La Unión Europea lleva tiempo siguiendo el rastro de la supuesta participación rusa en el entramado separatista catalán del 1-O. Tras el rechazo de EEUU y la UE a apoyar la secesión, sus adeptos confiaron en Moscú, algo que van confirmado nuevas investigaciones.
Dos recientes informes oficiales lo vinculan con el terrorismo y el espionaje ruso para desestabilizar la Unión. Incluso salen a relucir nexos con el crimen organizado.
Uno de los trabajos se titula Hybrid Threats. A comprenhensive Resilience Ecosystem ("Amenazas híbridas: un ecosistema integral de resiliencia"). Se trata de un informe elaborado en marzo del Centro Europeo de Excelencia para Combatir las Amenazas Híbridas (Hybrid CoE por sus siglas en inglés) y del Centro Común de Investigación, el servicio de análisis de la Comisión Europea.
El documento es claro: “la controversia fue instrumentalizada por Rusia en un intento de socavar y dañar la integridad y funcionalidad de la democracia, crear efectos en cascada en otros Estados miembros... los exlíderes del movimiento soberanista estaban vinculados con agentes de inteligencia rusos y figuras del crimen organizado”.
Según el informe Rusia no creó el conflicto catalán “aunque lo explotó en beneficio propio” con masivos fake news. Su plan: contribuir a “una inestabilidad profunda y duradera en un miembro de la UE y la OTAN”. Especifica que el Kremlin “proporcionó apoyo financiero y logístico al referéndum ilegal”.
El propio Carles Puigdemont llegó a recibir en su despacho oficial del Palau de la Generalitat a oscuros personajes que oficialmente trabajaban para los servicios secretos del Kremlin, con el objeto de obtener un reconocimiento internacional a una hipotética Cataluña independiente.
En varios esquemas reproducidos con infografía, la UE advierte que “actores políticos de Rusia respaldaron la política separatista mediante “dudosas o ilegales” fuentes. Las campañas de desinformación y propaganda del Kremlin fueron “destinadas a seguir impulsando el movimiento separatista y polarizar la sociedad”. Moscú explotó las divisiones sociales, promoción de narrativas contradictorias, financiación de grupos culturales y think tanks, el descrédito de España…
La injerencia se habría producido a nivel local, nacional e internacional. Su voluntad de “desestabilizar la situación en Cataluña” provocó, según el informe, “un impacto en la ciberseguridad estatal”. Contribuyó a promover aún más la ideología de los secesionistas a través de sus medios culturales”. El entorno de Puigdemont insistió en la necesidad de buscar aliados rusos, a modo de embrión de lo que sería Tsunami Democràtic, creado para radicalizar el activismo separatista. Y da por sentada la realización de operaciones cibernéticas para perturbar la situación.
La continua apertura de webs y portales del referéndum ilegal fue obra de piratas rusos, pero también intervino el laboratorio canadiense Citizen Lab, que más tarde elaboró el informe conocido como el Catalangate, cuya principal premisa era que España había espiado indiscriminadamente a dirigentes o activistas independentistas. De forma paralela se mezclaron datos falsos y verdaderos hasta crear un relato creíble a medida del nacionalismo catalán.
Que el día antes de la proclamación de la declaración unilateral de independencia (27.10.2017), Puigdemont recibiera al emisario de Vladímir Putin, Nicolai Sadovnikov –bien conectado con Siria e Irán– hizo saltar todas las alarmas. Se era muy consciente de que Putin iba a aprovechar esa coyuntura para ampliar su esfera de influencia.
Lo peor es que los dirigentes catalanes habrían mantenido los vínculos con Rusia tras el fracaso de 2017. Según los servicios de inteligencia, Josep Lluís Alay, alto consejero de Puigdemont, viajó a Moscú en busca de ayuda en 2019. Tal y como informó el New York Times, Alay habría contactado con funcionarios y exagentes del Kremlin.
Conviene aclarar que el Hybrid CoE es un organismo independiente de conocimientos especializados cuya finalidad es mejorar la capacidades civiles-militares, resistencia y preparación de los países miembros para hacer frente a amenazas híbridas enfocado a la seguridad europea. Situado en Helsinki no es casual su localización en Finlandia, país limítrofe con Rusia. Creado por la UE y la OTAN en abril de 2017 en pleno auge de las campañas de desinformación propiciadas por Russia Today y Sputnik, este organismo estuvo integrado inicialmente por nueve países de la UE –incluida España– , EEUU y Noruega. Al presente se compone de un total de 33. Sus expertos han investigado las relaciones entre Puigdemont y el Kremlin. Desde hace años manejan referencias con mapas geoestratégicos en los que Cataluña figura como uno de los focos populistas que intentan destruir Europa.
El otro informe procede de Europol (Reciente inclusión de los grupos separatistas catalanes y vascos en el informe sobre la situación y las tendencias del terrorismo en la UE), de julio de este mismo año, y expone que los movimientos independentistas catalán y vasco son actualmente los más activos y violentos dentro de la escena secesionista española. Combinan separatismo con puntos de vista de extrema izquierda, centrándose en mensajes contra el Estado y sus instituciones, así como en temas más amplios como el capitalismo.
Los eurodiputados de Junts y ERC se plantean interrogantes sobre exactitud y objetividad de estas valoraciones. Asimismo sostienen que en 2022 hubo una única detención relacionada con el terrorismo en España, lo que suscita dudas sobre la validez de las afirmaciones y metodología del informe. Para completar las protestas se envió de la presidencia de la Asamblea Nacional Catalana, una carta a Catherine De Bolle, directora ejecutiva de Europol exigiendo la retirada de los “contenidos criminalizadores sobre el movimiento independentista” apelando a que son datos falsos aportados por España contra la “minoría nacional” catalana.
Europol, es cierto, reseña que en 2022 hubo en España un atentado terrorista. Sin embargo, se produjeron 48 detenciones relacionadas con el terrorismo.
Es necesario tener muy presente la inquietante información contenida en estos informes en el momento actual. ¿En qué manos queda la investidura? ¿Puede depender la gobernabilidad de España de un prófugo de la justicia? Si Pedro Sánchez quiere seguir gobernando como hasta ahora tendrá que añadir a su lista el visto bueno y las condiciones de Puigdemont y sus 7 parlamentarios de Junts. Al menos Europa ha empezado a marcar distancias con el secesionismo catalán y sus métodos.