El juicio sobre el llamado ‘caso Pegasus’ ilustra la capacidad de los servicios secretos para realizar escuchas telefónicas a particulares, más o menos de acuerdo a la ley. Eso ya lo decidirá la justicia. ¿Pero quién nos libra de pensar que esta es una práctica más extendida? La inteligencia artificial permite el desarrollo de softwares sofisticados para monitorizar las conversaciones.
No es legal en España ni se ha constatado la utilización de procedimientos que escruten de manera aleatoria el espacio radioeléctrico. Esto permitiría rastrear conversaciones donde aparezcan palabras clave como “bomba”, “atentado” o “matar”. ¿Hasta dónde pueden llegar los servicios secretos para proteger a una nación? ¿Hasta dónde los derechos ciudadanos impiden determinadas prácticas? La respuesta más natural: lo que establezca la ley. Pero es que estamos hablando de servicios secretos, como demuestra el juicio que se sigue por el ‘caso Pegasus’.
¿Asunto político o de seguridad?
El presidente de la Generalitat catalana Pere Aragonès interpuso una demanda por intromisión no autorizada en equipos informáticos, interceptación ilegal de comunicaciones, espionaje informático y contra los derechos fundamentales contra la exdirectora del CNI (Centro Nacional de Inteligencia), Paz Esteban, y la empresa israelí NSO, propietaria del sistema de ciberespionaje Pegasus. Su declaración, prevista para el 13 de diciembre, se ha pospuesto a enero. Esteban ya había reconocido en el Parlamento que las escuchas a Aragonès y otras 17 personas del entorno independentista catalán (tras la sentencia del procés, en 2019) fueron autorizadas por el Tribunal Supremo.
El efecto del 11S en la escucha de datos
La disminución en las escuchas ilegales en Estados Unidos sirve para explicar, en parte, por qué los todopoderosos sistema de inteligencia norteamericanos no vieron venir el 11S, en 2001. Los programas que rastrean de forma aleatoria el espacio radioeléctrico detectan posibles amenazas gracias a un nutrido equipo de traductores en todos los idiomas del mundo. Ese flanco estaba desprotegido en los meses previos a los ataques del 11S. Después de los atentados nada volvió a ser cómo era. George W. Bush impulsó la ley antiterrorista Patriot Act, que reforzaba al FBI, la CIA y la NSA, suprimía las restricciones legales a las escuchas telefónicas, pero también al control de emails. Una enmienda de 2006 mantenía las manos libres a las agencias. Hasta 2015, que la USA Freedom Act retira a la NSA la potestad de almacenamiento de los datos sobre las llamadas telefónicas de millones de estadounidenses. La nueva legislación establece que esta información debe estar en poder de las compañías telefónicas. Para tener acceso a estos datos, los agentes deben solicitar autorización judicial. Eso es la teoría.
Cómo se realizan las escuchas en España
En el caso de la seguridad del Estado se cumple a la perfección lo que se dice en el capítulo 6, versículo 3 del Evangelio de San Mateo: “No dejes que tu mano izquierda sepa lo que hace la derecha”. El CNI es un ejemplo, porque el control de las escuchas telefónicas que realiza es, en el mejor de los casos, “alegal”, según señalan los expertos.
Para eso son un servicio secreto, piensan los regidores de la institución, sean del PSOE o del PP. No iban a ser menos que los “espías” de otros países del entorno. Más complicado lo tienen la Policía Nacional, la Guardia Civil o las Policías Autonómicas, que precisan un permiso más estricto de la autoridad judicial. Una vez recibido el consentimiento y un código de activación, se procede entonces a poner en marcha SITEL (Sistema Integrado de Interceptación de Telecomunicaciones), el sistema de escuchas telefónicas del Ministerio del Interior. El proceso parte de una solicitud de un agente de Policía Judicial cuando se esté realizando una investigación de un delito grave. El Juzgado de Instrucción de Guardia recibe la petición y lo aprueba o rechaza. SITEL incluye entre sus posibilidades distintos programas de seguimientos de llamadas y mensajes y también el acceso a teléfonos fijos o móviles. En el registro de la actividad también quedan reflejados los agentes que participan. Tanto las escuchas como su examen son remitidas al juez.
Como las acciones del CNI son secretas, no está meridianamente claro el proceso que se sigue en las escuchas telefónicas. En teoría, también se le pide autorización al juez, pero al Tribunal Supremo, aunque luego la operación se diversifica según vaya evolucionando. Resultado, el juez no se entera de nada, porque no es informado.
Que los servicios de Inteligencia en España estén fraccionados es otra de las particularidades de nuestra seguridad. Nuestros organismos actúan sin coordinación. En Estados Unidos, tras el 11S se creó la figura del director de Inteligencia Nacional; en Reino Unido, la Oficina del Gabinete dirige los distintos servicios; en Alemania existe también un mando único, al frente está el secretario de Estado de la Cancillería Federal; en Francia es el jefe del Estado quien preside el Consejo Nacional de Inteligencia.
Escándalo precedente
Años atrás, el CNI se llamaba CESID (Centro Superior de Información de la Defensa, concretamente desde 1977 a 2002. Gozaba entonces el servicio de inteligencia español de cierta carta blanca para las escuchas. Hasta que el diario El Mundo destapó en 1995 el escándalo conocido como las ‘Escuchas del CESID’. Protagonistas de la España en la década de los 80 fueron espiados: Isabel Tocino, Francisco Fernández Ordóñez, José Barrionuevo, Enrique Múgica, Luis María Ansón, Pedro J. Ramírez, Alicia Koplowitz… Pero también aparecía en estos papeles del CESID el Rey Juan Carlos I. El escándalo le costó el puesto al entonces ministro de Defensa, Julián García Vargas, al vicepresidente Narcís Serra y al director del CESID, Emilio Manglano.