El 15 de mayo de 2015 el Gobierno maliense y los grupos armados del norte del país -la Plataforma, aliada al gobierno, y la Coordination des mouvements de l'Azawad (CMA)- firmaron en Bamako el Acuerdo de Argel, por el que se establecía la paz en el norte de Malí bajo la supervisión de la MINUSMA, la UA, la CEDEAO, la UE, Argelia, Francia y EE. UU.

Sin embargo, ocho años después de este acuerdo, también conocido como Acuerdo de paz y reconciliación en Malí, el proceso no se ha aplicado correctamente y el norte de Malí atraviesa una grave situación de inseguridad. El número de ataques yihadistas no deja de aumentar debido a que, además, la MINUSMA se vio recientemente obligada a abandonar el país por decisión del gobierno de Bamako, dejando sus bases al ejército maliense con la oposición de los grupos separatistas, quienes no ven con buenos ojos esta transferencia al entender que el control sobre este territorio debe ser suyo.

La situación actual ha llegado al límite de que las fuerzas de Azawad han declarado la guerra al Gobierno de Bamako y están preparadas militarmente para repeler cualquier agresión de Wagner y del ejército maliense.

Y todo ello viene causado porque el mandato de la MINUSMA consistía en apoyar la implementación del Acuerdo de Argel, así como proteger a las poblaciones civiles y facilitar el restablecimiento de la autoridad estatal en todo el territorio. Si bien ninguno de estos objetivos se ha logrado a lo largo de diez años de presencia, el despliegue de fuerzas de mantenimiento de la paz y la actividad diplomática de la ONU habían mantenido a raya a ambas partes.

El proceso de seguimiento del acuerdo de paz se paralizó después del golpe militar en Bamako, que tuvo lugar en agosto de 2020. Pero la retirada, dos años después, de la operación antiterrorista francesa "Barkhane" y posteriormente de la MINUSMA ha despertado la movilización de los grupos del norte de Malí.

En un comunicado del pasado 11 de septiembre, la Coordinación de los Movimientos Azawad (CMA) llama a "todos los habitantes de Azawad a ir al terreno para contribuir al esfuerzo de guerra con el fin de defender y proteger la patria y así reanudar el control de todo el territorio nacional de Azawad". Azawad es un nombre de origen tuareg para el norte de Malí, objeto de antiguas reclamaciones de independencia tuareg.

La CMA se abstiene de hablar de una declaración de guerra, pero evoca una "respuesta en defensa propia" a lo que llama "agresión" por parte del ejército nacional maliense y los mercenarios de Wagner. Los acusa de "crímenes de guerra" y "crímenes contra la humanidad", dadas las violaciones cometidas contra civiles en el territorio maliense, como es el caso de la masacre de Moura.

Entre tanto, el abandono y la privación de derechos de las comunidades del norte de Malí han llevado a los grupos tuareg que están allí asentados a volver a renovar sus llamamientos a la independencia de Bamako.

A todo ello hay que unir la situación que sufre Malí a causa de los grupos yihadistas. El pasado 7 de septiembre el Frente de Apoyo para el Islam y los Musulmanes (JNIM) se atribuyó un doble ataque mortal en la región de Tombuctú contra un barco de pasajeros que navegaba por el río Níger y contra una base militar. Y, paralelamente, el grupo Estado Islámico del Gran Sahara (ISGS) ha tomado el control de grandes partes de la región de Menaka en el este de Níger, así como de varias ciudades. Por tanto, el colapso de Malí es cada vez más probable y supondría retornar a la situación de 2012, en la que el país prácticamente cayó en manos de los tuaregs y de los grupos yihadistas.

Realmente la estrategia del gobierno de Bamako ha fracasado de nuevo no solamente por haber expulsado a Francia y a la MINUSMA del país, sino también por no haber respetado e implantado el Acuerdo de Argel, con el que habría conseguido una alianza con los grupos del norte que le asegurase la seguridad en esa zona frente a los grupos yihadistas.

Ahora le toca al gobierno de Bamako hacer frente a todas estas amenazas y llenar el vacío de poder que han dejado Francia y la MINUSMA. El gran problema, como siempre, son los civiles que viven en esta zona, que se encuentran en el fuego cruzado.

Según Naciones Unidas, la violencia de grupos militantes islamistas contra civiles en Malí se ha elevado hasta un 278% desde 2021, abarcando al menos 1.632 muertes y llegando a representar casi dos tercios de los eventos reportados y casi tres cuartas partes de las muertes provocadas por las fuerzas de Wagner.

La solución pasa por reestablecer el Acuerdo de Argel y conseguir la alianza con los grupos del norte. En ningún caso conviene un enfrentamiento con ellos, puesto que muy posiblemente podrían aliarse con los grupos yihadistas y hacer un frente común contra el gobierno de Bamako.

Sin embargo, Malí sigue sin contar con una estrategia claramente definida para luchar contra el terrorismo desde todos los frentes (militar, ideológico y social), por lo que es imposible que pueda vencer al yihadismo y evitar que éste siga extendiéndose por todo el Sahel sin oposición.

Así, la situación actual en Mali es la de estar al borde de la guerra civil en el norte del país y con los distintos grupos yihadistas desplegados por todo su territorio. Por ello, se puede decir que el colapso en Malí es cuestión de tiempo, debido también a que la presencia de Wagner tampoco ha mejorado la situación de seguridad.