La salida de la MINUSMA de Malí supondrá el abandono de 15.000 efectivos en el terreno que dejarán toda la zona norte y centro de Malí en mayor riesgo de peligro frente a todos los grupos que actúan tanto del crimen organizado como del terrorismo. La principal víctima, una vez más, será la población civil.
Pero además estos vacíos de seguridad en el territorio que han dejado tanto Francia como la MINUSMA serán rellenados por estos grupos terroristas que aumentarán su poder en Malí y en el resto del Sahel y llegarán a controlar gran parte del territorio, como actualmente es el caso de Menaka después de la salida de Francia.
Hay que recordar que el mandato de la MINUSMA consistía en apoyar la implementación del Acuerdo de Argel, así como proteger a las poblaciones civiles y facilitar el restablecimiento de la autoridad estatal en todo el territorio. Si bien ninguno de estos objetivos se ha logrado en diez años de presencia, el despliegue de fuerzas de mantenimiento de la paz y la actividad diplomática de la ONU había mantenido a raya a ambas partes.
Realmente la estrategia del gobierno de Bamako ha fracasado de nuevo no solamente al expulsar a Francia y a la MINUSMA del país sino al no haber respetado e implantado el Acuerdo de Argel por el que habría conseguido una alianza con los grupos del norte que le asegurase la seguridad en esa zona frente a los grupos yihadistas.
Ahora le toca al gobierno de Bamako hacer frente a todas estas amenazas y llenar el vacío de poder que han dejado Francia y la MINUSMA. El gran problema, como siempre, son los civiles de esta zona que se encuentran en el fuego cruzado.
Según Naciones Unidas la violencia de grupos militantes islamistas contra civiles en Malí desde 2021 ha aumentado en un 278%, abarcando al menos 1.632 muertes, y la violencia contra civiles representó casi dos tercios de los eventos reportados y casi tres cuartas partes de las muertes involucraron a fuerzas de Wagner.
La situación actual pasa porque a 31 de diciembre la MINUSMA debe abandonar Malí después de 10 años en los que murieron más de 300 cascos azules. En teoría debe ser Wagner quien sustituya a la Misión de la ONU.
La MINUSMA ha construido y ocupa doce campamentos militares de seguridad en Malí, incluidos los de Kidal, Tessalit y Aguelhoc. Las fuerzas armadas malíenses pretenden aprovechar su traspaso -las bases serán transferidas a las autoridades del país anfitrión- para afianzarse en estas localidades que escapan a su control.
Sin embargo, desde la salida de Francia de Malí y el comienzo de la salida de la MINUSMA ha aumentado la ofensiva terrorista y el enfrentamiento entre el ejercito Malíense y los rebeldes tuaregs del norte, por lo que el país puede colapsar si estos ataques no son repelidos por el gobierno de Bamako que podría ir a una guerra civil. Cualquier posibilidad de mediación ha sido destruida por el gobierno, que ha pedido a la MINUSMA, garante del acuerdo, que abandone Malí, por lo que el conflicto con los rebeldes tuaregs perdurará en el tiempo.
Volvemos a la situación de 2012 con la diferencia de que ahora no está Francia ni Naciones Unidas para solucionar los conflictos. Y el problema del ejército malíense es que tiene muy poca tropa y muy poca movilidad mientras que los grupos yihadistas tienen libertad de movimiento y control por todo Malí.
También es posible que los grupos terroristas se ayuden en determinados momentos entre sí dado que tienen un enemigo común y el líder del JNIM, Iyad Ag-Ghali, es un ex rebelde tuareg.
La MINUSMA no tiene solo problemas de seguridad en su operación de salida de Malí sino que se encuentra también que los separatistas se oponen a que esta entregue los campamentos a las autoridades malíenses, porque, según ellos, contradice los acuerdos alcanzados en 2014 y 2015. En medio de estos fuegos, la misión de Naciones Unidas debe salir de Malí.
Tras la salida de Francia y la salida de la MINUSMA son los grupos terroristas los que ganan y la población civil la que pierde. Miles de civiles han huído de la zona por temor a los combates, las represalias o los bombardeos del ejército malíense. Los movimientos armados en el norte acusan a los soldados de Malí y a sus auxiliares de Wagner de ejecutar y decapitar a civiles y de colocar trampas explosivas en sus cadáveres con explosivos según fuentes locales.
Al intentar ocupar las instalaciones militares evacuadas de la MINUSMA, la junta malíense ha provocado una nueva guerra en el norte de Malí.
La retirada de la MINUSMA y la naturaleza transfronteriza de los riesgos que enfrentan el Sahel y África Occidental también exigen que la UA y la CEDEAO desempeñen un papel más importante en el apoyo a los esfuerzos del gobierno de Malí.
En consulta con los países interesados, la UA y la CEDEAO deberían facilitar la reanudación del diálogo en Malí al más alto nivel. Esto podría restaurar la confianza entre los estados del Sahel central y revitalizar su cooperación en materia de seguridad regional.
Las investigaciones muestran que las salidas prematuras o mal gestionadas de las misiones de mantenimiento de la paz pueden provocar un aumento de la violencia contra los civiles, como fue el caso en Darfur. Los costos humanos de estas transiciones pueden ser particularmente altos cuando están impulsadas por imperativos políticos en lugar de la consecución exitosa de puntos de referencia vinculados a cualquier amenaza persistente contra los civiles.
Después de que la MINUSMA se vaya los principales actores responsables y capaces de promover la protección de los civiles serán el gobierno de Malí, los propios civiles y el sistema de la ONU que permanezca en el país. Es necesario aumentar los recursos para apoyar las funciones que permiten la protección de los civiles.
La responsabilidad es compartida por todos los actores locales y mientras todos los actores estatales y no estatales no reconozcan esta responsabilidad compartida y desarrollen una relación de confianza asociada a actos y señales claros, la situación en el norte de Malí no podrá resolverse.
Con la retirada de la MINUSMA, no está claro quién llevará a cabo investigaciones creíbles e independientes sobre derechos humanos en un país plagado de abusos tanto por parte de los grupos armados islamistas como de las fuerzas gubernamentales, los combatientes extranjeros aliados y las milicias que los combaten.
Las autoridades malíenses no tenían previsto solicitar la retirada de la MINUSMA en junio de 2023; querían modificar sus prerrogativas para que fuera más ofensiva militarmente y menos centrada en los derechos humanos. No hay duda de que el informe de derechos humanos sobre el incidente de Moura, dos meses antes de la fecha límite de renovación anual de la misión, actuó como detonante.