El teletrabajo se ha disparado a raíz de la pandemia de la Covid-19 y ha llevado a la promulgación del Real Decreto Ley 28/2020, una legislación difícil de interpretar y que ha dejado muchas dudas en el aire, que desde Escudo Digital ya procuramos aclarar. Esta normativa también suscitó polémica, especialmente al regular las facultades de control empresarial en su artículo 22.
"La empresa podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por la persona trabajadora de sus obligaciones y deberes laborales, incluida la utilización de medios telemáticos, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad y teniendo en cuenta, en su caso, la capacidad real de los trabajadores con discapacidad", dictamina.
Por otro lado, este Real Decreto Ley también vela por el derecho a la intimidad y a la protección de datos de los trabajadores. En su artículo 17, establece algunas limitaciones al control empresarial, como la de no poder exigir la instalación de programas o aplicaciones en dispositivos propiedad de la persona trabajadora.
La legislación española, por lo tanto, puede dar lugar a problemas cuando las medidas de control de las empresas chocan con el derecho a la privacidad de los trabajadores. La barrera entre ambos factores es muy difusa y lo mismo ocurre con las normativas vigentes en el panorama internacional.
Mientras tanto, también es innegable que existen todo tipo de productos para vigilar la productividad de los empleados que trabajan a distancia y que su uso se está extendiendo entre las organizaciones de todo el mundo.
En el Reino Unido exigen al gobierno una regulación clara
En el Reino Unido, el Partido Laborista, junto con el sindicato de profesionales Prospect, está haciendo campaña para exigir cambios en el Código de Prácticas Laborales de la Oficina del Comisionado de Información del Reino Unido (ICO). Su demanda viene provocada por una investigación de Skillcast y YouGov, realizada en nombre de Prospect en diciembre del año pasado y que reveló que hasta una de cinco empresas está usando tecnologías para rastrear la actividad de los empleados, o tiene previsto hacerlo en un futuro.
Estas herramientas a menudo brindan información detallada a las empresas sobre cómo usan su tiempo sus empleados en el trabajo. Por ejemplo, las páginas webs que visitan, las aplicaciones que usan y, en algunos casos, incluso lo que escriben en el teclado, lo que se conoce como keylogging.
Según el estudio de Skillcast y YouGov, dos tercios de los empleados se sienten incómodos con la idea de que sus empresas registren este tipo de información mientras trabajan desde casa. Si bien las empresas pueden tener razones legítimas para querer introducir esta clase de tecnologías, desde el Partido Laborista británico y desde Prospect consideran que los empleados también requieren nuevos derechos sobre cómo las empresas recopilan y procesan sus datos.
Las advertencias del Partido Laborista y de Prospect
En declaraciones a ZDNet, la ministra laborista en materia digital, Chi Onwurah, ha subrayado que ni el Gobierno ni la ICO han respondido al cambio drástico que se ha producido en nuestras vidas laborales, dejando a demasiados sujetos a prácticas de explotación.
"Hay una lamentable falta de protección para los trabajadores que traen su trabajo a casa en esta pandemia, y también están cada vez más sujetos a niveles inaceptables de vigilancia digital sin su consentimiento informado", ha advertido Onwurah.
Por su parte, el director de comunicaciones e investigación de Prospect, Andrew Pakes, ha alertado de una "preocupante tendencia de vigilancia intrusiva sobre los trabajadores".
"Durante la Covid-19, hemos visto este creciente interés en el uso de la tecnología digital para respaldar el trabajo remoto y, en muchas maneras, ha sido un beneficio real para apoyar y conectar a las personas. Pero junto con el uso positivo de la tecnología, hemos observado una preocupante tendencia de vigilancia intrusiva y la prisa por utilizar estas nuevas formas de software", ha asegurado Pakes, según recoge ZdNet en un amplio reportaje sobre el tema.
"La ley establece claramente que los trabajadores tienen derecho a ser informados si sus datos se recopilan con fines de vigilancia, y nosotros tenemos derecho a ser consultados. Nuestra preocupación es que, con demasiada frecuencia, esa participación en la consulta no está ocurriendo… Lo que nosotros defendemos son dos cosas. Una, que la ICO necesita proporcionar una guía más amplia y clara para que los trabajadores puedan ver cuáles son sus derechos. Y dos, que realmente tenemos que empezar a observar y reconocer dónde existen las lagunas en la legislación existente", ha agregado el director de comunicaciones e investigación de Prospect.