Las próximas intenciones del independentismo catalán y vasco son tan claras que ellos mismos las anuncian. En una primera fase no se trata tanto de salir del Estado español (con el consiguiente adiós a Europa, a las ayudas europeas e incluso a LaLiga, etc.) sino de cómo "sacar" al Estado español de sus territorios.
Y en esta tarea han encontrado un fiel aliado en el "amigo" Sánchez, y más ahora que lastres como el de "Que te vote Xapote" se han traducido en dos escaños más en el Congreso de los Diputados.
ERC y Bildu –sobre todo este último– han encontrado una eficaz estrategia para blanquearse: apoyar al Gobieno en todas sus iniciativas sociales (apareciendo en "la foto de los buenos") a la vez que imponen un retroceso del Estado en sus comunidades autónomas.
Como parte de esta estrategia ya han logrado expulsar a la Guardia Civil de sus competencias en Tráfico en Cataluña, País Vasco y, más recientemente, Navarra.
Ahora, la asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) ha anunciado que pedirá una inmediata reunión con el próximo ministro del Interior una vez que se forme el próximo Gobierno de España que surja de las elecciones de este pasado domingo. Y que, vistos los resultados, puede ser el mismo.
JUCIL resalta que la dejadez del actual Gobierno y, sobre todo, del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha facilitado a las autoridades catalanas extender sus actividades más allá de las aguas y mares interiores, las únicas sobre las que de verdad tienen competencia.
Por tanto, JUCIL reclamará al nuevo Gobierno que fije y deje muy claro que las competencias en materia de Policía Judicial en el ámbito marítimo le corresponden a la Guardia Civil. "Ningún otro cuerpo de policía, ni de carácter estatal o autonómico, comparte esta competencia en las aguas territoriales españolas", ha recordado la secretaria de JUCIL en Cataluña, Milagros Cívico.
La distribución de competencias en materia de seguridad marítima debe ser contemplada a la luz del artículo 149.1. 29ª de la Constitución, según el cual el Estado tiene competencia exclusiva en materia de seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una Ley Orgánica. En su virtud, el artículo 11.2.b) y la Disposición Adicional tercera de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, disponen que la misión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y de garantizar la seguridad ciudadana será ejercida por la Guardia Civil en el mar territorial, cuya extensión será determinada por el Gobierno, a propuesta conjunta de los Ministerios de Defensa e Interior.
Sánchez y su gobierno pueden creer que sus intereses políticos priman por encima de las estructuras del Estado, y que –se gane o se pierda– finalmente no pasa nada, y se ocupa plaza en el gobierno o en la oposición.
Afortunadamente no es así. Las legislaturas pasan –normalmente cada 4 años– y, al final, si dejas muchas "letras" por pagar, puedes ser cliente de otra atribución del Ministerio del Interior, denominada Instituciones Penitenciarias.