La asociación profesional de guardias civiles Justicia para la Guardia Civil (Jucil) ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el Ministerio del Interior para pedir la anulación de la reciente decisión que considera reasigna competencias de la Guardia Civil a la Policía Nacional en varias localidades de Valencia afectadas por la DANA.
Según informó este miércoles Jucil, la medida se extiende a las localidades de La Torre, Horno Acedo, Sedaví, Benetússer, Alfafar (incluido el centro comercial MN4) y Massanassa, y a su juicio "carece de justificación" y es "contraria a Derecho por razones formales".
Preocupación
El secretario de Comunicación de Jucil, Agustín Leal, destacó la preocupación de la asociación ante una “decisión que se ha tomado sin una base jurídica sólida, ignorando tanto las competencias propias de la Guardia Civil como los principios de transparencia y de legalidad que deben regir en cualquier actuación administrativa”.
Desde la organización lamentaron que "la modificación de competencias, comunicada solo a través de una nota de prensa del Ministerio, ha puesto en riesgo la seguridad de los guardias civiles y la operatividad de sus unidades en las áreas afectadas".
En el comunicado también reprocharon que "el proceso de reasignación ha sido opaco y precipitado, puesto que no existe constancia de un acuerdo formal ni de su debida comunicación por medios oficiales, como exige la legislación administrativa". "Según la normativa vigente, la Guardia Civil debe encargarse de estas zonas, al no tratarse de una capital de provincia y dado que la Guardia Civil dispone de los recursos humanos necesarios para cubrir adecuadamente estas localidades, contando además con una gran cantidad de efectivos voluntarios que estaban disponibles para reforzar su trabajo en la zona", argumentaron.
Impacto de la decisión
Leal añadió que es "innecesario e injustificado relevar a los compañeros en estas funciones, especialmente cuando estaban plenamente operativos y preparados para hacer frente a las necesidades de seguridad tras la DANA”.
Por todo ello, Jucil ha solicitado la adopción de medidas cautelares que suspendan la decisión del Ministerio del Interior hasta que el recurso sea resuelto en los tribunales. Finalmente, la agrupación subrayó "el impacto que esta decisión tiene en la estructura de la Guardia Civil, ya que, al retirar a los guardias civiles de sus funciones en estas localidades, se alteran los despliegues territoriales y se dificulta la organización del cuerpo en la provincia".
Finalmente, Leal manifestó que estarán atentos a cualquier cambio en las competencias de los guardias civiles. “No podemos permitir que decisiones de este calado se tomen sin base legal y sin una comunicación formal. La seguridad y el respeto a la normativa deben prevalecer sobre cualquier otra consideración, especialmente en momentos de emergencia como el actual”.