“Igitur qui desiderat pacem, praeparet bellum”, Vegecio.
El reciente deseo de Europa de disponer de una fuerza armada propia, el anuncio de Alemania de reintroducir el servicio militar obligatorio, las noticias sobre el caso de éxito de nuestros vecinos franceses con su cuerpo de voluntarios expertos en ciberseguridad, la propuesta de crear un cuerpo de cibercascos azules o la aprobación de la ley europea de cibersolidaridad, son recientes noticias que han reabierto el debate acerca de la necesidad de revisar el modelo de seguridad nacional de los países miembros y, en particular, sus capacidades preventivas y reactivas ante emergencias cibernéticas, cada vez, por cierto, más habituales, complejas y dañinas.
Esto es, en un mundo donde las amenazas cibernéticas son cada vez más sofisticadas y donde la ciberseguridad se ha convertido en un aspecto crítico de la defensa nacional, hay que adoptar respuestas políticas, integrales y proactivas, dirigidas a resaltar la importancia de estar preparados para defenderse en todos los frentes, incluido el ciberespacio.
La amenaza de ciberataques, ya sean perpetrados por actores estatales (especialmente agencias de inteligencia), grupos criminales o ciberdelincuentes solitarios, plantea desafíos significativos para la seguridad de los sistemas de información de cualquier organización y, especialmente, de las infraestructuras críticas sobre las que los estados construyen su sistema de bienestar y protección social.
En 2024 se espera la publicación de una nueva Estrategia Nacional de Ciberseguridad, que actualice la de 2019, y deberá transponerse al ordenamiento jurídico español la Directiva NIS2 y la Directiva de mejora de la resiliencia de los operadores críticos. Asimismo, el ministro Escrivá anunció el desarrollo de una nueva ley de ciberseguridad.
El papel de los Ciberreservistas
En este contexto, la necesidad de que España retome el debate, planteado con intensidad en 2018, sobre si debe contar con un sistema de ciberreservistas, parece volverse un asunto relevante, cuando no, urgente.
Los ciberreservistas son profesionales capacitados en ciberseguridad que pueden ser movilizados en caso de emergencia para ayudar a proteger y defender los sistemas de información y las redes críticas del país. Al igual que las fuerzas armadas tradicionales, que ya cuentan con un sistema de reserva, los ciberreservistas constituyen una cantera de talento y experiencia que puede ser activada en momentos de crisis para reforzar las capacidades de defensa cibernética del país.
La propuesta de creación de un sistema de ciberreservistas en España parecía ofrecer una serie de beneficios significativos:
Capacidad de respuesta rápida: los ciberreservistas pueden ser desplegados rápidamente en respuesta a amenazas cibernéticas emergentes, lo que permite una acción inmediata para reforzar la protección de los sistemas críticos y mitigar los impactos de los ataques.
Amplia gama de habilidades: los ciberreservistas pueden aportar una amplia gama de habilidades y experiencia en áreas como análisis de seguridad, detección de intrusiones, respuesta a incidentes, impacto en los derechos humanos o desarrollo de políticas de ciberseguridad.
Flexibilidad y adaptabilidad: un sistema de ciberreservistas puede adaptarse a las cambiantes amenazas cibernéticas y proporcionar una capacidad de respuesta flexible y escalable según las necesidades del país.
Fomento del talento local: la creación de oportunidades para el entrenamiento y la participación en un programa de esta naturaleza puede fomentar el desarrollo del talento local en el campo de la ciberseguridad, contribuyendo a la creación de una fuerza laboral más sólida y diversa en este ámbito.
Fortalecimiento de la Defensa Nacional: al fortalecer las capacidades de defensa cibernética del país, un sistema de ciberreservistas contribuye a la protección de los intereses nacionales, la seguridad de los ciudadanos y la estabilidad del país en su conjunto.
Desafíos y consideraciones: la implementación de un sistema de tales características también plantea una serie de desafíos y consideraciones. Estos incluyen la necesidad de desarrollar programas de capacitación efectivos, establecer protocolos de activación claros, garantizar la coordinación con otras agencias y sectores, así como con las empresas en las que tales profesionales desarrollan su actividad habitual.
En conclusión, una cuestión con defensores y detractores, pero con respecto a la cual resulta innegable que la experiencia francesa puede servirnos de aprendizaje ante una cuestión que se antoja imprescindible de cara al futuro, adopte la forma que adopte.