Las recientes lluvias torrenciales en la región de Valencia han provocado una catástrofe sin precedentes, exponiendo con claridad las limitaciones y desafíos del sistema de respuesta ante emergencias en España. Esta situación ha dejado en evidencia que el actual modelo, resultado del del Estado de las autonomías, no está adecuadamente diseñado para responder con la rapidez y efectividad que exigen desastres de esta magnitud. La delimitación de las competencias y recursos entre las diferentes administraciones está comprometiendo la capacidad de acción coordinada y eficiente, lo que subraya la necesidad de repensar el Sistema Nacional de Protección Civil para garantizar una respuesta ágil y eficaz en situaciones críticas.

A pesar de la gravedad de los daños y la urgente necesidad de asistencia en localidades como Aldaya, Alaquàs, Paiporta, Picanya, La Torre, Castellar-Oliveral, Forn d'Alcedo, Benetússer, Sedaví, Alfafar, Catarroja, Massanassa, Albal, Silla, Picassent, Alcàsser, Alginet, Carlet, Benimodo, L'Alcúdia, Guadassuar, Algemesí, Alfarb, Catadau, Llombay, Real, Montroy, Montserrat, Turís, Buñol, Utiel, Requena, Sot de Chera, Siete Aguas, Chiva, Cheste, Torrent, Benicull, Albalat de la Ribera, Polinyà del Xúquer, Riola, Sueca, Cullera, Benifayó, Sollana, Chirivella, Manises, Loriguilla, Pedralba, Villamarchant, Riba-roja del Túria, Camporrobles, Fuenterrobles, Caudete de las Fuentes, Carcaixent, Llocnou de la Corona, Quart de Poblet, Calicanto, Riola y Pinedo, la respuesta de los diferentes cuerpos, incluida la Unidad Militar de Emergencias (UME), ha sido tardía y descoordinada.

Esta situación ha generado serios interrogantes sobre la eficacia en el despliegue de las Fuerzas Armadas y el papel del Centro de Coordinación de Emergencias. Las alertas a los dispositivos móviles para advertir a la población se lanzaron cuando ya había decenas de personas atrapadas, un fallo que se vuelve aún más evidente para quienes hemos estado sobre el terreno y hemos podido observar de primera mano la desesperación y el aislamiento en el que quedaron miles de valencianos. Solo quienes han presenciado esta realidad en las zonas afectadas pueden comprender la magnitud de la situación y la desconexión entre las necesidades reales y la respuesta institucional.

Además, se cuestionan los fallos en los avisos de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que llegaron con retraso y las deficiencias en la gestión y coordinación de los medios de protección civil. En un contexto donde una respuesta rápida y organizada era fundamental, y en el que las primeras 72 horas resultan críticas para asegurar el rescate de supervivientes, los fallos en la cadena de actuación han revelado las serias limitaciones del sistema actual.

La UME, creada en 2005, tiene la misión de intervenir en situaciones de grave riesgo, catástrofes o calamidades en cualquier punto del territorio nacional. No obstante, su activación depende de un protocolo formal de solicitud por parte de las autoridades competentes. En este caso, aunque el presidente de la Generalidad afirmó haber solicitado la intervención de la UME, el despliegue de efectivos no se realizó desde el primer momento o en el número necesario. La activación de la UME requería una cadena de autorizaciones que, aunque diseñada para asegurar coordinación y evitar duplicidades, resultó inadecuada en una catástrofe de esta naturaleza, especialmente considerando que el Tercer Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM III), ubicado en la Base Militar Jaime I en Bétera (Valencia), se encontraba listo para intervenir.

Además, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), encargada de monitorear los niveles de agua y emitir alertas, emitió los avisos de crecida tarde y dejó de enviar información continua a las autoridades valencianas, según las informaciones publicadas, lo que impidió que el Gobierno de la Generalidad Valenciana contara con una evaluación precisa de la situación en tiempo real. La falta de una comunicación eficaz entre entidades responsables es fundamental en estos casos, ya que el retraso en los avisos impacta directamente en la capacidad de preparación y respuesta de los equipos de emergencia.

El primer protocolo de intervención de la UME fue aprobado por el Real Decreto 399/2007, aunque generó desacuerdos con los gobiernos de las regiones vasca y catalana, quienes consideraron que no se les había consultado. El Gobierno vasco presentó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, que declaró nulo el decreto por defecto de forma, al no haberse consultado con el Consejo de Estado ni con la Comisión Nacional de Protección Civil.

Fue en el año 2011, con el Real Decreto 1097/2011, cuando se publicó un nuevo protocolo. Este decreto detalla las situaciones en las que la UME puede ser activada, incluyendo riesgos naturales como inundaciones y terremotos, incendios forestales, riesgos tecnológicos, atentados terroristas, contaminación ambiental y otras emergencias según la decisión del presidente del Gobierno. En emergencias declaradas de interés nacional, el ministro de Defensa activa directamente la UME. En otros casos, la intervención requiere un proceso formal de solicitud y autorización entre autoridades regionales y los Ministerios de Interior y Defensa.

La UME despliega sus elementos de intervención de forma progresiva, con tiempos de reacción ajustados a la gravedad de la situación. Esta estructura busca garantizar una respuesta ágil y coordinada en todo el territorio nacional, destacando la importancia de la flexibilidad en su actuación para responder a situaciones críticas.

La demora en la activación de la UME, los fallos en la comunicación y la falta de previsión evidencian la necesidad de revisar y flexibilizar el protocolo de intervención en situaciones de catástrofes repentinas. Las deficiencias en la anticipación y evaluación de la magnitud del desastre han puesto de manifiesto las limitaciones del Sistema Nacional de Protección Civil, que parece insuficientemente preparado para responder eficazmente a este tipo de fenómenos naturales.

Para evitar futuras demoras, resulta fundamental establecer un marco más flexible que permita una intervención ágil de la UME en situaciones de alto riesgo para la vida de los españoles. Además, es necesario un sistema de alerta temprana más eficiente y una mejor coordinación entre organismos locales, autonómicos y estatales y la necesidad de remar todos en la misma dirección, dejando a un lado los intereses políticos. La creación de canales de comunicación directa y la capacitación para responder a eventos de gran magnitud son medidas imprescindibles para prevenir tragedias en el futuro.

Esta situación en Valencia evidencia que contar con cuerpos especializados como la UME no es suficiente si los mecanismos de despliegue no son ágiles, efectivos y bien coordinados. La disponibilidad de efectivos militares a menos de 10 kilómetros de la zona afectada pone de relieve la necesidad de una respuesta a la altura de las exigencias de estas catástrofes para proteger eficazmente a la población.

Por qué el Gobierno no declaró el nivel 3 de emergencia por la DANA

Otro de los interrogantes es por qué el Gobierno no declaró el nivel 3 de emergencia, conocido como "emergencia de interés nacional". Esta medida implica que el Gobierno de la Nación asume la dirección y coordinación de todas las actuaciones en una catástrofe, movilizando recursos estatales. Su activación está reservada para situaciones de extrema gravedad que superan la capacidad de respuesta de las comunidades, como esta, y solo se contempla cuando los recursos y la coordinación regional se consideran insuficientes para gestionar la crisis.

En este caso, parece que la Generalidad Valenciana no solicitó la activación del nivel 3 de emergencia. Según el protocolo, corresponde a las autoridades autonómicas evaluar la magnitud de la emergencia y, si determinan que sus medios son insuficientes, pedir al Gobierno central que declare la “emergencia de interés nacional”.

En otro orden de cosas, recordemos que la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, establece el marco para definir y gestionar situaciones de interés para la Seguridad Nacional, centrado en la protección de la libertad, los derechos y el bienestar de los ciudadanos. Este enfoque, que establece principios como la anticipación, prevención y coordinación, plantea un esquema de actuación proactivo en crisis que requieren una gestión integral de recursos y la dirección del Gobierno para coordinar acciones.

En el caso de esta catástrofe, el nivel de devastación y la respuesta de emergencia ponen de relieve la importancia de un marco unificado en la gestión de crisis. Según el artículo 10 de la Ley de Seguridad Nacional, garantizar la respuesta ante desastres naturales son ámbitos de especial interés. La situación en Valencia encaja dentro de estos supuestos, ya que la catástrofe ha afectado gravemente a los vecinos de las poblaciones afectadas, los recursos esenciales y la infraestructura, lo que podría justificar una declaración de interés para la Seguridad Nacional.

El artículo 23 de la ley regula la "situación de interés para la Seguridad Nacional" y establece que, debido a la gravedad y urgencia de sus efectos, una crisis que requiera este tipo de declaración exige una coordinación reforzada bajo la dirección del Gobierno. En tal caso, la actuación integrada de todos los recursos disponibles se vuelve esencial para una gestión rápida y efectiva. Además, el artículo 24 detalla que esta declaración debe realizarse mediante real decreto, especificando el alcance de la crisis, su ubicación geográfica y los recursos necesarios para afrontarla.

La reciente situación en Valencia plantea interrogantes sobre por qué el Gobierno no declaró esta situación de interés, permitiendo una gestión más centralizada y la movilización de recursos adicionales. La activación de esta medida podría haber facilitado una respuesta integrada y optimizada, dada la magnitud de la catástrofe y los recursos limitados con los que contaba la administración autonómica en un primer momento. Aunque la Generalidad Valenciana no solicitó esta declaración, la ley también permite que el Gobierno pueda actuar en base a la gravedad de la situación y la necesidad de coordinar una respuesta efectiva en beneficio de los ciudadanos.

En resumen, los artículos 23 y 24 de la Ley de Seguridad Nacional ofrecen un marco adecuado para afrontar crisis como la de Valencia, garantizando una intervención ágil y eficaz que proteja a la población ante fenómenos naturales de gran magnitud. La ausencia de una declaración formal de interés nacional en este caso invita a reflexionar sobre la eficacia de los protocolos actuales y la necesidad de evaluar la conveniencia de aplicar la Ley de Seguridad Nacional en emergencias de tal alcance, con el fin de asegurar una respuesta inmediata y coordinada en el futuro.

A modo de finalización, quisiera destacar que, en estos momentos de dificultad, los españoles han demostrado estar muy por encima de sus gobernantes, ofreciendo una lección de solidaridad y entrega con sus compatriotas valencianos ejemplar. Los ciudadanos se han unido en un esfuerzo conjunto, mostrando que, cuando la adversidad golpea, el compromiso y la empatía de las personas superan cualquier barrera. ¡Gracias! “Solo el pueblo salva al pueblo”.