La Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal acusada de apropiarse de las herencias de al menos 22 ancianos fallecidos. Así lo ha anunciado el propio Instituto Armado a través de un comunicado en el que explica los detalles de la operación, denominada "Mano Negra" y la cual no da por finalizada, ya que no descarta que pueda aumentar el número de víctimas.
Los agentes han detenido a un total de ocho personas y han investigado a otras tres por los delitos de pertenencia a grupo criminal, robo, estafa, falsedad documental, apropiación indebida, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil y tenencia ilícita de armas.
La operación se ha desarrollado en las provincias de Alicante, Valencia y Bizkaia, y ha sido llevada a cabo por agentes del Equipo Territorial de Policía Judicial de Calpe y el Equipo de Delincuencia Económica de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Alicante. Asimismo, ha contado con la colaboración de las unidades de Seguridad Ciudadana de la Compañía de Calpe y de la Comandancia de Valencia, así como de personal de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de las Comandancias de Alicante y Bizkaia.
Según informa la Guardia Civil, la investigación comenzó en mayo de 2021, cuando los agentes tuvieron conocimiento de que alguien había quitado los precintos judiciales de una vivienda ubicada en Benissa (Alicante) en la que realizó reformas y sustrajo diversos objetos, entre ellos una motocicleta de alta gama.
La estructura y el 'modus operandi' de este grupo criminal
Los agentes no tardaron en identificar a dos miembros de esta organización criminal, que trabajaban en un tanatorio situado en la comarca de la Marina Alta (Alicante) y que, además de sustraer las joyas a los difuntos no reclamados por los familiares, pasaban información para robar en las viviendas de los fallecidos y obtener sus claves bancarias.
Para ello, lo primero que hacían era asegurarse de que ningún familiar reclamaba el cuerpo del fallecido y, una vez que así lo constataban, se ponían en marcha los líderes de la organización: dos hermanos residentes en Bilbao, un hombre de 54 años propietario de una correduría de seguros y una mujer de 63 años con estudios en Derecho y quien era gerente de doce empresas, entre ellas dos inmobiliarias y cuatro gestorías.
Las inmobiliarias, ubicadas en Denia y País Vasco, eran utilizadas para alquilar y vender las propiedades de los fallecidos mientras que las gestorías, localizadas en Bilbao y Cantabria, les permitían realizar falsos contratos mercantiles a los difuntos para convertirlos en avalistas de sus empresas. "De esta manera, conseguían que los finados tuvieran una responsabilidad patrimonial y así, se quedaban con sus bienes de forma muy económica", subraya la Guardia Civil.
Para poder evadir impuestos, los hermanos usaban una empresa de construcción y reformas, una oficina de trámites de seguros, un taller de mecánica en Bilbao, dos hoteles en las provincias de Murcia y Valencia, un restaurante en Denia y dos sociedades offshore en Irlanda y Malta. Además, incluso se hicieron con el control de una asociación cultural en Bilbao para simular donaciones e impagos en vida de los fallecidos.
Entre los integrantes de esta organización, la Guardia Civil también destaca a otras dos personas. Por un lado, a un antiguo trabajador de un ayuntamiento de la comarca de la Marina Alta, el cual utilizaba sus conocimientos para desempeñar labores de asesoramiento y también para realizar modificaciones catastrales con las que inscribía de forma irregular las fincas en el Registro de la Propiedad. Y por otro lado, a un trabajador de un geriátrico de esta misma comarca, quien obtenía la documentación y claves bancarias de sus víctimas, llegando a transferir más de 112.000 euros de dos residentes nonagenarias de nacionalidades alemana y suiza a las cuentas bancarias del grupo criminal.
Según la Benemérita, la banda incrementó su actividad aprovechando el incremento del número de ancianos fallecidos a causa de la pandemia, así como las dificultades de las familias para hacerse cargo de sus cuerpos y la falta de herederos conocidos en otros casos.
"Además la organización criminal, de forma fraudulenta, había iniciado el procedimiento de usucapión para adquirir algunas propiedades con su uso prolongado en el plazo legalmente estipulado. Para ello, realizaban el pago de impuestos y suministros básicos y, para compensar estas pérdidas, las arrendaban como alquileres vacacionales", agrega la Guardia Civil.
Se apropiaron de 20 inmuebles y de cerca de 100 piezas de joyería
Siguiendo la información del comunicado, la operación ha permitido acreditar la participación de este grupo en la apropiación ilícita de 20 inmuebles que alcanzan un valor superior a los tres millones de euros, cuatro de ellos en la ciudad francesa de París.
"Hasta la fecha han sido identificados un total de 22 fallecidos que han sido víctimas de este grupo criminal, siendo estos dos de nacionalidad española, cinco francesa, uno belga, cuatro suiza, uno británica, ocho alemana, y uno finlandesa, careciendo gran parte de ellos de herederos conocidos".
Ante el riesgo de fuga de uno de los líderes de esta organización, se realizaron siete registros en diferentes localidades de las provincias de Alicante, Valencia y Bizkaia, donde se detuvo a siete hombres y una mujer y se abrió una investigación sobre otras tres personas. Asimismo, los agentes intervinieron cinco armas de fuego, cerca de un centenar de piezas de joyería, 11.000 euros en efectivo, diversos dispositivos informáticos y de telefonía móvil, ocho vehículos a motor, una billetera fría de criptomonedas, 20 inmuebles y 71 cuentas bancarias que están siendo analizadas.
"El Juzgado de Instrucción nº 2 de Denia ha decretado el ingreso en prisión sin fianza de la mujer líder de la banda y ha decretado medidas cautelares para el resto", apunta el comunicado de la Guardia Civil.