Posiblemente si Juan Roig Alfonso, CEO de Mercadona, se presentara a las próximas elecciones regionales de la Comunidad Valenciana (bajo los colores que le dé la gana) alcanzaría la mayoría absoluta de votos en una Comunidad y en una provincia, Valencia, donde cada vez están más hartos de políticos nada resolutivos y excesiva burocracia.
El 29 de octubre –hace ya más de mes- y causado por una gota fría o depresión aislada en niveles altos (DANA), se produjo un desastre natural con más de 230 muertos hasta hoy. Trece días más tarde, Mercadona decidía, tal y como anunciaron, “realizar una donación de 40 millones de euros para ayudar a todos sus trabajadores afectados por la DANA con el objetivo de que no tengan que empezar a reconstruir su vida desde cero”.
Esta ayuda empezaban a recibirla el 21 de noviembre –tres semanas después- todos los trabajadores afectados e identificados.
Mercadona tuvo en 2023, 1.009 millones de euros de beneficios netos, y para que no nos liemos con las grandes cifras, obtiene un margen neto de 2,84€ por cada 100 € que factura, lo que indica un alto nivel de gestión y eficiencia.
Solo por hacernos idea comparativa, el presupuesto consolidado de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 2024 asciende a 31.521.907.930 euros o el del estado español de casi 600.000.000.000 euros.
En este contexto, Pedro Sánchez ha anunciado un plan dotado con 465 millones de euros para renovar el parque móvil tras los destrozos causado por la gota fría. En el paquete de medidas que el presidente de Gobierno anunció hace unos días en el Congreso de los Diputados se incluirá una ayuda directa de hasta 10.000 euros (la de Mercadona es de 15.000) para que quienes han perdido su vehículo por el agua y el barro puedan adquirir otro. Según la propia administración se calcula que alrededor de 120.000 vehículos han sido dañados, la mayoría en siniestro total.
No saben los afectados, y por ello su indiferencia al recibir la noticia, cuándo percibirán esas ayudas, lo que, sí saben, y así nos han transmitido, es que el 1 de enero de 2025 –queda menos de un mes– esos 120.000 vehículos en siniestro total tendrán que pagar el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM). Este impuesto es una tasa que gestiona y obligatoriamente debe exigir el Ayuntamiento, y a cuyo pago están obligados quienes figuren en el permiso de circulación a 1 de enero del año en curso.
Al caos en la prevención y reacción de los primeros días, y al fracaso del Estado en su conjunto, le sucede una parálisis burocrática que no permite la atención a los ciudadanos afectados. No es de extrañar la tensión y progresivo cantonalismo de las poblaciones valencianas afectadas. Pasan los días, y como este último domingo recordaba de nuevo el mencionado Juan Roig, en su visita a las zonas más afectadas por la DANA, “la coordinación de los políticos ha sido muy mala en la gestión de una catástrofe de la naturaleza que ha vuelto a exponer el enfrentamiento entre ellos”. Barro sobre barro.