Son 200.000 los vascos que en los años de plomo de ETA tuvieron que salir de su tierra para proteger sus vidas. Transterrados llaman a estas personas que fueron obligadas a un exilio forzoso, a formar parte de una diáspora que suena a limpieza étnica, a práctica genocida.
La decisión del juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal de reabrir la causa por el asesinato de Jesús María Pedrosa Urquiza, concejal del PP en la localidad vizcaína de Durango, el 4 de junio de 2000, abre la posibilidad a que estos 200.000 ciudadanos puedan ser considerados víctimas de terrorismo, según ha publicado The Objective.
El acoso y el clima social motivaron su marcha. Así lo expresaba la querella que presentó el pasado año la Asociación Dignidad y Justicia. Con base en este texto, el magistrado quiere investigar la responsabilidad de 10 exjefes de ETA en el asesinato del concejal y en el plan de expulsiones forzadas.
Acciones sistemáticas
Porque según Dignidad y Justicia, el atentado que acabó con la vida de Pedrosa Urquiza estaba inscrito en la estrategia de terror realizada con coacciones y acosos con el objetivo de que las víctimas se marcharan del País Vasco. Para Daniel Portero, presidente de la asociación e hijo del fiscal asesinado por ETA en 2000 Luis Portero, se trataba de algo premeditado: “Era la expulsión de toda la gente que no pensaba como ellos, la expulsión de todo lo que representaba a España. Es lo que buscaban y lo lograron. Pero nunca se ha llevado a los tribunales, aunque se ha contado. Creo que era el momento”.
"Madrid, Andalucía y Levante han sido los lugares donde se han concentrado la mayor parte de las víctimas de la diáspora."
Tras la presentación de la querella, el PP vasco reclamó que se resarciera moral y socialmente a todos los expulsados por la acción de la banda terrorista y entorno. Del País Vasco tuvieron que marcharse de manera forzada por el acoso de ETA empresarios, policías, jueces, políticos, intelectuales, periodistas… Madrid, Andalucía y Levante han sido los lugares donde se han concentrado la mayor parte de las víctimas de la diáspora. Unas víctimas que además no han sentido precisamente el calor de las instituciones durante todos estos años.
Objetivos marcados
ETA seleccionaba los colectivos a los que quería expulsar del País Vasco. Y entre ellos señalaba a ciertos políticos, para intentar neutralizar su oposición al terrorismo. “El colectivo de los políticos -afirma Portero-, con 42 asesinatos, tiene una representación muy importante dentro de los asesinatos de ETA. El Partido Popular es el partido político más golpeado y con más asesinatos de toda la democracia. Creo que va a ser una causa que va a calar sobre todo porque no solo se va a estudiar el asesinato en sí, o la amenaza continuada que han tenido en el País Vasco, sino también la posibilidad de la aplicación del 607 bis del Código Penal, del delito de lesa humanidad, por expulsión forzosa de la población”.
Portero explica a Escudo Digital qué perseguía ETA: “Normalmente el derecho penal internacional entiende el genocidio como la eliminación de una gran masa de la población. Lo que hacía ETA era asesinar a personas clave dentro de determinados colectivos, porque lo que pretendía es que el miedo a ese exterminio tan particularizado provocara la diáspora que posteriormente generó. Así tendrían el control político del País Vasco y Navarra. Porque la derecha y el centroderecha (aquí excluyo al PNV porque era cómplice de todo lo que hizo ETA pues le venía bien), nunca ha gobernado en el País Vasco, porque esa población que fue expulsada forzosamente, que es un delito de lesa humanidad, no va a retornar”.
Reconocimiento
La reapertura de la causa por el asesinato de Pedrosa Urquiza puede servir para que todas las personas que fueron obligadas a dejar el País Vasco sean consideradas víctimas del terrorismo. “Pero va a ser un camino largo -aclara Portero-. Va a tener que venir mucha gente a declarar a la Audiencia Nacional, para decir cómo se sentían y por qué tuvieron que salir del País Vasco. El asunto puede llegar a ser un juicio de una relevancia mucha mayor que cualquier otro”.
La posibilidad del derecho a indemnizaciones, atención social, psicológica y laboral parece complicada, según Portero: “Veo un reconocimiento a esas personas y su derecho a la justicia. En el momento en que esta causa se convierta en punta de lanza, lo que sí podremos es ofrecer acciones a todos aquellos que quieran denunciar su caso particular. Abre una puerta enorme, yo creo que vamos a lograr que se haga justicia. Si se hace extensivo, obviamente tendrá repercusiones, por supuesto”.
El Parlamento Europeo cifra en 379 el número de asesinatos de ETA que continúan impunes. Sobre la voluntad de hacer justicia en este asunto, a Portero le gustaría que “la Fiscalía se implicara más, porque hubo momentos en que sí lo hacía”. “Podrían ayudar mucho más”, añade.