina la guerra del agua en Cataluña.
Desde que se forjó este nuevo escenario empresarial, lo que debería haber sido un tránsito tranquilo en la dirección, y un empuje a nuevos y más ambiciosos proyectos, se transformó en una lucha de poder a poder entre nuevos y veteranos directivos.
Esta situación, que preocupa especialmente en Bruselas, cobra una nueva dimensión tras las acusaciones de la compañía francesa sobre la existencia de una campaña de descrédito y desinformación contra la propia empresa, uno de los líderes mundiales en gestión del agua.
La preocupación europea se enmarca en tres vertientes. Por un lado el conflicto entre empresas europeas; el temor de que se vean afectados proyectos financiados con fondos europeos y, finalmente que el creciente y preocupante aumento de campañas de desinformación, hasta ahora políticas, salten al mundo empresarial con todo lo que ello supone.
La campaña de desinformación alarma por el impacto reputacional que pueda tener en los inversores y la inseguridad jurídica que estos puedan percibir de un grupo de la importancia de Veolia.
La desinformación es un fenómeno que preocupa en toda Europa, y el uso de estas técnicas se mira de manera especial desde Bruselas ante la posibilidad de que se conviertan en otro quebradero más en el día a día de las instituciones europeas.
Por otro lado, no se entiende que se esté poniendo en riesgo la futura financiación en un tema tan básico y necesario como es la buena distribución y sostenibilidad del uso del agua, especialmente, dada la grave situación que la sequía está causando en Cataluña.
Recordemos que toda esta polémica arranca cuando Veolia, dueño de Agbar, nombra a Gustavo Migues como nuevo CEO de la compañía española y a Ángel Jover responsable de la implementación de las nuevas políticas, manteniendo al resto de directivos del equipo anterior que de esta manera ven peligrar su influencia y su privilegiada posición dentro de la compañía.
Toda esta situación está generando dudas sobre las inversiones previstas en infraestructuras necesarias para la distribución y tratamiento de aguas. Precisamente esta semana En Comú Podem ha denunciado la existencia de un sobrecoste, estimando en más de 2,5 millones de euros, que consideran inaceptable, en el servicio prestado por Agbar sobre el tratamiento y saneamiento de aguas de la comarca del Maresme. Este sobrecoste vendría producido por la falta de adaptación de los contratos de compra de energía a los precios actuales del mercado.