La Asociación PRO Guardia Civil (APROGC) ha recibido una orden de disolución inmediata. Así nos lo ha dado a conocer la propia APROGC a través de un comunicado en el que prefiere no señalar quién está detrás de esta solicitud y se centra en explicar la reacción que ha provocado no solo entre los miembros de su asociación, sino también entre otras entidades profesionales homólogas.
Nuestra redacción ya se ha puesto en contacto con APROGC para tratar de obtener respuesta a varios interrogantes, incluido el remitente de la orden, como no podía ser de otra manera. En el momento de escribir estas líneas no hemos recibido ninguna contestación, pero no descartamos que APROGC nos responda más tarde, si bien hemos considerado conveniente cubrir la información que ha trasladado en su comunicado.
Según señala, la orden de disolución ha sido emitida "sin aparente fundamento claro" y ha tomado por sorpresa a la comunidad profesional y a los propios miembros de APROGC.
"Los socios de APROGC han expresado su confusión y consternación ante esta decisión, destacando la falta de explicación o justificación de tal medida", subraya APROGC, que afirma haber recibido "apoyo incondicional" por parte de otras asociaciones profesionales, así como de sus numerosos seguidores y socios.
APROGC sostiene que a lo largo de los años ha sido reconocida por su "compromiso inquebrantable con los más altos estándares éticos y profesionales", y que sus miembros "han destacado constantemente por su integridad en el desempeño de sus labores y su contribución significativa al desarrollo y mejora de su campo de especialización". Asimismo, reivindica que su asociación ha sido "un bastión de la honestidad y la excelencia en su sector", por lo que considera que la petición de disolución es "aún más desconcertante" y "plantea interrogantes sobre el motivo detrás de esta decisión".
En medio de la sorpresa y el desconcierto, APROGC ya está tramitando la orden de disolución. Según informa, en estos momentos está evaluando las opciones disponibles y considerando medidas legales para impugnar la petición.
"APROGC espera una pronta aclaración sobre los motivos que llevaron a esta petición de disolución, y confía en que la verdad prevalecerá en última instancia", apunta la asociación, que también defiende que "ha mantenido una relación intachable con las entidades reguladoras y ha colaborado de manera activa en iniciativas para elevar los estándares profesionales en la Guardia Civil".
Expedientes y suspensiones cautelares por criticar la Amnistía
Cabe señalar que esta orden de disolución llega un mes y medio después de que el Ministerio del Interior informara de la apertura de expediente por "falta grave" y la "suspensión cautelar de tres meses" a dos guardias civiles que pertenecen a APROGC, uno de ellos sargento, y al portavoz de la asociación Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) por las críticas que vertieron contra la ley de amnistía que pactó el PSOE con Junts y ERC.
Esta misma semana el Ministerio del Interior ha justificado estas medidas y ha subrayado que los agentes, aunque tienen garantizada su libertad de expresión, tienen el deber de ser neutrales y de no ser "partidistas". En concreto, Interior ha incidido que los guardias civiles deben guardar una "absoluta neutralidad política y sindical", un mandato recogido en el Código de Conducta y que obliga a ser "plenamente respetuosos con todas las opciones ideológicas y políticas, manteniendo neutralidad en esta materia, alejados del discurso político y del debate partidista", informó Europa Press este pasado martes.
Un día después, El Español puso en tela de juicio estos argumentos al publicar una noticia en la que aseguraba que el Tribunal Militar Central ha obligado al Ministerio del Interior a dar marcha atrás y a readmitir en su puesto al portavoz de JUCIL, Agustín Leal. Según el citado medio, la sentencia del Tribunal señala que el ministerio dirigido por Fernando Grande-Marlaska "vulneró el artículo 42 del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, que garantiza, al inicio de la apertura de un procedimiento sancionador, el derecho a la presunción de inocencia".
El Español no aportó ninguna información sobre el devenir de los expedientes abiertos a los dos miembros de APROGC, pero es probable que se resuelvan de la misma manera y que también sean uno de los detonantes de la orden de disolución de la asociación.