En 2019 las autoridades europeas se incautaron de más de 16.000 toneladas y 33 millones de litros de alimentos y bebidas potencialmente peligrosas para la salud, con un valor aproximado de 100 millones de euros, según las conclusiones de la operación Opson de Interpol, y más de 600 personas fueron arrestadas en 78 países.
Estas cifras son solo la punta del iceberg de lo que supone el fraude alimentario a nivel global. El profesor Chris Elliot, experto en seguridad alimentaria de la Universidad de Belfast, señala que, en todo el mundo, el alcance del fraude alimentario supone alrededor de 50 billones de dólares, y la mayoría de expertos en seguridad alimentaria coinciden en que la pandemia de la Covid-19 ha incrementado los niveles de fraude debido a los problemas en las cadenas de suministro globales por las restricciones de movilidad.
El fraude y los fallos en la seguridad alimentaria no solo implican potenciales daños para la salud del consumidor. Esa es solo una de las posibles consecuencias y, sin duda, de las más graves. Pero, a menudo, muchos casos de fraude pasan desapercibidos para el consumidor. Según el informe de 2019 sobre fraude alimentario de la red de fraude de la Unión Europea (The EU Food Fraud Network), el 47% de los casos corresponden a un etiquetado incorrecto; el 20% tiene que ver con la sustitución, supresión o inclusión de ingredientes; y el 16%, con un tratamiento del producto no conforme a la normativa.
Las categorías de producto en las que prevalecen estas malas prácticas son, según este informe y por orden en cuanto a número de casos detectados, la de grasas y aceites, seguida de pescado y derivados, carne y derivados y frutas y hortalizas. Y dentro de estas categorías hay alimentos mucho más susceptibles al fraude que otros, como el aceite de oliva, las especias, el café, la miel, la leche, los zumos de frutas, el vino, la carne o los productos ecológicos.
Que estas prácticas sigan escapando a los controles de calidad y seguridad alimentaria demuestra que algo está fallando. Hay que tener en cuenta que el 80% de los alimentos que consumimos los producen pequeñas y medianas empresas y muchas de ellas tienen aún escaso acceso a la tecnología. La mayoría de estas compañías no cuentan con sistemas de control de calidad digitalizados, ya que esto requeriría de grandes inversiones.
Por eso la industria alimentaria comienza a buscar herramientas eficaces, económicas y fáciles de implementar, con el fin de digitalizar el control de calidad a lo largo de toda la cadena de suministro.
Es el caso de Chemometric Brain, una empresa de origen murciano que opera en todo el mundo. Esta compañía ha desarrollado un software basado en tecnología NIR muy sencillo de utilizar que permite identificar los componentes de cualquier ingrediente o alimento en polvo, líquido, sólido o gel en solo unos segundos. Detecta que su composición no haya sufrido variaciones y se corresponda con los parámetros del producto.
“Su funcionamiento es muy parecido al de un escáner. Se ‘escanea’ el producto mediante una radiación de infrarrojo cercano; el resultado del análisis es una huella de ese producto puesto que refleja su composición química. Esta huella se compara con la librería anteriormente definida para ese mismo producto. De esta forma podemos saber si las materias primas que recibe una empresa alimentaria son conformes respecto a lotes anteriores, garantizando que no ha habido adulteraciones o cambios en su composición”, explica Beatriz Carrasco, directora tecnológica de Chemometric Brain.
La principal diferencia entre otras técnicas basadas en tecnología NIR ya disponibles en el mercado y el desarrollo de esta empresa española es que este software es mucho más sencillo de utilizar: “Nuestro objetivo es democratizar el uso de la tecnología NIR para el control de calidad mediante técnicas más sencillas, que puede llevar a cabo en la propia compañía alimentaria cualquier técnico con una mínima formación, sin necesidad de recurrir a laboratorios externos o de invertir en laboratorios propios”, señala Beatriz Carrasco.
El objetivo último es favorecer que cualquier pequeña o mediana empresa pueda establecer mecanismos eficaces de control de calidad para garantizar la seguridad alimentaria en toda la cadena de suministro y reducir el fraude.