“Era una muerte anunciada, un asesinato a cámara lenta que estábamos esperando en cualquier momento. Lo veíamos venir y todos éramos conscientes de que sucedería algo parecido, incluido los propios mandos. Estamos sin medios materiales y humanos y es realmente triste que tenga que suceder algo así para que gente de la calle vea de cerca lo que aquí sucede. Es una guerra en todos los sentidos y nosotros lo único que podemos hacer es seguir peleando día a día con los escasos medios que tenemos. Estamos destrozados, pero nadie nos va a intimidar”. Quien así se expresa es uno de los guardias civiles que ese mismo día participaba en el operativo que intentaba detener a las lanchas del narcotráfico que campaban libremente por el puerto de Barbate (Cádiz).
Un operativo montado deprisa y corriendo, según señala a Escudo Digital, “con la única dotación que en ese momento teníamos disponible, el resto están averiadas o en mantenimiento; una pequeña zodiac de seis metros incapaz de contrarrestar las potentes embarcaciones de los narcotraficantes. Es imposible detener lanchas de dos toneladas, capaces de alcanzar más de 60 nudos (111 km/h), con embarcaciones semirrígidas de un solo motor, un auténtico suicido”.
Una escasez de medios que incluso el mismo viernes día 9 por la mañana, coincidiendo con la visita del ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska a la zona, fue denunciada por la fiscal Antidroga de Cádiz, Ana Villagómez, alertando de la situación: “Las narcolanchas campan a sus anchas en todos los muelles. Llevamos diciéndolo mucho tiempo. Lo que no esperábamos es que vinieran al funeral a dar pésames cuando después no dan los medios que hacen falta”.
Esta es una opinión compartida, aunque limitada al ámbito de la judicatura, por la propia Fiscal Jefa de la Fiscalía Antidroga, Rosa Ana Morán, que cree que “nuestro Estado lucha contra el narcotráfico con un sistema procesal obsoleto que, unido a un sistema de competencias centrado en el partido judicial, hace recaer la instrucción de grandes investigaciones a juzgados de instrucción en muchos casos mixtos, con jueces recién incorporados sin experiencia en delincuencia organizada y juzgados sin medios y en muchos casos colapsados. No es la mejor situación”, tal y como denunció a este medio en una entrevista publicada el pasado viernes.
Y es que nadie entiende esta precariedad de medios y muchas son las voces autorizadas las que hablan en voz alta de descoordinación, desidia y exigencia de responsabilidades no solamente por parte del ministro del Interior sino también del general de brigada Javier Moscoso, quien tomó en noviembre del año pasado el mando de la Jefatura de Costas y Policía Marítima en la Guardia Civil, por lo es el primer responsable de la lucha contra la migración irregular y ayuda humanitaria, así como la trata de seres humanos o el narcotráfico en la zona. Encuadrado en la Jefatura de Costas y Policía Marítima está precisamente el Servicio marítimo, una unidad dedicada a ejercer funciones de policía y seguridad marítima compuesta por 150 unidades navales entre buques oceánicos, embarcaciones de altura, patrulleras medias, largas y de apoyo. Desplegadas en todas las provincias costeras de nuestro país y en varios países de África Occidental, cuenta con una dotación más que suficiente para hacer frente a las necesidades generadas en una de las zonas más conflictivas de España.
A esta situación de descoordinación en la utilización de recursos materiales, se uniría la decisión de Grande-Marlaska en septiembre de 2022 de prescindir del Organismo de Coordinación del Narcotráfico (OCON) Sur, la cual mantuvo a raya a los narcotraficantes de la zona y que estaba integrada por 130 agentes especializados en la lucha contra el tráfico de drogas y actividades ligadas a ella como el blanqueo de capitales, el crimen organizado y la corrupción.
Desde las organizaciones sindicales de Guardia Civil y Policía Nacional las reacciones no se han hecho esperar pidiendo nuevamente la dimisión del ministro del Interior. La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) promoverá la creación de una comisión de investigación en el seno de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados para que aclare si la inacción del Gobierno en la lucha contra el narcotráfico en la provincia de Cádiz ha facilitado que finalmente dos guardias civiles fueran asesinados en el puerto de Barbate por narcotraficantes que arrollaron su embarcación con una potente narcolancha en la tarde del viernes pasado. “Pediremos a los grupos parlamentarios que investiguen si existen responsabilidades políticas que hayan facilitado lo ocurrido y que se aclaren los motivos por los cuáles se decidió el desmantelamiento en 2022 del operativo OCON Sur que tantos éxitos cosechó en la persecución y eliminación del tráfico de drogas”.
Desde APROGC, por su parte, entienden que las soluciones serían las siguientes: “primero, más medios humanos y materiales; resulta totalmente obvio que, de haber existido al menos una embarcación adecuada al nivel de profesionalidad de los guardias civiles, el resultado habría sido radicalmente distinto. Segundo, el endurecimiento de las penas, tanto de cárcel como económicas, para el Tráfico de Drogas y el Atentado a Agentes de la Autoridad. Al objeto de eliminar el descomunal beneficio y la impunidad con la que actualmente campan los narcotraficantes. Tercero, el establecimiento del ZOCON (Zona Conflictiva). El hecho de que no solo los guardias civiles sino también sus familias vivan amenazadas en estas zonas, con miedo y en el punto de mira de las mafias del narcotráfico son exactamente los mismos métodos utilizados por ETA que hicieron que en su momento se estableciera el ZOCON en País Vasco y Navarra”.