La situación es insostenible para los funcionarios de prisiones. Y humillante y peligrosa, según afirman fuentes de este colectivo. El yihadista que estuvo a punto de cortar de cuajo la yugular de un funcionario en Murcia 2 ha tardado casi un mes en ser trasladado de centro penitenciario. Estamos ante un hecho muy grave, ya que la norma obliga al traslado de los presos que han participado en un incidente de forma inmediata por motivos obvios: el resto de los reclusos tienen que comprender que los actos tienen consecuencias.
Recientemente se produjeron una serie de acontecimientos alarmantes en diversos centros. Jesús María Moreno, El Nene, campeón de Muay Thay y Kick Boxing, dejó noqueado a un funcionario en la cárcel de Estremera. Condenado a doce años de cárcel, ya había matado a un compañero de prisión a golpes por una discusión motivada por una litera. La agresión al funcionario que sufre secuelas psicológicas y ya se ha recuperado de las físicas ocurrió, repetimos, en Estremera. Por eso resulta especialmente humillante que precisamente en esta prisión, el pasado mes de junio, una revista editada en esta cárcel, con fondos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, incluyera un artículo en el que un recluso acusaba sin prueba de ningún tipo a los funcionarios de Prisiones de delitos tan graves como el homicidio.
Son dos páginas tituladas "Soledad y tristeza", el recluso que las escribe acusa a los trabajadores de las prisiones como responsables de las muertes de otros compañeros de celda: "Viví muchas muertes de amigos provocadas por funcionarios. En este sistema se cubre todo. Un asesinato lo ponen como sobredosis. Por eso pedí protección judicial en Huelva y avisé a mi madre que si me pasaba algo que pidiera una segunda autopsia para que relucieran las realidades de lo duro que resulta y el dolor que causa vivir en estos agujeros". Hay que destacar que el artículo se cierra con una sesión de jabón y peloteo hacia la extraordinaria gestión de la prisión de Estremera, donde da a entender que no pasan esas cosas.
Los sindicatos están indignados ante esta situación. Interior ha permitido que la revista se edite, aunque, según fuentes de prisiones, están intentando hacer desaparecer los ejemplares. En su artículo, el preso añade que "he recorrido cada uno de los búnkeres de Andalucía y he pasado por vejaciones, humillaciones y abusos de poder -prosigue-, y uno se llena de odio y de rabia por ver cómo por mucho que te defiendes siempre pierdes y acabas amarrado, pinchado para anular tu persona y eso te va vaciando y creando alguien que ya no le da valor a su vida" .
El pasado 28 de julio, los presidentes nacionales de las organizaciones sindicales ACAIP-UGT, José Ramón López, y CSIF, Jorge Vilas, difundían un comunicado tras celebrar una rueda de prensa (acompañamos vídeo) en la que anunciaban la retirada de la firma de ambas organizaciones del Protocolo Específico de Actuación Frente a las Agresiones en los Centros Penitenciarios y Centros de Inserción Social (PEAFA en siglas).
El motivo son los constantes incumplimientos de la administración de sus obligaciones. Así se lo han comunicado por escrito tanto al Ministerio del Interior como a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, Función Pública y a la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados.
EL pasado 18 de julio se celebró una reunión extraordinaria del PEAFA solicitada por las organizaciones sindicales ACAIP-UGT y CSIF por el aumento de las agresiones a los trabajadores penitenciarios y la agresividad de las mismas. De hecho, en el mes de julio, al menos 18 funcionarios han resultado lesionados en distintos incidentes en las prisiones dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Los sindicatos señalan que tras más de cinco años no se ha avanzado en la consecución de los objetivos que se planteaban:
- No se ha reforzado el papel de participación de los Delegados de Prevención en el conocimiento y análisis de las agresiones a los empleados públicos penitenciarios
- No se ha facilitado a todos los trabajadores penitenciarios el Plan de Formación de prevención y respuesta ante conductas agresivas
- No se han tomado Medidas de protección jurídica: por ejemplo, reconocer la condición de autoridad de los funcionarios y realizar una nueva catalogación de las infracciones disciplinarias.
- No existe Apoyo psicológico al trabajador agredido ni se ha elaborado una Guía de asesoramiento jurídico al personal afectado.
- El proceso de investigación de la agresión no solo debe quedar en manos del Subdirector de Seguridad.
Del cese al Director de la prisión de Pamplona a la cancelación de expedientes disciplinarios
La situación es muy delicada, recientemente el Ministro del Interior destituyó al director de la prisión de Pamplona que advirtió de las amenazas yihadistas a funcionarios, como informó el diario El Español. Cesaron al director de Pamplona. En este centro fue donde se filtró el asunto de la amenaza yihadista a través de una nota del subdirector de seguridad en abril de este año. La relación causa-efecto quedaría al arbitrio de quien hiciera la interpretación, han manifestado fuentes acreditadas a Escudo Digital, "pero los hechos son los que son".
Y aún colea el terrorífico culebrón de la subdirectora de seguridad de la cárcel de Villena, detenida por la Guardia Civil, quien simuló un secuestro para supuestamente desacreditar a los funcionarios de prisiones.
En su última comparecencia pública los sindicatos volvieron a poner de manifiesto la falta de respeto que la administración penitenciaria tiene respecto a sus trabajadores. El hecho de que se haya permitido que un interno acuse sin pruebas a los empleados públicos sin que medie denuncia oficial ante ningún órgano ni judicial ni administrativo de hechos tan graves como asesinato, les ha inducido a presentar una querella criminal contra el autor del artículo y el editor de la revista. En este caso la administración penitenciaria.
En un comunicado remitido a Escudo Digital afirman: "Es inconcebible que desde la administración se permita la publicación de un artículo de esta naturaleza en el interior de un centro penitenciario, degradando la imagen pública de los trabajadores y acusándolos de posibles delitos sin justificación más allá que las declaraciones de un interno. Desde ACAIP-UGT y CSIF no podemos tolerar ni una humillación más del colectivo".
La retirada de la firma del PEAFA es un acto muy relevante dentro del conflicto colectivo que ambas organizaciones mantiene con la administración desde septiembre de 2021 e inédito en al ámbito de la negociación colectiva. Se han anunciado también que continuarán con nuevas acciones hasta que sean atendidas las reivindicaciones del colectivo, como la reclasificación de centros y el ajuste de las remuneraciones a las funciones realizadas, así como la declaración de agente de autoridad o la cobertura de las cerca de 3.000 vacantes que existen en las prisiones españolas.
Según fuentes sindicales y trabajadores de prisiones con los que ha hablado Escudo Digital, estamos asistiendo a un empoderamiento de los presos, alentado desde Instituciones penitenciarias con una política de "buenismo", donde los funcionarios son vistos como los malos de la película, como un mal necesario que altera la idea de que "cuantos más presos estén fuera del primer grado mucho mejor, ignorando que hay presos que pueden ser muy peligrosos y hacer incluso daño al resto de los reclusos". Los funcionarios se sienten "como si tuviéramos que dar las gracias porque se nos permita ir a trabajar".
La realidad es que El Nene ya mató a un compañero por una discusión motivada por una litera, que los reclusos ven que existe una total impunidad y da igual cómo se comporten, especialmente desde que se modificó la ley para acceder a los permisos en esta legislatura. Se cancelan los expedientes disciplinarios y el mal comportamiento no se sanciona con la pérdida de aquello que más anhela el delincuente, la libertad durante unos días.
"El preso que se comporta bien es tratado exactamente igual que el que provoca disturbios y eso crea mal ambiente", a ello hay que añadir que muchos presos no piensan, actúan, y es muy difícil reducirlos sin una preparación muy especial, como es el caso de "los presos procedentes de países de la antigua Unión Soviética, con experiencia militar o paramilitar, muy jerarquizados, que se limitan a obedecer a sus jefes".
Una de las herramientas de las que disponía Instituciones Penitenciarias es el aislamiento, que apenas se hace en módulos sino en su propia celda, donde tienen todas sus cosas, y poco les importa a veces. También existe la medida de la privación de paseos, pero los presos no lo viven como un castigo, ya que pueden ir, por ejemplo, a la biblioteca.
Las prisiones en España se enfrentan a tres grandes problemas, afirman nuestras fuentes: "El primero de ellos es que se están convirtiendo, a falta de centros psiquiátricos suficientes, en manicomios del siglo XXI, lugares donde se utilizan las enfermerías para privar de libertad a las personas que deberían estar siendo tratadas en otro tipo de centros, y donde los funcionarios no disponen de los conocimientos para tratarlos".
Es más, la falta de médicos es insostenible. Otro de los factores es la falta de personal, por muchas convocatorias que se hagan nunca se cubren las necesidades, ya que las bajas vegetativas son muy altas. Pero el principal problema es la escasez de módulos donde clasificar a los presos: "están hacinados, lo cual aumenta el nivel de violencia, disminuye la seguridad y provoca todo tipo de incidentes".